Cuando los temas más importantes relacionados con la economía -que tienen que ver también con el Estado-, no pueden comprenderse con facilidad, lo más probable es que haya gato encerrado. Haceme el favor y bancate la lectura de la nota que te comparto debajo, para que te des una idea que no hago más que subrayar lo que me ocurrió al conocer su contenido. Son muchas más las dudas que las certezas, mediando además apellidos como Suarez, Cornejo, Vila y Manzano.
Los dos primeros, gerentes sin cartera de las trasnacionales de la contaminación y el saqueo. Los dos del segundo pelotón de apellidos, operadores que siempre han robado para la Corona (¿británica?). Los dos primeros haciendo negociados con la cosa pública, algo demasiado frecuente en Democracias tuteladas como la nuestra. Los del segundo pelotón, dueños de vida y hacienda de media Mendoza. La mafia por todo lo ancho, con sus engranajes bien aceitados.
Más de 50.000 millones de dólares se llevarían en 100 años, haciendo algunas proyecciones. De ahí que la supuesta inversión de 1.000 millones dólares, pasa a ser un número raquítico. Lo que ellos llaman inversión es algo que ponen para poder sacar de la mejor forma posible todo lo que nos pertenece a los mendocinos. Seguimos atónitos viendo como lo que es de todos se va por la canaleta de la mafia del Poder real, sin que nadie haga algo. ¿Quién nos defiende de los políticos inescrupulosos?
“Energía
“Los detalles desconocidos, acuerdos y advertencias alrededor de Potasio Río Colorado
“El Gobierno apura la aprobación del nuevo proyecto minero Potasio Río Colorado. Advierten para garantizar el blindaje legal y operativo para evitar juicios. Minera Aguilar tiene acuerdos cruzados con otras empresas y hasta se menciona a IMPSA.
“El gobernador Rodolfo Suarez apura el envío del contrato que le entrega el desarrollo del proyecto minero Potasio Río Colorado a la empresa argentina Minera Aguilar. Antes, deberá ajustar algunos detalles del acuerdo para evitar problemas. El más importante tiene que ver con la “indemnidad”, es decir el blindaje para que cualquier inconveniente no repercuta en un juicio contra el Estado, sea en el país o en el exterior. Así lo advierte el dictamen de Fiscalía de Estado que también busca poner más claridad sobre la composición accionaria de la empresa y los derechos mineros.
“El proceso está plagado de temas intrincados. Aunque además de Minera Aguilar hay un inversor brasileño, en el dictamen de Fiscalía no se menciona ninguna responsabilidad a cargo de esa empresa de capitales extranjeros. En cambio, se traslucen otros detalles. Uno de ellos es un acuerdo entre Minera Aguilar y la empresa estatal IMPSA. En ese sentido, hay un “Memorándum suscripto entre CMA y la empresa IMPSA S.A.”, del que no se ha informado. No es un dato intrascendente porque IMPSA es otra empresa “salvada” por el Estado mendocino que también busca inversores. De hecho el Estado local ya anunció que buscará deshacerse de la participación en la compañía, donde es socio con la Nación. Justamente entre los interesados en comprar la empresa siempre estuvo Integra Capitals, la misma empresa que ahora tiene Potasio Río Colorado y que, según el expediente, tiene un acuerdo con IMPSA.
“El contrato aún se mantiene a media sombra. Pero antes de llegar a la Legislatura hubo un pase. La flamante empresa Impulsa Mendoza tiene el 12% de las acciones y el capital del nuevo Potasio Río Colorado, por lo que esa empresa estatal será socia de Minera Aguilar. De Impulsa Mendoza solo se conocen sus integrantes: está presidida por Enrique Vaquié, Víctor Ibáñez y Mario Isgró.
“Intrincado
“La entrega de la concesión a Minera Aguilar (que pertenece al grupo empresario liderado por José Luis Manzano) se concretó tras un largo rodeo y muchos fracasos. Primero fue la propia Vale la que intentó vender PRC; luego se recalculó el proyecto a una escala menor y el resultado fue el mismo: no era económicamente viable. Finalmente ante un contrato confidencial el Estado le aceptó la transferencia de los activos y permisos al Estado; en realidad a la “empresa” Potasio Río Colorado liderada por funcionarios. Por sí misma esa firma no consiguió inversores y contrataron a un banco Suizo que, tras dar la vuelta al mundo, sugirió darle el proyecto a Minera Aguilar, una empresa argentina, liderada por un mendocino.
