23 de noviembre de 2024
06:27hs.
El ordenamiento territorial del gobierno provincial hace agua por donde se lo mire. Parte 1
El Consejo de Arraigo del Puestero
En un artículo de Pirámide informativa que podés ver aquí resumimos el largo calvario de tres años que debió vivir la FAdE (Federación Argentina de Espeleólogos) para que volviera a constituirse el Consejo de Arraigo a que obliga la ley 6086. Allí se linkean más artículos sobre la presentación administrativa de 2019, la judicialización de 2021 y la sentencia favorable a los reclamantes (Federación Argentina de Espeleología) en febrero último. Sentencia que, dicho sea de paso, no despertó mucho interés en las autoridades del Ejecutivo como sí en algunos, pocos despachos, del Legislativo… hasta que un juez tuvo que intimarlos a hacer la convocatoria bajo apercibimiento de sanciones.
La primera convocatoria, la que debió anularse por no haber sido publicada en el Boletín Oficial, pone como único tema nuevo del Consejo de Arraigo el pedido de la FAdE de incorporación. En la convocatoria definitiva, la que fue publicada en el Boletín Oficial, sólo dice que va a tratarse de un número de expediente, el de la nota que la FAdE presentó en 2019, pero sin mencionar que esta reunión fue forzada por una intimación judicial, y no fue producto de una decisión política propia de la Secretaría de Ambiente.
Quizás sea por eso que aún no informaron al juez (y deben hacerlo), pero sí informaron a la prensa. “Lawfare”… ¿Suena?. Veamos qué dice la gacetilla oficial:
“Ambiente convocó a reanudar el Consejo de Arraigo. 19 de setiembre de 2022”. Aclaramos, Ambiente no convocó, sino que fue obligada a convocar por un juez. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Luego, si convocó, por qué se publica la gacetilla una semana después de hecha la reunión. En la gacetilla, además, no se cuenta qué se resolvió respecto del Orden del Día publicado en el Boletín Oficial. Sigamos:
“La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, como autoridad de aplicación de la Ley 6086, que busca promover el arraigo de los puesteros en tierras no irrigadas de la provincia, convocó a los miembros a conformar el Consejo de Arraigo, a través de la Resolución 413, recientemente publicada en Boletín Oficial”. Esto también es confuso, porque en la reunión de 2014 había miembros (consejeros) que hoy siguen trabajando en áreas del gobierno… pero no fueron invitados. Leamos detenidamente: “convocó a los miembros a conformar”… si son miembros, es porque la cosa ya está conformada, ¿no?
“A través de la citada norma, luego de varios años vuelve a convocarse este consejo para actualizar el conocimiento de la situación de los puesteros de nuestra provincia”. Son ocho años y medio. Pero además, no se convocó “para actualizar bla bla bla”, sino que había que tratar el pedido de ingreso de un nuevo consejero, la FAdE.
“En la reunión inicial estuvieron presentes los siguientes consejeros: por parte de la autoridad de aplicación –la Secretaría de Ambiente a través de la Unidad de Gestión y Administración de Tierras–, Nadia Rapali, en calidad de presidenta; Nadya Moyano y Rebeca Cultrera; Horacio Chiavazza, director de Patrimonio Cultural y Museos; Laura Giménez, directora del Registro de la Propiedad Raíz (2ª Circunscripción en Poder Judicial de Mendoza); Paula Alfonso, directora de Registro Públicos y Archivo Judicial (1ª y 4ª Circunscripción en Poder Judicial de Mendoza); Ricardo Canet, asesor de Gobierno; Beatriz Martínez, subsecretaria de Gestión Pública y Modernización, y Jimena Luzuriaga, directora general de Catastro (ATM)”. Esta información está siendo comentada a lo largo de toda la nota
“El cometido del consejo es de asesoramiento y coordinación con otros organismos y con la autoridad de aplicación para el cumplimiento de los objetivos de la ley. La norma tiene por finalidad incentivar la integración y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas áridas de Mendoza, posibilitando el acceso a sus tierras, actividades y formas de vida, en concordancia con la protección del ambiente”…. Este párrafo muestra una ideología elitista, algo así como “políticas populares pero sin pueblo”. Muy lejos del espíritu de la ley 6086, que es participativa, democrática, no circunscripta a funcionarios oficialistas y sin participación DE LOS PROPIOS INTERESADOS. Se entiende…es como si se pone en marcha un Consejo de Discapacidad pero sin discapacitados. O un Consejo de la Violencia de Género constituido sólo por varones. Es como querer montar un laboratorio de Biología Marina en la Quebrada de Humahuaca. Bueno, aquí pasó justamente eso: en el consejo de arraigo del puestero no dejan participar a los puesteros.
