22 de marzo de 2026
16:32hs.
“Lo que aún falta saber a 50 años del golpe
“Represoras: el rol invisibilizado de mujeres en el aparato del terror
“Jugaron un papel importante en el espionaje, pero sin que hayan avanzado demasiado las investigaciones. La mayoría de las condenas son por casos vinculados al robo de niños, aunque también hay sentencias contra guardiacárceles y torturadoras.
“A 50 años del último golpe de Estado, hay aspectos desconocidos del aparato represivo que empleó la última dictadura para llevar adelante su plan de exterminio y desaparición forzada. Uno de esos agujeros negros es el rol que cumplieron las mujeres como parte de la maquinaria criminal del Estado. Hubo funcionarias judiciales o parteras implicadas en la apropiación de niños y niñas. Policías y guardiacárceles fueron claves en el sometimiento de quienes estaban privados de su libertad. Pero fundamentalmente hubo agentes femeninas dentro del aparato de inteligencia, donde operaba el verdadero cerebro de la represión.
“El jueves, el abogado Pablo Llonto hizo una presentación ante el juez federal Daniel Rafecas en la que se detallaban los nombres o apodos de más de 300 represores que todavía no fueron investigados. Todos ellos fueron mencionados por sobrevivientes de los campos de concentración del Primer Cuerpo de Ejército o figuran en informes que fueron aportados por distintas agencias estatales desde 2003, cuando ese expediente empezó a tomar envión.
““El objetivo de presentar esta lista es ratificar que hay decenas de responsables de crímenes que deben ser investigados, ya que figuran en documentos o testimonios de las miles de causas que hay abiertas en todo el país. Queda mucho por hacer. Si bien se hizo mucho, los jueces y las juezas deben comprender que queda muy poco tiempo para lograr que los juicios pendientes sean realidad”, afirma Llonto, que, por estas horas, trabaja en listados de represores que habrían actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Campo de Mayo y en los campos de concentración de la provincia de Buenos Aires.
“En las primeras páginas de la presentación de Llonto figuraban seis integrantes femeninas del área de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Los propios espías, con su lógica patriarcal, solían explicar que las mujeres eran más efectivas para infiltrarse sin levantar sospechas.
“En 2022, el fiscal Eduardo Taiano –hoy, eje de las críticas por su rol en la investigación de la estafa $LIBRA– imputó por crímenes de lesa humanidad a Isabel María Margarita Correa. Lo hizo después de que Página/12 revelara que Correa había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura.
“Correa se incorporó en 1969 al Cuerpo de Informaciones de la PFA, un organismo secreto del que solo se sabe algo cuando se descubre alguna infiltración en ámbitos políticos. En su legajo figuraban –para 1982– dos menciones sobre su rol durante los años del terrorismo de Estado. Una explicaba: “La causante presta servicios en el Cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la Agrupación Madres de Terroristas, siendo detectada”. En otra parte de su legajo figuraba: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un ex-integrante de un organismo de seguridad, como perteneciente a organismos involucrados en la lucha antisubversiva”.
“Quien la había mencionado era Luis “Japonés” Martínez, un exintegrante de la PFA que había sido detenido en marzo de 1981 en Suiza mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo. Martínez había dado una declaración ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que solo se conoció parcialmente.
“En su descargo, Martínez se había referido a lo sucedido con las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, secuestradas en diciembre de 1977 y llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) junto a tres de las primeras integrantes de Madres de Plaza de Mayo. “Se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia anexado a Seguridad Federal. Esta mujer llevaba el cabello largo en cola de caballo hasta la cintura”, había detallado Martínez.
“El “Japonés” había dicho también que en general había “numerosas mujeres” en tareas de infiltración, y mencionaba casos de espías en las universidades. Por entonces, Correa estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“A partir de estos datos, la Facultad de Filosofía y Letras se presentó como querellante, pidió que se investigara a Correa y que se relevaran los legajos del Cuerpo de Informaciones de la PFA para detectar si hubo otros espías dentro de esos claustros. El relevamiento se hizo por orden del juez federal Ariel Lijo, por entonces a cargo de la megacausa ESMA.
“Uno de los legajos que más llamó la atención a los operadores judiciales fue el de Lidia González, una psicóloga que formaba parte del Cuerpo de Informaciones. Mientras oficiaba como espía, atendía a una nena que era hija de víctimas del terrorismo de Estado: su mamá estaba presa y su papá había sido secuestrado y apareció asesinado.
“Entre 1994 y 1995, quien calificó a González fue el comisario Emilio Eduardo Kalinec –condenado a prisión perpetua por crímenes en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO) y repudiado por una de sus hijas. “Será la primera mujer en acceder a la jerarquía de Oficial 1ª de Informaciones de la historia del Cuerpo”, la ponderaba el “Doctor K”, que desde diciembre goza de libertad condicional.
