06 de agosto de 2026
18:22hs.
Seis proyectos para dejar de ser un país
En el año 1602, el gobierno de Holanda concedió el monopolio sobre el comercio asiático a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Un año más tarde, crearon el primer puesto comercial permanente de los Países Bajos en lo que hoy es Indonesia, que se estableció en Batavia (hoy Yakarta). En 1610, el príncipe Jayawikarta concedió permiso a los comerciantes holandeses para construir sus casas de madera y puertos en la orilla este del río Ciliwung, frente a Batavia.
En el año 1619, el asentamiento holandés era fuerte militarmente y con numerosos esclavos, por lo que construyeron canales y fortalezas para evitar el ingreso de los nativos porque temían una insurrección. Solo podían ingresar con autorización expresa y para hacer determinados trabajos, y debían luego salir de Batavia.
Fue colonia holandesa hasta 1942, tenía una población de 435.000 habitantes y hasta universidad cuando Japón la ocupó el 9 de marzo de ese año. La ciudad fue rebautizada como Yakarta; muchos edificios fueron destrozados, ya que el metal era necesario para la guerra, y muchas estatuas de hierro de la época colonial holandesa fueron retiradas por las tropas japonesas. Los edificios civiles fueron convertidos en campos de internamiento donde los holandeses fueron encarcelados.
En 1945, la ciudad fue ocupada brevemente por los aliados y luego fue devuelta a los holandeses. El nombre neerlandés, Batavia, siguió siendo el nombre reconocido internacionalmente hasta que se logró la plena independencia de Indonesia, y Yakarta fue proclamada oficialmente capital nacional el 27 de diciembre de 1949.
En el mismo camino que Batavia
El poder que está detrás de este gobierno pergeñó el DNU 70/23 aún vigente; la Ley 27.742, conocida como Ley Bases; la Ley 27.743 (paquete de medidas fiscales paliativas y relevantes), que incluyó el blanqueo de capitales; la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que invierte la lógica fiscal presumiendo la buena fe del contribuyente; la Ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional 2026, que en su artículo primero establece que “al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, por lo que se ajustan todas las partidas que conforman el gasto primario (gasto en salud, educación, obra pública, previsional y social) para generar el excedente financiero para pagar los intereses de la deuda; la retrógrada reforma laboral en la Ley 27.802; la Ley 27.804, que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial; la Ley 27.818, que aprueba el pago a fondos que no habían ingresado en los dos canjes de los Kirchner, etc.
Ese poder, donde prevalece cada vez más el capital financiero de Manhattan y el capital tecnológico de Silicon Valley, plantea seguir avanzando sobre nuestra Constitución nacional y los derechos de la población.
Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y se trata en el Senado de la Nación el jueves 6 de agosto de 2026. En este plantean:
a) Eliminar los topes de propiedad de la tierra en manos extranjeras, cuando, sin contar los testaferros [1], ya poseen más de 13.600.000 hectáreas en la Argentina, que es la superficie de toda Inglaterra en el país. Inclusive, el nuevo proyecto no pone límite de hectáreas por dueño o por origen del comprador extranjero.
b) Le permiten a los extranjeros el acceso a zonas de fronteras, a glaciares y a reservas de agua.
c) Propician acortamiento de los plazos y de los trámites de expulsión de su tierra a los que no puedan demostrar su propiedad, caso de los pueblos originarios, cuando están contemplados en los artículos 75, inc. 17, y 124 de nuestra Constitución nacional, en el Tratado de San José de Costa Rica y el Convenio 169 de la OIT, firmados por la Argentina, que reconocen la propiedad comunitaria.
d) Ídem en el caso de arrendatarios de tierras y de inquilinos de inmuebles.
e) Elimina la prohibición de vender o lotear tierras rurales que sufrieron incendios. Inclusive elimina la prohibición vigente en la ley 26.737 de Tierras Rurales de modificar los bosques naturales por 30 años.La propuesta se suma a otras medidas como el RIGI, las modificaciones vinculadas a la Ley de Glaciares y la derogación de la emergencia territorial indígena, reduciendo o eliminando regulaciones sobre el acceso y control de la tierra.
