21 de noviembre de 2024
12:57hs.
Teoría monetaria moderna y Estados soberanos
Segunda parte
Considerado de conjunto, puede decirse que la autoridad pública crea dinero de alta potencia, mientras que los bancos crean dinero mediante el otorgamiento de créditos. De esta mecánica se derivan tres conclusiones.
La primera refiere al rol de la demanda en el proceso de circulación dineraria. La teoría neoclásica concluye que la emisión es inflacionaria porque asume que el dinero de alta potencia emitido va a circular, ya sea porque el dinero en manos del público será consumido o porque será ahorrado e invertido. Desde la perspectiva aquí planteada podemos ver que, por el contrario, si no hay nueva demanda de dinero (por ejemplo, si no hay una nueva demanda de préstamos), el dinero creado en vez de circular va a incrementar las reservas bancarias, cuyo resultado será una caída de la tasa de interés y no una suba general de precios.
Como vimos, un aumento del gasto público no aumenta la tasa de interés. Incluso más, si el Banco Central no interviene, reduce la tasa de interés a causa del exceso de oferta de reservas excedentes en el mercado interbancario.
Un Estado soberano en términos monetarios no necesita recaudar impuestos o tomar deuda para gastar. Como resultado, el déficit público no implica que el gobierno vaya a tener que incrementar la carga tributaria futura, subir las tasas de interés o embarcarse en una trayectoria de endeudamiento insostenible. El déficit público implica un acto de creación monetaria que genera una inyección neta de ingreso disponible en el sector privado, lo cual incrementa su ahorro y riqueza.
La Teoría Monetaria Moderna (TMM) se basa en la perspectiva de las “finanzas funcionales”, esta es la regla por la cual el nivel del gasto público debe ser juzgado por sus resultados (fundamentalmente inflación o desempleo) y no por una visión ortodoxa de “finanzas sanas” por las cuales el gasto se debe regir por una regla a priori de balance presupuestario. Una depresión sólo puede ocurrir cuando la cantidad de dinero gastada resultó insuficiente. En otras palabras, el desempleo es un fenómeno monetario. El gobierno, en virtud de su poder de crear dinero, puede hacerlo para empujar a la economía a un nivel de pleno empleo. El problema simétrico al desempleo es la inflación, lo cual sucede cuando la cantidad de dinero gastada fue excesiva. En este caso, el gobierno debe usar su poder de destrucción de dinero mediante la imposición tributaria.
La primera responsabilidad financiera del gobierno (dado que nadie más puede llevarla adelante) consiste en mantener la tasa total de gasto en bienes y servicios del país en un nivel no superior ni inferior a la tasa en la cual los precios corrientes comprarían todos los bienes que es posible producir. Si se permite que el gasto total exceda este límite, habrá inflación, y si se permite que quede por debajo habrá desempleo.
El corolario es que la posición fiscal debe cambiar dependiendo de sus resultados deseados. En momentos de desempleo, el Estado debe gastar más de lo que recauda, mientras que debe realizar lo opuesto en una situación inflacionaria. Es evidente que este postulado implica aceptar la premisa de que la autoridad pública no requiere gravar para financiar sus gastos.
Adicionalmente, el gobierno no se debe financiar con la emisión de bonos, a menos que desee que el público posea menos efectivo en el presente, o que incremente su flujo futuro de ingresos en el futuro. Esta es la segunda ley de las finanzas funcionales que estipula que el gobierno debe pedir dinero prestado sólo si es deseable que el público tenga menos dinero en efectivo y más bonos del gobierno, porque éstos son los efectos del endeudamiento.
Cada vez que se hace una propuesta de política, la primera pregunta que hacen los/as economistas mainstream es ¿cómo se va a financiar? Desde el punto de vista de las finanzas funcionales, esta pregunta carece de fundamento. Los Estados que emiten su propia moneda bajo un régimen de tipo de cambio flexible no se encuentran restringidos financieramente, por lo que no necesitan recaudar impuestos o emitir bonos para gastar. Economistas y hacedores/as de política mainstream parecen tener esto bien en claro a la hora de rescatar el sistema financiero, incrementar los gastos militares, o bajarles los impuestos a los/as ricos/as sin reducir el gasto. Lo único que se requiere es que el Congreso habilite la partida para financiar esa nueva propuesta.