La foto 1 es la distribuida oficialmente por el Gobierno junto a la gacetilla. No se ven muchos puesteros, no? Recomendamos al lector que vaya a consultar el acta de la reunión de febrero de 2014 y compare…
Luego la gacetilla enumera las funciones del consejo, lo que es un simple “copie y pegue” del texto de la ley. Pero sin reparar en la contradicción: la gacetilla cita a la ley, mete por la ventana cosas de cosecha propia (que sólo los legisladores deberían hacer) y acota autoritariamente sus funciones, limitándolas a una mera reunión de amigos. Sería así en una primera lectura. Pero hay otras
Lo más importante, como siempre, es lo que NO se dice. Como dijo el descuartizador, vayamos por partes:
1) No se hace mención a qué se resolvió en el Orden del Día Publicado en el Boletín Oficial el 30 de julio. No se atreven a decir que la única decisión fue denegar el ingreso de una asociación no gubernamental y sólo eso? No se trató que se impidió el acceso de un consejero representante de la Comunidad Malalweche? Eso no se va a comunicar? Ni a la opinión pública ni al juez? Van a recomponer el desguazado equipo de inspectores de tierras fiscales? Cómo van a hacer para reconstruir lo que se destruyó en estos últimos 8 años y medio?
2) En relación con el punto anterior, no se dice nada de cómo se conforma el Consejo de Arraigo, y para ello el “copie y pegue” ahora lo hacemos nosotros. Artículo 6 de la Ley 6086: “El consejo creado por el artículo anterior quedara conformado por los siguientes consejeros:
- a) dos representantes del Ministerio de Gobierno, sin perjuicio del Presidente del Consejo;
- b) dos representantes del Ministerio de Cooperación y Acción Solidaria;
- c) dos representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda;
- d) dos representantes del Ministerio de Economía.
- e) un representante de la Dirección de Catastro;
- f) un representante de la Asesoría de Gobierno designado por el Asesor de Gobierno;
- g) un defensor oficial que la Suprema Corte designara ad-hoc;
- h) un representante de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, dependiente del Poder Judicial de la Provincia;
- i) un representante de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia”.
“La presidencia del consejo será ejercida por el Ministro de Gobierno o por el funcionario en que haya delegado las funciones concernientes a la autoridad de aplicación quien podrá desempatar por doble voto. Los integrantes del Consejo serán designados por el ministro del ramo al que representen y sus mandatos duraran hasta que se disponga su substitución. El quórum del Consejo se formará con cinco consejeros, incluido el presidente. Serán miembros plenos y participarán con voz y voto de las reuniones que realice el Consejo dos representantes de cada municipio de la provincia con jurisdicción territorial en los que se ejecuten actos del programa previsto en la presente ley. En iguales condiciones quedara incorporado al consejo un representante de cada organización de puesteros que lo requiera, en tanto acredite de modo fehaciente la representación que inviste la entidad proponente, para lo que se tendrá en consideración la necesidad de integrar las distintas regiones en que se divide la provincia. La representatividad será juzgada por el consejo en votación en la que intervendrán los miembros plenos que lo conforman. Asimismo el consejo podra incorporar a su seno a entidades publicas o privadas interesadas en la problematica del puestero, tales como la universidad nacional de cuyo, la Iglesia Católica y asociaciones de bien publico”.
En ninguna parte de este artículo transcripto se habla de discriminar a miembros “plenos” de “invitados”. Ergo, son todos plenos. Pero los funcionarios actuantes decidieron interpretar la ley en lugar de aplicarla.
