22 de septiembre de 2026
20:26hs.
“Economía
“Incertidumbre regulatoria: Cómo la ley de Glaciares condiciona la inversión
“Desde Gemera advierten que sin reglas previsibles y respeto por las competencias provinciales será difícil atraer las inversiones de largo plazo.
“La minería argentina atraviesa una etapa decisiva, marcada por el interés global en los minerales críticos para la transición energética y, al mismo tiempo, por debates regulatorios que condicionan el ritmo de inversión. En ese cruce se ubica la discusión en torno a la Ley de Protección de Glaciares y del ambiente periglacial, una norma que, si bien persigue un objetivo ambiental incuestionable, ha generado —según advierten desde el sector— incertidumbre jurídica y efectos concretos sobre la exploración en zonas de alta montaña.
“Desde Gemera, asociación empresarial clave del sector, el diagnóstico es claro: sin reglas precisas, previsibles y técnicamente bien definidas, resulta difícil avanzar en proyectos que requieren inversiones de largo plazo y una planificación compleja. Fundada en 1993, Gemera nuclea a la mayoría de las compañías de exploración activas en el país y tiene como misión defender los intereses de la actividad minera, promoviendo la exploración y el desarrollo sostenible de proyectos en distintas provincias argentinas.
“A partir de una entrevista con la entidad, surgen definiciones que permiten entender cómo impacta la Ley de Glaciares en la minería, qué ocurre en provincias como San Juan y por qué la claridad normativa es considerada un factor decisivo para que Argentina pueda aprovechar su potencial geológico.
“Un cambio de reglas que alteró la exploración en alta montaña
“Para Gemera, el principal efecto que tuvo la Ley de Protección de Glaciares y del ambiente periglacial fue la generación de incertidumbre regulatoria, especialmente en las zonas de altura. Se trata, justamente, de áreas donde existe un alto potencial de mineralización y donde suelen localizarse depósitos diseminados que requieren grandes obras de infraestructura para poder ser evaluados y, eventualmente, desarrollados.
“”La exploración en cordillera no se limita a un cateo o a una perforación puntual”, explican desde la asociación. Implica la apertura de caminos, la instalación de líneas eléctricas, la construcción de campamentos y una logística compleja en contextos geográficos extremos. Todas esas inversiones se planifican a largo plazo, con horizontes que van de varios años a décadas.
“En ese sentido, el sector recuerda que las tareas de exploración en la Cordillera de los Andes comenzaron con fuerza en la década del 90, impulsadas por la sanción de la Ley de Inversiones Mineras. Dos décadas después, en 2010, se sancionó la Ley de Glaciares. Para muchas empresas, ese cambio normativo implicó una modificación de las reglas de juego cuando ya se habían realizado inversiones importantes, especialmente en infraestructura básica como caminos de acceso.
“Desde la óptica de Gemera, esa alteración afectó la seguridad jurídica, un concepto central para cualquier actividad intensiva en capital. “Las inversiones mineras no se definen de un año para otro; requieren previsibilidad y estabilidad normativa para poder sostenerse en el tiempo”, remarcan.
“Uno de los puntos centrales del debate es quién debe regular y de qué manera. Para Gemera, la protección de los glaciares no está en discusión: es un objetivo compartido por toda la industria minera moderna. El problema, sostienen, radica en cómo se regula y en la falta de precisión técnica de algunos conceptos clave.
“La reforma de la Constitución Nacional de 1994 dejó explícito que el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias. En ese marco, desde la asociación consideran que la normativa actual presenta un desafío institucional, en particular por la ambigüedad en la definición de “ambiente periglacial”.
“Tal como está redactado, ese concepto genera superposiciones regulatorias y criterios dispares en su aplicación. En la práctica, esto se traduce en interpretaciones diferentes según la autoridad interviniente, lo que incrementa la incertidumbre para los proyectos.
“La propuesta de Gemera apunta a un ordenamiento de competencias: que la Nación establezca criterios generales de protección ambiental y que las provincias —como titulares de los recursos y responsables de la gestión del agua— definan las prácticas específicas, los controles y las condiciones para garantizar una protección efectiva y, al mismo tiempo, previsibilidad.
“”Solo un esquema regulatorio claro, técnicamente preciso y alineado con las competencias provinciales puede ofrecer la seguridad jurídica que requiere la inversión minera responsable”, sintetizan.
“Rediseños forzados
“El impacto de la falta de definiciones claras no es teórico. En provincias mineras como San Juan —y también en otras jurisdicciones cordilleranas— la incertidumbre sobre qué se considera ambiente periglacial tuvo consecuencias concretas sobre el ritmo de inversión.
“Según detalla Gemera, en algunos casos la exploración directamente se detuvo. En otros, proyectos que ya habían realizado inversiones significativas se vieron obligados a recalcular diseños, reconfigurar áreas de trabajo y ajustar sus modelos de desarrollo.
“Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de los glaciares de escombros, tanto activos como inactivos. Para estos cuerpos, la autoridad regulatoria aún requiere definiciones más precisas en relación con su función hídrica. Mientras tanto, las empresas deben operar en un marco de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones técnicas y económicas.
“A esto se suma otro factor clave: la demora en el Inventario Nacional de Glaciares. La ley establecía inicialmente un plazo de 120 días para su realización, pero los resultados recién se publicaron en 2018. Durante ese período prolongado sin definiciones concluyentes, varios proyectos enfrentaron dificultades para avanzar, aun cumpliendo con las normas ambientales vigentes en cada provincia.
“Decisiones de inversión en pausa
“Para la minería, especialmente en alta montaña, la claridad regulatoria es tan importante como la calidad del recurso geológico. Las leyes o marcos normativos con definiciones imprecisas, advierte Gemera, afectan de manera directa la planificación de proyectos de gran escala.
“No se trata solo de la ingeniería del yacimiento, sino de toda la infraestructura asociada: accesos viales, provisión de energía, logística, campamentos y servicios. Cada una de esas decisiones se toma con años de anticipación y requiere certezas sobre qué áreas son aptas, bajo qué condiciones y con qué criterios técnicos.
“Cobre, transición energética y desarrollo regional
“El debate sobre la Ley de Glaciares no se limita a una discusión jurídica o ambiental. Para Gemera, también está en juego la posibilidad de que Argentina se consolide como un actor relevante en la oferta global de minerales necesarios para la electrificación, las energías renovables y la descarbonización.
“El desarrollo de proyectos de cobre —en especial en regiones cordilleranas— podría generar miles de empleos de calidad, fortalecer cadenas de proveedores locales, impulsar infraestructura regional y contribuir al desarrollo sostenible de provincias que hoy dependen de pocas actividades económicas.
“Losandes.com.ar
“8 de febrero de 2026”.