Así, la MMT reconoce que el Estado tiene el poder de gastar a través de la creación dineraria. Ahora bien, ¿es deseable que lo haga? Para responderla, analicemos la alternativa, es decir, el desempleo. La falla por parte del gobierno de gastar en este escenario acarrea consecuencias desastrosas para la economía. En el corto plazo, una economía por debajo del pleno empleo sufre el deterioro de sus capacidades existentes. Primero, porque las condiciones físicas de producción (fábricas, maquinaria, herramientas) se destruyen si no son usadas. Segundo, porque el desempleo tiene efectos negativos en la salud física y mental de los/as desempleados/as (cuyo caso extremo se encuentra ejemplificado por las denominadas muertes por desesperación).
En el largo plazo las cosas empeoran aún más. La falta crónica de demanda empuja a las empresas a dejar de invertir en el desarrollo de las fuerzas productivas y las capacidades tecnológicas de la economía se empiezan a volver obsoletas. Adicionalmente, las jóvenes generaciones empiezan a enfrentar una falta persistente de nutrición y acceso a la salud requeridos para desarrollar sus potencialidades al máximo. Como resultado, la fuerza de trabajo se encontrará menos preparada para liderar una transformación productiva.
Finalmente, la falta de gasto no sólo genera problemas de nivel, sino que también de estructura de la demanda y la inversión agregada. La “mano invisible del mercado” ha llevado a niveles insoportables de desigualdad y pobreza, inequidades de género y raza, una crisis migratoria, una crisis de cuidado de adultos/as mayores, niños/as y personas con capacidades diversas, y a la destrucción del medio ambiente. La ausencia de intervención decidida del Estado sólo hará que esos sesgos se amplifiquen, llevando al incremento de catástrofes económicas, sociales, ambientales y políticas.
En este punto, típicamente se señala que la TMM postula que los déficits no importan, y que es posible aumentar el gasto público de manera ilimitada. No obstante, esto se encuentra lejos de su visión. Para esta corriente, el incremento del gasto público no es la mejor vía de acción en cualquier momento y lugar. De hecho, prevé un límite muy claro: la inflación. Cuando la economía se acerca a pleno empleo, el incremento de la demanda se trasladará a un incremento del nivel general de precios. Como resultado, la TMM propone establecer una “restricción inflacionaria” en reemplazo de la “restricción presupuestaria” o visión de los presupuestos balanceados ortodoxa. En una situación inflacionaria debido a un exceso de demanda agregada, los déficits deben ser reducidos para bajarla. Esto puede suceder tanto a través del recorte del gasto como del aumento impositivo. La primera es la vía preferida por la TMM.
Como hemos discutido previamente, la recaudación tributaria es una forma de sacar dinero de la economía y bajar el nivel de demanda. En tiempos normales, autores/as de la TMM sostienen que los impuestos son una manera de crear desempleo. Adicionalmente, para esta corriente los impuestos cumplen dos roles: en primer lugar, la visión del dinero pujado por los impuestos implica que al menos un tributo tiene que cumplir el rol de generar demanda por la moneda estatal; en segundo lugar, los impuestos son un mecanismo para desincentivar patrones no deseados de comportamiento (como es el caso de los impuestos al tabaco, a las emisiones de carbono, etcétera).
No obstante, esto no significa que cualquier impuesto sirva para cualquier fin. En primer lugar, no cualquier impuesto puede pujar la demanda por dinero estatal. Por ejemplo, en una sociedad no monetizada, un impuesto al ingreso salarial no tendría ningún efecto, en tanto nadie se pasaría al sector asalariado para pagar por trabajar. Así, históricamente los impuestos que se usaron fueron de carácter obligatorios, tales como impuestos a la persona o la vivienda. Una vez que la economía se encuentra monetizada, los impuestos al ingreso (salarial, ganancias, ventas, riqueza, ingreso) empezarán a surtir efecto. No obstante, esto no implica que sean el mejor instrumento a esos fines en tanto gravan comportamientos deseados por la sociedad. Por el contrario, el mejor impuesto sería uno a la vivienda, que sea pagable por toda la población, con un monto variable en función del metro cuadrado. Con esto, se desincentivaría el mal que implica una construcción en términos ambientales (vacío del terreno, uso de materiales de construcción, muebles, energía para calentar o enfriar). En segundo lugar, el aumento de la recaudación puede no ser la mejor forma de combatir la inflación en tanto muchos impuestos, como impuestos sobre consumos específicos, al valor agregado, el impuesto Tobin a los flujos financieros, las contribuciones patronales a la seguridad social o a las ganancias, generan aumentos en el nivel de precios. A la vez, en tanto contribuciones patronales son una especie de impuesto al valor agregado sobre el trabajo, generan un incentivo a la sustitución de fuerza de trabajo por maquinaria, alejando al gobierno del objetivo del pleno empleo. El impuesto al ingreso personal, por el contrario, si es una forma acertada de combatir la inflación, pero sólo si está diseñado de manera progresiva.
