31 de julio de 2025
07:06hs.
Los últimos días la situación económica se muestra estable: leve baja del dólar fuga, y también de la inflación, aunque ambas variables continúan estabilizadas en niveles astronómicos. El plan del gobierno sigue en debate, mientras tanto Massa solo atina a cuidar las reservas y evita una nueva corrida cambiaria.
La cuarta etapa del plan, la de frenar la inercia inflacionaria mediante un acuerdo de precios y salarios, parece descartada. Sus características incluían concesiones de algún sector, punto que inviabilizó el plan: las empresas no están dispuestas a congelar precios, mucho menos los asalariados que hoy llevan la peor parte, ni el Estado postergaría los aumentos de tarifas. Además, congelar el tipo de cambio pondría en riesgo la gestión de divisas, que queda como el centro de la política económica actual. Concluyendo, el congelamiento de precios y salarios es solo un mal sueño.
Dólar
La continua presión devaluadora, parece signar la actual gestión presidencial. Esta semana se redujo la diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar, y la brecha cambiaria también se redujo levemente, aunque continua en un 83.4%. El elevado nivel no permite suponer que la inestabilidad cambiaria ha sido superada.
La Justicia cerró el grifo a las cautelares para importaciones. Las medidas judiciales que salteaban a la AFIP y a la Secretaría de Comercio le habían costado al Banco Central U$S 2.000 millones, con el cambio de sistema de importación las cautelares perdieron legalidad.
La cámara aceitera lanzó un rumor para alimentar la inestabilidad cambiaria. Ahora, al latiguillo para que “compren celulares antes de diciembre, porque se va a prohibir la importación”, ya se le agregaran otros productos, para gestar mas malestar.
De acuerdo a los últimos datos de Posición de Inversión Internacional (PII) del INDEC, los argentinos tenían en el exterior unos U$S 365.554 millones. No necesitamos que vengan capitales extranjeros, solo que los argentinos no se la lleven al exterior.
Precios
En septiembre los precios mayoristas se desaceleraron: subieron solo 5,5%. En octubre la inflación estará en un 6 – 7 %, coinciden el gobierno y las consultoras. Esto permite observar la tendencia a la lenta desaceleración inflacionaria.
El Gobierno se reunió con las 20 grandes empresas que monopolizan las góndolas, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Bimbo, Nestlé, Quilmes, Coca Cola, Procter and Gamble, entre otras. La idea era en noviembre contar con una canasta de entre 1.500 y 2.000 productos, a precio congelado, por un plazo de entre 90 y 120 días. Incluso se llegó a plantear que los precios estuvieran impresos en las etiquetas.
La resistencia empresaria forzó desistir del plan. Los privados rechazan particularmente el precio impreso. Se planteó: si los obligan a poner los precios en los paquetes “volverán los productos creativos”. Cumplieron la amenaza: la Secretaría de Comercio Interior multó a Arcor, La Serenísima, Clorox y Coto por engañar a los consumidores presentando productos nuevos que de nuevos tienen poco. Son en la práctica los mismos que se encuentran dentro del acuerdo de Precios Cuidados con modificaciones casi imperceptibles en el gramaje, el sabor, el diseño de la etiqueta o el envase; aunque con diferencias muy perceptibles respecto al precio del producto original. Las multas alcanzan los $18 millones.
Resultado de la negociación no se lanzará un plan de shock para bajar la inflación, no habrá congelamiento de precios. La política antinflacionaria continuará siendo la neoliberal: el ajuste fiscal y el crédito caro. Se sumarán acuerdos sectoriales voluntarios. Por ahora serian para la electrónica, el consumo masivo, el hilado y los medicamentos.
Columna: Hugo Castro Pueyrredón, economista y docente de la UBA, 22 de octubre de 2022
Massa analiza abrir las importaciones y quitarles beneficios a los textiles porque aumentaron el doble de la inflación. Los aumentos de la industria textil casi que duplicaron la inflación promedio de los últimos meses. El uso de las importaciones como forma de controlar los precios internos también fue típico de los gobiernos neoliberales. Obviamente cuidar el empleo no era su prioridad.
Secretaría de Comercio celebrará convenios de colaboración con provincias y municipios para realizar tareas de inspección y control del programa “Precios Cuidados” en el ámbito de sus territorios, con el fin de evitar maniobras especulativas. Se está sancionando a los hipermercados por no cumplir acuerdos.
Actividad económica
El último informe del CEP XXI, el centro de estudios del Ministerio de Economía, muestra que en septiembre la medición desestacionalizada del nivel de actividad económica contra agosto, registró un descenso de 1,8%. Datos similares observa la Unión Industrial Argentina (UIA). El último trabajo de su centro de estudios da cuenta que la actividad industrial en agosto creció 11,3% interanual, pero cayó 0,7% con respecto a julio. La política de ajuste y dinero caro hace efecto y “enfría” el consumo.
El Banco Central (BCRA) ratificó este jueves los actuales niveles de tasa de interés de 75% anual y decidió no aplicar aumentos, luego de que los últimos dos datos de inflación marcaron una desaceleración frente al máximo de 7,2% mensual de julio.