“En 2011, Víctor Armando Luchina, un exintegrante de la PFA que declaró en el Juicio a las Juntas, se presentó ante la justicia federal. Allí contó que el personal de inteligencia se movía de civil para infiltrarse en organizaciones gremiales y estudiantiles, entre otras, sobre la base de la información que obtenían confeccionaban informes que llevaban al edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), en la calle Moreno al 1400.
““Había mujeres de la Superintendencia que salían a hacer procedimientos con el personal de las brigadas”, relató entonces Luchina. Las brigadas eran las que se dedicaban a secuestrar. Contó también que las mujeres policías salían con agentes masculinos para hacer seguimientos y poder pasar por “parejas de novios”.
“No solo había espías mujeres en la PFA; las había también en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y en el Batallón de Inteligencia 601 –como puede verse en los listados que fueron desclasificados. En la SIDE se recuerda el caso de Marta Tezanos Pinto, que participó en al menos un secuestro con la banda de Aníbal Gordon en 1977. Silvia Tolchinsky, secuestrada en el operativo que el Batallón 601 montó contra los militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva, declaró que, para 1982, la mantenían cautiva en un departamento en el que se alternaban tres guardiacárceles –Mónica, Claudia y Ana.
““En inteligencia se sabe que había muchas mujeres, pero no se las ha investigado. Sería muy importante hacerlo”, dice Claudia Lencina, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Se investigaron algunos casos de guardiacárceles. Hubo algunos, como el de Marta Cejas en Santiago del Estero, que se juzgaron, pero por ciertas particularidades como la de ser pareja de Antonio Musa Azar. Eran muchas y lo representativo es que demostraban sadismo con las víctimas”, explica.
“Hay algunos casos de policías condenadas, como María Eva Aebi en Santa Fe y Mirta Graciela Antón en Córdoba. La “Cuca” Antón fue la primera mujer en ser sentenciada a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Como señala la periodista Ana Mariani en su libro, Antón es hija, hermana y pareja de policías. Se desempeñaba en el Departamento 2 (D2) de Inteligencia de la policía cordobesa. Hay testimonios que dan cuenta de que Antón no abandonó sus labores como torturadora incluso cuando cursaba un embarazo.
“Eran efectivamente pocas las mujeres que alcanzaban alguna jerarquía dentro de los cuerpos represivos. “Hay poco para decir sobre el rol que jugaron las mujeres en la represión porque, en parte por la propia condición patriarcal de las fuerzas, no admitían mujeres. Por otro lado, la participación de las mujeres en los grupos de poder era mínima. Sí aparecen en la función pública, en la justicia y en el circuito de apropiación de niños. Son también mencionadas por prisioneras políticas y sabemos que tuvieron un papel importante en la inteligencia”, afirma la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
“En la actualidad hay 1231 personas condenadas por delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura, según las estadísticas que publicó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). De acuerdo con esa misma fuente, superan las 1000 personas entre quienes fueron imputados, procesados, indagados o recibieron una falta de mérito. Los datos no están desagregados por género.
“La mayoría de las mujeres que afrontan investigaciones por crímenes de lesa humanidad lo están por su actuación en casos de sustracción de menores. Hay obstetras condenadas por su actuación en el Hospital Militar de Campo de Mayo, como los casos de Yolanda Arroche y Lidia Fanni Villavicencio.
“En 2023, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a Nora Pellicer, exsecretaria del juzgado de menores de Lomas de Zamora –a cargo de la jueza Marta Delia Pons– por lo que padecieron los hermanitos María, Mariano y Alejandro Ramírez después de que una patota de la Bonaerense matara a su mamá y la magistrada los enviara al Hogar Casa de Belén, que dependía de la iglesia Sagrada Familia de Banfield.
“Lejos de ser un espacio de cuidado para ellos, el Hogar Casa de Belén fue un verdadero infierno, donde recibieron malos tratos, golpizas, abusos e incluso cambiaron su identidad para dificultar que su familia pudiera localizarlos. Nada de eso hubiera sido posible sin el beneplácito de la jueza Pons, quien –según sus empleados– se jactaba de tener línea directa con Ramón Camps, el jefe de la policía Bonaerense y máximo responsable de los campos de concentración en territorio provincial. Pons también se negaba a devolverles a las Abuelas sus nietos o nietas porque las acusaba de haber criado hijos “subversivos”.
“Pagina12.com.ar
“Luciana Bertoia
“21 de marzo de 2026”.
Foto: Horacio Villalobos / AGN