No obstante, si la inflación no se debe a un exceso de demanda, el manejo de la demanda agregada puede no ser la mejor herramienta para combatirla. En este caso, agencias que regulen precios en industrias clave ( alimentos, energía, medicamentos, combustibles, etc) y estabilizadores automáticos, son mecanismos que deberían ser implementados complementándose mutuamente. De esta manera, de acuerdo a la TMM, impuestos que generan aumentos de precios o desincentivan el aumento del empleo deberían ser eliminados. Sólo deberían ponerse en práctica impuestos universales destinados a garantizar la demanda por la moneda, e impuestos cuyo fin sea desincentivar patrones de comportamiento no deseados. Por último, si bien la TMM reconoce un rol redistributivo para los impuestos, se plantea que este puede no ser el mejor instrumento a tales fines. Por una parte, critican la postura de parte del arco político progresista que vincula la imposición a los/as ricos/as con la realización de determinados programas estatales (por ejemplo, imponer un impuesto a las ganancias a fines de expandir el gasto en salud pública), en tanto no comprenden que la imposición tributaria no es una operación de financiamiento. Así, proponen desligar la discusión presupuestaria de la cuestión impositiva. Por otro lado, en tanto determinados impuestos pueden desincentivar comportamientos deseables, pueden ser contraproducentes. De todas formas, el uso de impuestos como herramienta redistributiva es uno de los puntos de debate dentro de los/as autores/as de esta corriente. En conclusión, la TMM reconoce que la mayoría de las economías del mundo, desde hace tiempo, no se encuentran en una situación cercana al pleno empleo. Por el contrario, cuentan con altos niveles de desempleo abierto y encubierto, de uso de la capacidad instalada y distancia entre el producto efectivo y potencial, todo lo cual justifica el incremento del déficit fiscal. A la vez, entiende que la mejor forma de aumentar el déficit fiscal es el aumento del gasto financiado con creación de dinero. Ahora bien, ¿basta con aumentar el gasto público de cualquier manera?
La propuesta política: El Estado como empleador de último recurso y el Green New Deal. La intervención estatal tiene la potencialidad de trasformar la situación presente proveyendo pleno empleo y enfrentando la crisis social y medioambiental. En particular, la TMM tiene una propuesta para mejorar la economía considerada en la totalidad de sus dimensiones: el Estado como empleador de último recurso, la garantía de empleo o el modelo de empleo como stock de reserva. La propuesta consiste en la provisión de una opción pública de empleo para cualquiera que desee trabajar a un salario mínimo suficiente para vivir con beneficio de salud y otros (como licencias parentales), asegurando pleno empleo y un nivel alto y estable de demanda agregada. Dado que se asume que el salario en el sector privado será más alto, se espera que, en momentos de crisis cuando el sector privado despide gente, el empleo en el sector público crecerá; mientras que en la recuperación la gente volverá al sector privado. En otras palabras, el programa actuará como reservorio de fuerza de trabajo. De todas maneras, esto no quita que haya gente que pueda decidir quedarse de manera permanente en la opción pública (aceptando un salario por debajo del que obtendría en el sector privado), o que haya gente que opte por un seguro de desempleo en vez de la opción de trabajo pública en el evento de quedar desempleada. Como resultado, los déficits aumentarán en la fase contractiva mientras que disminuirán en la recesiva. De esta manera, el programa serviría como estabilizador automático de la economía, reduciendo la necesidad de política discrecional frente a cada evento, y actuando contracíclicamente para suavizar el ciclo. Esto es, con independencia del nivel educativo o experiencia previa. De esta forma, gran parte de los trabajos estarán diseñados de una forma que puedan ser realizados por cualquiera con un mínimo de entrenamiento.