El presupuesto
La comisión de presupuesto aprobó el proyectado para 2023. La oposición acompañará este presupuesto porque es de ajuste, de reducción del sector público, porque eso es lo que ellos consideran debe hacerse, más allá de la razonabilidad de las estimaciones macroeconómicas que utilizaron como excusa para oponerse el año pasado
La base para comprender la razonabilidad de un presupuesto se encuentra en las estimaciones macroeconómicas, que son producto tanto de los mercados como de las políticas públicas. Las proyecciones presupuestarias para 2023 son un crecimiento del PBI del 2%, con un cierre para el corriente 2022 del 4%; y una inflación del 60%, mientras se supone terminar 2022 con un 95% de inflación.
Normalmente el presupuesto se termina de elaborar en junio o julio, y tras un tercer trimestre con índices del 7% mensual o más, cuando aún no ha sido tratado el proyecto de ley, la estimación inflacionaria ha quedado totalmente desactualizada.
En tanto la política cambiaria supone micro devaluaciones que acompañan el incremento de los precios internos,”crawling peg”, si la estimación inflacionaria está mal calculada, también lo está el tipo de cambio, y por tanto muchas de las previsiones presupuestarias.
En cuanto a la estimación de variación de la actividad económica se espera para el conjunto de las variables macroeconómicas (consumo, inversión, gasto público e importaciones) un incremento del orden del 2%. La proyección no es acorde a una política antinflacionaria de contracción monetaria y altas tasas de interés, ni con la política fiscal de reducción del gasto público, dado que ambas provocan un enfriamiento de la actividad.
Tras los altos niveles de recuperación de la actividad, luego del parate de la pandemia, el enfriamiento de la economía se comienza a percibir. No es razonable suponer que el consumo aumente dadas las políticas expuestas, y este es un 61% del PIB. La razón de un incremento del PIB para el 2023 es que el nuevo gasoducto que trae gas desde Vaca Muerta, estará en pleno funcionamiento el próximo invierno, sustituyendo importaciones de gas e incluso generando un importante saldo exportable. De allí se explica el superávit en el comercio exterior de U$S 12.300, el alto crecimiento previsto para las exportaciones de un 7%, a la par de una caída del 3% de las importaciones (en dólares).
Para observar la variación real del presupuesto debe eliminarse el efecto de la inflación; por eso lo re expresamos en pesos constantes de 2021. En 2021 quedó superada la pandemia, a partir de allí es clara la contracción del gasto publico.
La discusión quedó en los subsidios al transporte del interior. “No nos podemos quejar”, repetían legisladores misioneros, riojanos, cordobeses, fueguinos -oficialistas y opositores- que habían logrado aumentar el fondo compensador del transporte del interior y para obras de sus provincias.
Otro tema fueron las deudas de las provincias con la administradora del mercado energético CAMMESA, se proponía descontarlas de la coparticipación, pero se acordó pago en cuotas.
Una de las grandes sorpresas fue la decisión de incluir en el Presupuesto un artículo que obliga los empleados del Poder Judicial -jueces incluidos- a pagar el impuesto a las ganancias. Seguro van a judicializar la medida, y jugaran con cancha inclinada.
Equidad social
Finalmente, tras muchas dudas sobre su cumplimiento, se implementará el refuerzo a los indigentes, un bono de $ 45.000 y en 2 cuotas. Alcanzaría a menos de 2 millones de personas, cuando los indigentes son el 8,8 % de la población, 4 millones de personas. Los requisitos son tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras), no contar con obra social o prepaga.
Camioneros rechazó otra oferta en las paritarias del 84%, y está más cerca de iniciar un plan de lucha. Reclama un 131%. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, le planteó a los sindicalistas “todos tenemos que ser responsables”. Parece que según ella los asalariados deben aceptar perder para contener la inflación, aunque quien aumenta los precios sean los empresarios.
Se confirmó que se llevará el mínimo no imponible de Ganancias de 280 mil a 330 mil pesos.
Conclusión
El golpe de mercado continua al acecho, la fuga de capitales es un drenaje continuo, y la inflación sigue en un muy elevado nivel. Para mejorar las reservas de divisas se apeló a la extrema concesión de quitarles las retenciones a las exportaciones de soja, regalándoles más de $ 300 mil millones, Después tardan 2 meses en implementar un apoyo a los indigentes, que era parte de ese mismo decreto, además de imponer serios controles para reducir la cantidad de beneficiarios.
Se pensó un congelamiento de precios para frenar una inflación que amenazó llegar a hiper. Ante la resistencia empresaria, respuesta por demás esperable, se retrocedió a “acuerdos sectoriales”.
El presupuesto 2023 se encamina a la aprobación, aunque claro, es el diseñado según las instrucciones del FMI, reducir el gasto en esta etapa a costa de aumentar las tarifas energéticas.
Siempre hay quienes lucran con que las cosas sean como son. Obtener cambios siempre conlleva resistencia. Los tibios, los que no están dispuestos a soportar los conflictos, no son aptos para generar cambios.
El divorcio entre economía y política se profundiza día a día. La defensa de un frente político cuya política económica no es de inclusión del conjunto de los argentinos, va al fracaso político.
Con la actual política solo se plantea terminar el gobierno sin una catástrofe económica, pero resignando sus objetivos que lo trajeron, un muy triste final.
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