“Minera Aguilar fue adquirida el año pasado por Integra Capitals, pero mantiene un socio extranjero. “Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. expresando que las personas jurídicas que poseen el capital accionario son Compañía Mineral Aguilar S.A. y Servicios Mineros del Cono Sur S.A. en la proporción del 70% la primera y 30% la segunda”, menciona el dictamen de Fiscalía de Estado. Desde ese organismo extra poder advierten y recomiendan que el Ejecutivo explique mejor los hitos del proceso de búsqueda de inversores, así como sugieren que hubo un exceso en el secretismo: aunque consideran que es legal mantener cláusulas de confidencialidad, creen que debería ser más preciso y mejorar la transparencia al tratarse de una empresa pública.
“Potasio Río Colorado es un proyecto para explotar uno de los yacimientos de potasio más grandes del mundo. La empresa brasileña Vale comenzó a construir la planta para extraer y exportar ese fertilizante, pero a principios de 2013 lo abandonó. Desde ese momento comenzó un tortuoso proceso para reactivarlo.
“Blindaje
“Uno de los puntos críticos de la vinculación tiene que ver con las demandas cruzadas y parte de la herencia nociva que dejó Vale. Es que esa empresa abandonó el proyecto a medio hacer, dejando sin trabajo a casi 4 mil personas, contratos sin cumplir y hasta concesiones con la Provincia sobre las que no se hizo cargo. El acuerdo confidencial entre el Estado y Vale incluye la resolución de esos litigios.
“Entre otras cosas, Vale le entregó 30 millones de dólares a Mendoza, que son administrados por Emilio Guiñazú y los gerentes de PRC. Pero además se estableció un intrincado blindaje para evitar juicios mayores con los viejos contratados y los nuevos accionistas. Luego del abandono del proyecto, Vale tenía una cartera de juicios y reclamos millonarios de los que se comprometió a hacerse cargo. Pero como aún no cesan y pueden aparecer nuevos, se estableció un protocolo de acción para evitar males mayores. Ese proceso debe cumplirse cada vez que aparece algún conflicto. Si no ocurre, puede dar paso a rupturas que atenten contra los intereses del Estado. Por eso se firmó un acuerdo complementario. Desde Fiscalía de Estado piden que la Provincia advierta sobre el tema a los nuevos dueños para evitar juicios. Es que los perjuicios podrían recaer sobre la Provincia en caso de que haya alguna mala praxis legal.
“”Considero que la enumeración de las condiciones de la cláusula 2 del Acuerdo Complementario, resultan orientadas a garantizar el cumplimiento de la indemnidad referida, y son oportunamente puestas en conocimiento de la futura titular de las acciones de PRC S.A.U. para que se dispongan los mecanismos necesarios que garanticen el estricto acatamiento de las mismas, debiéndose tener especialmente en consideración que su omisión puede ocasionar un daño patrimonial a la Provincia de Mendoza y a la misma PRC S.A.U., con las consecuentes responsabilidades por parte de los funcionarios, accionistas, directores y/o síndicos que ocupen los cargos directivos de la sociedad PRC S.A.U.”, dice el dictamen de Fiscalía de Estado. Entre otras cosas, ese proceso de blindaje incluye el pago de seguros y otras garantías.
“El gobernador Rodolfo Suarez debe redactar el decreto y luego deber ser ratificado por la Legislatura. Fiscalía de Estado sugiere algunos pasos a seguir para dar mayor transparencia. Entre ellos explicar el paso a paso de la búsqueda de inversores y también del estado de situación.
“En el expediente figuran los estudios ambientales que ratifican que no hay irregularidades, también la certificación de que PRC (estatal) es propietaria de los derechos mineros, el acuerdo de compra venta y un elemento clave: la creación del fideicomiso de garantía por el cual en el cual “la sociedad adjudicataria se constituye en fiduciante, entregando sus acciones en garantía del cumplimiento del plan de inversiones”.
“En el proceso de adjudicación del proyecto hubo varias idas y vueltas para perfeccionarlo; todo antes de emitir las normas legales. Por eso desde Fiscalía de Estado y los asesores legales creen que se cumplen los requisitos legales, aunque con temas perfectibles. La duda mayor es justamente el blindaje económico y legal para evitar que ocurra lo mismo que antes: el abandono.
“Mdzol.com
“Pablo Icardi
“26 de setiembre de 2023”.