Luego, la cuestión de cómo se interpreta una ley es política, exclusivamente política, ideológica. Puede decirse que una asociación civil es miembro pleno o invitado según al ente gubernamental que organiza le importe o no la democracia participativa. Quizás la ley debe ser más clara, quizás requiera de reformas, pero lo que sí tenemos claro es el principio constitucional de “no se puede mandar lo que la ley no manda ni prohibir lo que la ley no prohíbe” que sigue vigente en Mendoza. No se puede impedir a nadie de participar de una reunión pública, léase “publicada en el Boletín Oficial”
La delegación de la FAdE estuvo presente con su presidente y dos directivos más, acompañados por el Sr. Carlos Arenas, estrecho colaborador del diputado provincial José Luis Ramón, crecientemente interesado en las problemáticas sociales. Llegó diez minutos antes y generó caras de sorpresa. Los consejeros oficiales lo no esperaban. Luego supimos: no habían invitado a nadie y hasta habían tenido dificultades para armar el quórum de 5 miembros
Después de las presentaciones de rigor, la FAdE solicitó participar de la reunión que aún no había comenzado, lo que le fue denegado por la presidenta Nadia Rapali, “porque no hay sillas suficientes” (sic). En la foto tomada por el mismo Arenas (Foto 2) puede verse que había mucho espacio libre, y las sillas estaban al otro lado del vidrio. Podrían haberse trasladado las seis sillas necesarias (había dos periodistas también), o participado de pie
Ante la insistencia de los presentes la funcionaria argumentó que los estatutos de la FAdE no establecen que ésta tenga nada que ver con los puesteros, ante lo cual el presidente de dicha federación recordó que ese detalle ya había sido zanjado en el proceso judicial, y a favor de la FadE.
La cosa se empezó a poner espesa y la funcionaria entró al SUM a consultar, pero ya estaba decidido que la reunión iba a hacerse como NO debe hacerse: de espaldas al pueblo. Sin testigos, sin prensa, sin oyentes. O sea, sin transparencia. Y cuando falta la transparencia ya sabemos lo que pasa, no?
En eso llegó Gabriel Jofré (Werken de la Comunidad Malalweche) y al querer entrar se le trabó la puerta. No lo dejaron. Salió entonces la presidenta Nadia Rapali y el abogado asesor Dr. Sebastián Calvi, con quien se produjo una agria discusión, que Antonio, el hijo del werken filmó. Hay nueve videos que también tenemos en nuestro poder y que, por ser tan graciosos, bien podrían inspirar una comedia de enredos de Hollywood. Jofré ya había anticipado, el 15 de septiembre, lo mal que se estaban manejando las cosas.
Estaba claro, Jofré era (es) consejero, pero el abogado Calvi le reclamaba que probara esa condición, a lo que Jofré respondió que “las pruebas las tienen ustedes, están las actas”, pero ni la presidenta ni el abogado tenían actas de la reunión del 2014, por lo que le facilitamos un ejemplar en papel. Así como suena.
Los funcionarios volvieron a ingresar y a salir, y lo primero que Rapali le disparó a Jofré es “empecemos porque llegaste tarde, la reunión era a las 10”, por lo que Jofré se enojó más aún, gritando nuevamente que no había sido avisado y que había viajado desde Malargüe para estar, y la cosa terminó cuando Jofré dijo: “pasa que ustedes no convocaron esta reunión para otra cosa que no fuera tapar el escándalo de El Azufre”. Bingo!, Entonces Rapali también reaccionó y le disparó: “eso es una chicana muy berreta” (sic) y dio por terminada la discusión, se metió adentro y Jofré se fue, muy enojado.
Hay que insistir: si hacemos honor a la verdad, todo esto debería estar contenido en la gacetilla. Pero no lo está.
Los consejeros reunidos carecían de toda documentación anterior. Era claro, era documentación “kirchnerista” y debía desaparecer. Más allá de eso, es desprolijo constituir un consejo consultivo de esta magnitud …. con 9 personas de las cuales sólo una conocía del tema (conoce) y sin antecedentes debidamente documentados. Que haya tenido que hacerse sólo para la foto….. es por lo menos lamentable. La foto Nro. 2 fue tomada desde afuera del SUM, y allí se ve claramente que no hay pueblo, que sí hay lugar para poner sillas y que el pueblo escuche, o participe. Pero no, nada de eso.
Invitamos a leer el acta del Consejo del año 2014 aquí, donde puede apreciarse que en la última reunión hubo alrededor de cien personas, de las cuales la mitad eran funcionarios y la otra mitad puesteros individuales, asociaciones de puesteros, una unión vecinal. Como bien dice la ley en su artículo 6, toda persona que desee ayudar en la causa… pero el abogado allí presente advirtió que sólo los presidentes de las personas jurídicas podían ser “invitados” (no incorporados, sino extranjeros en su propia casa, tal como suena) al Consejo. Y se lo dijo al Werken de la Comunidad Malalweche, Gabriel Jofré, quien en 2014 era puestero según puede verse en esa acta que, dicho sea de paso, ese abogado no tenía en su poder ni estaba informado de ella.