Teoría Monetaria Moderna: fundamentos conceptuales, prescripciones de política y principales críticas déficit no será muy alto (del 1 al 3 por ciento del PBI). Adicionalmente, se estima que el programa tendrá efectos importantes en el crecimiento, y en la reducción de la pobreza y la desigualdad, mientras que sus consecuencias en términos inflacionarios son insignificantes (entre 0,09 y 0,74 puntos porcentuales por encima de la base). Esto se debe a que el salario en el sector público actuará como ancla para el resto de los precios de la economía, y como un punto de referencia para el valor de la moneda, dado que los salarios de la opción pública no sólo guiarán los salarios del sector privado, sino que también son un costo de producción para otros bienes. En otras palabras, si el salario mínimo de la opción pública se ubica por encima del salario mínimo prevalente en la economía, habrá un aumento de los últimos hasta alcanzar a los primeros (por requerimiento legal) y un consecuente aumento de precios, pero eso no será inflacionario en tanto será un aumento por única vez. En cuanto los salarios de la opción pública se equiparen con los del sector privado, el gobierno tendrá control sobre los precios de la economía a través de la fijación del precio de una hora de trabajo.
Por tanto los empleos creados se destinarán a enfrentar algunos de los problemas más serios de nuestra sociedad que el sector privado falla sistemáticamente en atacar. Los trabajos de la opción pública no estarán guiados por una lógica de maximización de ganancias, sino que buscarán proveer oportunidades para realizar trabajos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Estos se pueden agrupar en tres ejes: el cuidado del ambiente, el cuidado de la comunidad, y el cuidado de la gente. En relación a la primera, hay una extensa bibliografía en torno a una propuesta política que ha ganado mucha visibilidad pública recientemente: el Nuevo Acuerdo Verde [Green New Deal] Entre otras cosas, se crearán grupos de trabajo verdes que se ocuparán de enfrentar la erosión del suelo, el control de las inundaciones, manutención y renovación de espacios verdes, la promoción de prácticas agrícolas sustentables, plantación de árboles y jardines, prevención de desastres, transformación de hogares hacia formas sustentables (huertas orgánicas, transformación energética, reciclado y compost), entre otras. Respecto del cuidado de la comunidad, entre otras posibilidades, los empleos pueden incluir la limpieza de propiedades vacías, la recuperación de materiales, restauración y otras pequeñas inversiones en infraestructura; la creación de huertos escolares y granjas urbanas, la creación de espacios de trabajo conjunto, paneles solares, bibliotecas, clases y programas, teatros comunitarios y proyectos de historia oral; construcción de parques infantiles, zonas peatonales y carriles para bicicletas; y la organización de programas de uso compartido de vehículos, reciclaje, reutilización y recolección de basura. Finalmente, sobre el cuidado de la gente, los trabajos pueden incluir el cuidado de ancianos, programas para después de la escuela y programas especiales para niños, nuevas madres, jóvenes en riesgo, veteranos, ex presos y personas con capacidades diversas.
Así, el programa ofrecerá oportunidades laborales a gente proveniente de grupos sociales históricamente discriminados en los estratos de ingreso más bajos, reduciendo la desigualdad y dándoles agencia. En tanto los empleos proveerán entrenamiento, también permitirán la capacitación de la fuerza de trabajo, lo cual les permitirá una mejor inserción futura en el sector privado si así lo desearan. Adicionalmente, la ausencia de la amenaza del desempleo y la garantía de un estándar mínimo decente de vida tendrá resultados positivos en la salud física y mental de la población, y en sus niveles de educación. En este punto, se puede argumentar que, si el Estado se hace muy grande, se reducirán las oportunidades de inversión rentable. No obstante, esta posición ignora que el gasto estatal, por el contrario, aumentará las oportunidades de inversión rentable a través de la provisión de una fuente alta y estable de demanda, mejoras en infraestructura, ciencia, tecnología, educación y salud.
Columnista invitado
Daniel Musso
Miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal
