Te lo cuento a diario y, si has aprendido a leer entre líneas, debés advertirlo vos también en los datos duros de nuestra realidad. El Gobernador macriradical que tenemos es una continuidad de la gestión que desembarcó en Casa Rosada en 2015. Por tanto no hay que tener expectativas positivas o de gestión, que puedan mencionarse.
Muy por el contrario, como con la presidencia de Macri, no hay un sólo hecho que uno pueda destacar y aparezca como apreciable. Ya no digamos para las amplias mayorías populares, ni siquiera para las capas medias que son, en definitiva, quienes encumbraron a estos radicales derechizados. Alfonsín abominaría de Suarez.
En vida, el ex líder radical mencionó a Macri en varias oportunidades como un límite conservador que no había que traspasar. En el caso de la nota que te comparto aquí, hay una enumeración encomiable de buena parte de los desaguisados de la “gestión” de Suarez, Guillermo Carmona, dirigente opositor en Mendoza y una nota clave.
“Mendoza Sociedad Anónima: política, privatización y negocios
“Mendoza vive una profunda crisis. Antes de la pandemia, los indicadores económicos daban cuenta del marcado deterioro del producto bruto geográfico y de la participación mendocina en el producto nacional, la caída de la actividad en casi todos los campos de la economía, la inflación más alta del país, uno de los niveles más elevados de endeudamiento público, el aumento del desempleo y de la pobreza. La pandemia ha venido a agravar ese oscuro panorama. Pero no solo es económico el retroceso. La siempre ponderada institucionalidad mendocina se ha visto convulsionada por un huracán de iniciativas que violentan a la Constitución provincial y a las leyes, y que especialmente desafían a la división de poderes: el proyecto de ampliación de la Corte, la irregular designación de Day como magistrada del más alto tribunal provincial, la progresiva cooptación por el Ejecutivo de los organismos de control, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, el proyecto de reforma constitucional con contenidos que amenazan a la representación democrática, y la candidatura a senador del gobernador, prohibida explícitamente por la Constitución, son algunos de los casos más graves de un rosario de medidas de esa naturaleza. Como si fuera poco, el calamitoso estado del sistema de salud y la precaria situación salarial y de condiciones de trabajo del personal sanitario son la expresión más cabal de una provincia a la deriva cuando aún persiste la pandemia.
“La crisis provincial exige una visión estratégica, un plan y un conjunto de programas que garanticen a la vez el fortalecimiento del Estado como promotor e impulsor del desarrollo del conjunto de la sociedad y un fortalecimiento de la participación ciudadana y de la institucionalidad democrática. En lugar de propiciar esos procesos en favor de la salida de la crisis, los gobiernos de Cambia Mendoza –el de Cornejo y el de Suárez, con sus casi seis años de las mismas políticas- han diseñado y están ejecutando planes de negocios que favorecen a un elenco estable de actores económicos que se van quedando con porciones cada vez más grandes del manejo de lo público.
“Es así como sin grandes escándalos, casi inadvertidamente, Mendoza se encuentra sumida en una ola privatizadora que devela la verdadera naturaleza de la alianza gobernante, un conglomerado político cada vez más corrido a la derecha que adscribe a un neoliberalismo descarnado, dispuesto a trasponer los límites de la institucionalidad para favorecer una agenda de negocios de amigos del poder.
“El último capítulo de la saga privatizadora que ha tomado estado público es el de la “tercerización” de la limpieza y mantenimiento por 10 años y un monto casi dos veces mil millonario de tres de las más preciadas joyas de la provincia: el Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico. El favorecido con la concesión es el Grupo Santa Elena, el mismo que ya maneja los servicios de recolección de residuos en cinco municipios de Mendoza (Luján de Cuyo, San Martín, Guaymallén, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz) y que tiene por clientes de otros servicios a algunos más.
“El Parque San Martín y el Cerro de la Gloria son casos paradigmáticos de políticas de abandono que terminan en la concesión a “terceros”. En este caso, como en otros, la “tercerización” es el eufemismo utilizado para disimular verdaderas privatizaciones de servicios públicos, con el agravante de que en esta concesión se trata de un espacio que la Ley 6394 ha consagrado como Área Ambiental Urbana Protegida desde el año 1996.