En la reunión sólo hay 9 personas; a los asistentes no gubernamentales no se les permitió participar ni siquiera como oyentes. Ningún municipio presente, sólo 9 personas, varias de las cuales seguramente no habían terminado la secundaria cuando se hizo la reunión 2014. La única consejera de 2014 que fue invitada a esta reunión es la Dra. Paula Alfonso. Curioso.
Bien decía entonces el referente de la Comunidad Malalweche Gabriel Jofré: “en la reunión anterior había diez veces más gente, y acá no veo puesteros”.
Ésto trae a colación el grado de desmovilización fisica y mental que hay en la sociedad mendocina. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y no hacían falta invitaciones personales para asistir. No se les iba a permitir el ingreso a “extraños”, pero eso también había que documentarlo, para seguir la lucha. Pues bien, sólo dos organizaciones, con sede en Malargüe, estaban allí, siendo que la sentencia judicial que había empujado a tal reunión beneficia a todos los puesteros de la provincia, no sólo de Malargüe. No estaban, presionando, las asambleas ambientalistas que patalean en la ciudad contra el extractivismo, sin entender que son los puesteros de la zona rural las primeras víctimas de tal extractivismo. Derrotismo? Indiferencia?. Miedo? Complicidad tácita con los poderes reales?. Sabemos que está habiendo “aprietes” contra los campesinos sin tierra en Malargüe, y de eso queríamos hablar en esta primera reunión. Pero no nos dejaron. Y también, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las que nuclean a puesteros, deberán pensar muy seriamente si quieren construir su futuro o esperan que otros lo construyan por ellos. No es bajándose del caballo como se ganan las batallas. Las asambleas urbanas deberán asumir la representación de la gente de los trabajadores del campo, porque no tienen nada que perder y no tienen razones para tener miedo. Después de todo “la Patria es el otro”, no?.
Las asambleas que hoy reclaman por la ley 7722 no parecen darse por aludidas cuando se las convoca a luchar por los derechos de las personas que habitan en las tierras. Pongamos el ejemplo de la Foto 3, flyer que está circulando en estos días en las ciudades mendocinas
También sigue siendo un misterio insondable qué están haciendo los organismos de derechos humanos de Mendoza. ¿Acaso los campesinos sin tierra no son humanos?
Luego de la reunión vinieron las quejas ante la prensa, por ejemplo la que está subida aquí, pero lo importante no pasa en los medios. Está pasando en el poder, en el poder real más precisamente: se está llevando a cabo una gigantesca ingeniería política que consiste en excluir al pueblo de toda participación en la cosa pública. El cacareado “ordenamiento territorial” que está haciendo el gobierno provincial esconde estas cosas: no quieren empoderar a los puesteros porque son un estorbo para sus meganegocios inmobiliarios, de turismo VIP, extractivismo extranjerizante. Lo del Consejo de Arraigo es sólo un botón de muestra. Y todo eso se está dando con la alarmante anuencia de las propias víctimas.
Una magistral película argentina de Adolfo Aristarain que este 2022 cumplió 30 años (“Un lugar en el mundo”), habla claramente de cómo alguien está planificando nuestras vidas y nuestra muerte.
La parte 2 de este informe contendrá novedades sobre cómo se está gestando el escándalo de El Azufre (otro botón de muestra de lo dicho antes). En la parte 3 esperamos publicar el acta de la reunión del Consejo del día 12 de septiembre… si es que le informan al juez, cosa que aún no ocurrió.
También curioso: primero se informa a la prensa y después a la Justicia que intimó a llevar a cabo la acción que se publicita. Suena, no?. Lawfare al palo.
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, docente jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Director del quincenario Sin Pelos en la Lengua. Agrupación Luis Barahona, Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares, Malargüe.
Publicado en https://piramideinformativa.com/2022/09/el-ordenamiento-territorial-del-gobierno-provincial-hace-agua-por-donde-se-lo-mire-parte-1-el-consejo-de-arraigo-del-puestero-por-carlos-benedetto/