El productor agropecuario Pedro Peretti en su nota “Ley de Tierras: ¿Chau Argentina?” sostiene que la Ley 26.737 crea el Registro de Propiedad de Inmuebles Rurales “para saber la trazabilidad de la tierra, quién compra, quién vende, dónde; es decir, tener información”. Y advierte que el proyecto del Poder Ejecutivo aprobado en Diputados pone en riesgo la integridad del país: “[Es] la extranjerización de la tierra. Peligrosísimo, bajemos las persianas de un país que conocimos como la Argentina. De ahí a la balcanización tipo Yugoslavia o Colombia, hay un paso: de esta joda, salimos con cinco o seis Argentinas: una del petróleo, otra del litio, otra de la soja, etc. (…). Panamá era una provincia de Colombia, merced a la intervención directa de los Estados Unidos, para hacer un canal interoceánico, más la concupiscencia de un Presidente imbécil y cipayo, igual al nuestro, como lo fue José Manuel Marroquín, se independizó. Cuando Colombia quiso recuperar el istmo, ya estaban los marines yankis cuidando la “independencia” panameña y el canal en marcha”.
La propiedad de la tierra, desde los permisos de vaquería en la colonia, la ley de enfiteusis y las campañas del desierto después, es de unos pocos. El proyecto de “inviolabilidad” empeora aún más esa situación. Simplifica la adquisición de tierras rurales sin tener en cuenta que, en muchos casos, son comunidades indígenas o familias campesinas quienes habitan esas tierras, y van a ser desalojados por la nueva ley.
Super RIGI: El 24 de junio de 2026, el oficialismo logró la media sanción para el Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país como refinamiento y laminado de cobre; paneles solares; cadena de valor del uranio; baterías para autos eléctricos; turbinas eólicas; inteligencia artificial, data centers y semiconductores [2], etc.
La nueva legislación beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgando una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años, sin retenciones y libre disponibilidad de divisas. Aportarían un impuesto a las ganancias del 15% y amortizarían capital en tres años, además de otros beneficios fiscales. Los proyectos de inversión deben ser de 1.000 millones de dólares en más, y habilita arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver conflictos entre empresas y el Estado.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 19.550 de Sociedades, con el objetivo de la desregulación del régimen legal societario y de esa manera disminuir la responsabilidad de los propietarios de las empresas. Además, proponen la creación de la que denominan “sociedad automatizada”, que es un algoritmo con un domicilio electrónico que, de aprobarse este proyecto, va a realizar actividades no especificadas en la Argentina.
La OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), si bien se aboca al derecho de autor y a garantizar una protección a los creadores y permitir al mismo tiempo que prospere la innovación, se opone a que se le dé personería jurídica a los algoritmos.
Javier Milei y Federico Sturzenegger plantean convertir a Buenos Aires en un centro mundial de inteligencia artificial sin regulaciones estatales, comparándolo con el rol financiero y comercial de Ámsterdam en el siglo XVII. El filósofo e historiador israelí Yuval Noah Harari manifestó que, en lugar de ser la Ámsterdam del siglo XXI, va a ser la Batavia, advirtiendo que “Buenos Aires corre el riesgo de ser gobernada por corporaciones no humanas en lugar de ser un faro de libertad tecnológica”.
Proyecto de Inocencia Fiscal II: Más beneficios para los grandes contribuyentes. En la Ley de Inocencia Fiscal I habían puesto como límite que se podían acoger aquellas personas que tuvieran un ingreso anual hasta 1.000 millones de pesos (unos 670.000 dólares) y/o un patrimonio hasta 10.000 millones de pesos (unos 6.700.000 dólares). Ahora es sin límite alguno. Y en todos los casos pueden adherirse los funcionarios públicos, sin contemplar la ley de ética pública que juraron cumplir y respetar.
El nuevo proyecto introduce cambios en la carga de la prueba y agrega una vía de salvataje para el contribuyente que enfrente un cuestionamiento del organismo recaudador. Luis Caputo explicó que, a partir de las incorporaciones al artículo 40 del nuevo proyecto, la carga probatoria pasa a recaer sobre ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Esto implica que, para sostener la existencia de una discrepancia significativa, el organismo no podrá recurrir a presunciones. Deberá basarse exclusivamente en la información que el propio contribuyente declaró, en los datos que surgen de sus sistemas internos o en información aportada por terceros. Este hecho es claramente inconstitucional porque las facultades del Estado, las de controlar, fiscalizar y recaudar, no se pueden delegar en el contribuyente.
Obviando que el titular de la ARCA, que es el encargado de verificar la declaración de los contribuyentes, está acusado de enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos; cuentas en el exterior sin declarar y cheques a su nombre en condominios no declarados.
Proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA: Más allá del circo de la grabación del Presidente al respecto del día 30 de julio de 2026, lo concreto es que buscan perpetuar la actual administración, que es la que garantiza el carry trade, absorbiendo liquidez con altos encajes y promoviendo que cada vez mayor porcentaje de la capacidad crediticia de los bancos y compañías financieras autorizadas a funcionar por el BCRA financie a la Administración Nacional.
El desfase entre el total de ahorro captado por las entidades y el crédito generado, se debe fundamentalmente a que la mayor parte de los títulos de deuda pública nacional que el Tesoro de la Nación licita dos veces al mes son tomados por los bancos (incluso pueden compensar parte del encaje bancario con títulos de Tesoro de la Nación).
El tándem Caputo-Bausili (socios en la consultora Anker) ha creado las LECAP y los BONCAP, que son la parte de los intereses de la deuda pública nacional que, pese al brutal ajuste del gasto del Estado nacional, no pueden pagar y deben capitalizar. Así, suman 84.370 millones de dólares a junio 2026 (son títulos en pesos; la conversión a dólares la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación). La mayor parte la colocan en los bancos del sistema (públicos y privados).
El total del crédito generado por el sistema financiero argentino es de aproximadamente el 16% del PIB, si bien el 7,5% del PIB es destinado a financiar al Estado Nacional, fundamentalmente por medio de los títulos públicos.
Por ende, toda la mentira de que el BCRA no presta por adelantos al Tesoro y que se limita el artículo 20 de la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA es circo. El BCRA propicia que el sistema financiero financie al Estado con LECAP Y BONCAP.
Por otra parte, en toda la gestión 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, el BCRA transfirió supuestas utilidades del BCRA al Tesoro de la Nación, que el presupuesto nacional contabiliza como rentas de la propiedad y que ahora promete prohibir por ley.
Sí es cierto que buscan principalmente que el actual directorio, con Santiago Bauisli de presidente y Vladimir Werning de vicepresidente, funcionales al JP Morgan, continúe hasta diciembre de 2029, dado que la ley 24.144 le confiere un mandato de seis años, pero como no fueron confirmados por el Senado, este proyecto busca que se los nombre por ley. Y agrega que, para que un miembro del Directorio del BCRA sea removido, se requerirá la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de la Nación; mientras parte de la población vote como vota, le asegura la permanencia, hagan lo que hagan.
Proyecto de shutdown (cerrar): Lo anunciaron y lo vienen realizando. Frenan la obra pública, licuan salarios, jubilaciones y pensiones ajustados por un índice de precios que dista de ser real, vetan la Ley de Financiamiento Universitario y las de Emergencias Pediátrica y en Discapacidad, que tienen insistencia del Congreso de la Nación. Además, vetan la ley que declaraba la emergencia y catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca; la ley que otorgaba un incremento excepcional del 7,2% para jubilaciones y pensiones; la ley que restituía la moratoria previsional (mecanismo para acceder a la jubilación completando aportes) y la ley que cambiaba el esquema de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para que se coparticipe de acuerdo a la ley 23.548 y no al antojo del Poder Ejecutivo.
Es más,en algunos casos, el Estado nacional ha transferido obras públicas nacionales a las provincias, como pasa con planes de viviendas, obras de saneamiento y edificios escolares a Santa Fe.
En síntesis
Los seis proyectos buscan minar el control estatal y priorizan la concentración económica. Las grandes empresas se financian colocando obligaciones negociables en el exterior (la más de las veces, autopréstamos con fondos que fugaron antes). El resto de los tomadores de créditos pagan tasas usurarias (tasas desreguladas por el DNU 70/23), lo que los lleva a la quiebra y arrastra a las entidades que no van a recuperar lo prestado.
Grandes bancos que van a absorber a los que se caen van a ser los que financian al Estado y le van a imponer las tasas y las condiciones. En 1974 había 800 entidades crediticias y el crédito sobre el PIB era del 40%. A junio de 2026 son 77 entidades entre bancos y compañías financieras; el crédito es solo el 16% del PIB, de los cuales 7,5% financian la deuda del Tesoro de la Nación.
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] Caso del ex polista santafesino Hugo Barabucci, quien compró tierras ubicadas junto al río Alto Chubut (provincia de Río Negro) con capitales de la realeza del emirato de Abu Dhabi, del Golfo Pérsico, y allí viven mapuches desde tiempos inmemoriales.
[2] Tienen nombre y apellido: Palantir, Amazon, Google, Apple, Microsoft.
Foto: “El castillo de Batavia”, Andries Beeckman, 1662