“Quienes en repetidas ocasiones y circunstancias denunciamos el manifiesto deterioro de esos espacios públicos de alto valor material y simbólico para la sociedad mendocina tardamos en darnos cuenta que la inacción y el abandono tenían como objetivo poner en manos privadas el cuidado de lo que es de todos. Quienes tienen el deber público de cuidar y mejorar esos sitios de valor ambiental, histórico y cultural han intentado justificar la acción privatizadora con pretextos de insuficiencia de personal, vetustez del equipamiento e impactos de la pandemia. El fundamento de la privatización es el reconocimiento expreso de parte de esos funcionarios (el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial y el Director de Parques y Paseos Públicos) de su incompetencia para garantizar el manejo sustentable por parte del Estado de esos sitios que se encuentran a escasos metros de sus despachos.
“No es la primera ni será la última privatización de este gobierno. El gobernador Cornejo comenzó poniendo en manos de los grupos empresarios Andesmar y CATA como socios mayoritarios, el manejo de la terminal de ómnibus con la concesión a la empresa Estación Terminal Mendoza S.A. El más reconocido empresario ligado a esas empresas es hoy candidato en la lista de perfil empresarial que “compite” en la PASO de Cambia Mendoza bajo la denominación “Cambia YA”. Quienes la integran dicen encarnar al “liberalismo productivista”, consigna que expresa un oxímoron por la contradicción connatural que representan históricamente en la Argentina la vinculación de las palabras liberalismo y producción.
“A favor de empresarios del transporte, Cornejo también desguazó la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) mediante su transformación en una sociedad anónima, la Sociedad de Transporte Mendoza (STM). El paso a retiro de los trolebuses estuvo asociado con el otorgamiento de los recorridos más rentables a empresas privadas de transporte. Los empresarios de Autam coronaron su exitoso avance sobre el Estado con la implementación del Mendotran, hecho a medida del interés de los grupos que manejan el transporte en la provincia. Por otra parte, el desguace de las líneas de trolebuses dio lugar a una millonaria compra de micros eléctricos chinos, en la que intermediaron las empresas Andesmar y Corven. El contrato no incluyó la transferencia de tecnología, por lo que el mantenimiento de las unidades queda atado a los proveedores chinos durante toda la vida útil de los vehículos. Un ejemplo más de “liberalismo productivista”.
“El gobernador Suárez ha redoblado la campaña privatizadora. El último mes de diciembre fue clave para el avance de los planes de negocios del oficialismo. En una misma sesión, el Senado sancionó tres leyes que consolidan la política de desposesión de bienes públicos: la ampliación de la concesión de la terminal de 20 a 50 años “a cambio” de la construcción y explotación en el mismo predio de un hotel de 3 estrellas (¡50 años de explotación por Andesmar y CATA!); la autorización para que el Poder Ejecutivo Provincial otorgue en concesión, mediante los mecanismos de licitación o concurso público, las tierras fiscales situadas en la zona de influencia del Embalse Potrerillos por el término de hasta 50 años, para el desarrollo y la instalación de emprendimientos turísticos, recreativos y urbanísticos; y la autorización para el llamado a licitación pública para la concesión del inmueble histórico de la Subsecretaría de Turismo, en el corazón de la Ciudad de Mendoza, por hasta el término de 50 años, que tenga por objeto su uso y explotación en el marco del desarrollo de un proyecto turístico, cultural y recreativo.
“El plan de negocios de Potrerillos registra avances muy significativos. Según anuncia la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial en su página web, el próximo 13 de agosto vencerá la presentación de ofertas por parte de los interesados. Para llegar a esta instancia, el gobierno tuvo que dejar en el olvido el concurso de proyectos para la dotación de infraestructura pública de servicios ambientales, turísticos y deportivos en el perilago a ser desarrollada por el gobierno provincial, que durante nuestra gestión en la Secretaría de Ambiente impulsamos en 2010. Evidentemente, el carácter público de la infraestructura que se proyectaba crear con aquella iniciativa no era compatible con los planes privatizadores de Cambia Mendoza.
“El avance a toda velocidad de la iniciativa privatizadora en Potrerillos refleja la debilidad institucional que padece Mendoza en la aplicación de las leyes ambientales y de ordenamiento territorial. No se registran convocatorias a la participación ciudadana ni evaluación ambiental y territorial en ese megaproyecto, y el Plan de Ordenamiento Territorial Sectorial del Perilago Potrerillos se ha formulado en un contexto de acefalía de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, ausencia de convocatorias al Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial para tratar el tema y postergando cualquier evaluación a instancias posteriores a la presentación de las ofertas. El solo hecho que se hayan dictado leyes autorizando la disposición de tierras fiscales para uso turístico en el perilago y se haya convocado a licitación pública de proyectos sin que exista el Plan de Ordenamiento Territorial Sectorial debidamente aprobado denota la irregularidad de todo lo actuado.
“El gobernador Suárez también ha privatizado parte de la Mansión Stoppel, histórico edificio en el que la provincia invirtió cuantiosos recursos para su restauración destinada a la habilitación del Museo Carlos Alonso. Lo ha hecho en favor del Grupo Broda, el que contará allí, a cambio del pago de una módica suma mensual, de un espacio gastronómico destinado al turismo. El más conocido referente de ese grupo empresarial familiar declinó integrar la lista de los “liberales productivistas” para estas elecciones, aunque manifestó expectativas de protagonismo político futuro dentro de ese espacio. En su lugar, participa en la lista uno de sus hijos, que casualmente es CEO del Grupo Broda, es decir titular del negocio de la Mansión Stoppel, quien aspira a una banca en la Legislatura.
“En la misma línea, el gobierno provincial impulsa la concesión de la construcción y gestión de un restaurante en el Cerro de la Gloria, iniciativa que ha despertado duras críticas de especialistas y entidades vinculadas a la preservación del patrimonio histórico y cultural, negocio que según los trascendidos estarían impulsando algunos de los mismos empresarios que integran la lista del “liberalismo productivista”, demostrando una vez más la desinteresada iniciativa privada que generosamente ponen a disposición en el despacho del gobernador. Mientras tanto, a pocos metros del monumento en honor de la campaña libertadora espera la largamente anunciada apertura del Ecoparque, en el marco de la también monumental desidia gubernamental en la transformación del zoológico de Mendoza en un proyecto que los mendocinos quisiéramos saber de qué se trata.
“El listado de planes de negocios es más extenso aún. No me referiré en esta ocasión al proyecto Cerro Punta Negra porque ya lo hizo ayer Sandra Passarella en una excelente nota publicada por Babel que da cuenta que cuando la sociedad se moviliza y los organismos científico-técnicos cumplen su misión se pueden frustrar negocios que chocan con los intereses públicos. Tampoco abordaré en esta oportunidad los entretelones de la obra Portezuelo del Viento, aunque aprovecho para destacar que todo lo que durante el 2019 y 2020 advertí, sufriendo el persistente fuego de artillería mediática oficialista, lamentablemente se viene verificando.
“Lo que sí creo necesario decir es que el común denominador de todo lo hasta aquí expuesto puede sintetizarse en tres ideas centrales: el mercado por encima del interés público, captura de las decisiones gubernamentales por un reducido núcleo de actores económicos, y priorización de las actividades de servicios por encima de las de producción y agregado de valor. Por ahora no queda demasiado claro si el berretín privatizador y mercantilista del oficialismo se debe sola y exclusivamente al sesgo ideológico al que adscribe o si existen otros incentivos para la hiperactividad en la planificación de negocios para terceros. El tiempo lo dirá. Mientras tanto pienso que en la Mendoza con la que soñamos la concreción de esos y muchos otros proyectos se puede y debe concretar con un sentido estrictamente público y no con el otorgamiento de privilegios a 10 a 20 o a 50 años para nadie. También creo que si en lugar de planes de negocios generáramos planes estratégicos y programas de gobierno, Mendoza estaría en condiciones de desplegar todo el potencial económico de los sectores de la producción agrícola, agroindustrial, industrial, tecnológica y también de servicios que el gobierno neoliberal de Mendoza relega para facilitar y prohijar los negocios de pocos que pagaremos todxs.
“Bbl.com.ar
“Guillermo Carmona
“8 de agosto de 2021”.