03 de agosto de 2026
18:08hs.
Cultura de violencia en Centroamérica: un pesado legado histórico
Marcelo Colussi y Mario S. de León
Introducción
Al hablar de la violencia, debe hacerse una precisión muy importante desde el inicio: no estamos ante un instinto de orden biológico, ante un comportamiento natural, genético, que nos marca un camino ineludible. La violencia, en cualquiera de sus formas, dado que adquiere muy diversas manifestaciones, hay que entenderla como resultado de un complejo proceso de humanización, de socialización, donde la cría humana deviene una más, adaptada a lo que se considera la normalidad dominante, siempre en una relación tensa y dinámica con otros dos grandes elementos: el conflicto y el poder.
La realidad humana, en términos histórico-sociales, no puede abordarse desde el concepto biológico de homeostasis (equilibrio). Nuestra condición en este campo está marcada por el conflicto, por la lucha, por la desavenencia. Ello es producto de la manera en que esa cría ingresa en el orden simbólico que la constituye como un ser humano, a partir de una tensión originaria que siempre podrá hacer ver al otro —además de compañero— como posible rival. En otros términos, no podemos considerar a la violencia como un elemento “maligno” en sí mismo, casi como una “esencia”, sino en una dialéctica y compleja relación con los otros elementos de la tríada: el conflicto y el poder, distintivos de lo humano. Esta perspectiva coincide con la de Hannah Arendt, quien en Sobre la violencia (1970) distingue analíticamente entre poder, fuerza, autoridad y violencia, señalando que la violencia es instrumental por naturaleza y no constituye en sí misma una forma de poder. Sin embargo, cuando el poder político se agota o entra en crisis, la violencia tiende a ocupar ese vacío.
Distintas miradas, en Occidente y en Oriente, en distintas cosmovisiones a lo largo de la historia, la conceptualizan como un elemento presente en nuestro devenir en tanto especie, adversándola o aceptándola resignadamente como parte constitutiva de nuestra condición, pero siempre dándole un lugar, no considerándola una rara anomalía. En cualquier latitud y en cualquier momento histórico, hay guerra, opresión, distintas formas de violencia. “La guerra (pólemos) es padre de todas las cosas”, dirá Heráclito en la antigüedad clásica de Grecia. “La historia es un altar sacrificial”, expresa Hegel, y Marx retoma esa idea agregando que “La violencia es la partera de la historia”.
En otros términos, la violencia es consustancial a lo humano. “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”, rezaba un dicho romano. La violencia es la expresión más evidente —y descarnada, a veces sangrienta— de los eternos juegos de poder. Su presencia, no obstante, no puede aplaudirse ni glorificarse; en todo caso, debe oponérsele algo para mantenerla al nivel más bajo posible. He ahí la ley entonces, que organiza las sociedades. La ley, que no necesariamente es justa ni equitativa, que está formulada siempre desde una posición de poder (“Es lo que conviene al más fuerte”, sentencia Trasímaco en la Grecia clásica; “Está hecha para y por los dominadores, y concede escasas prerrogativas a los dominados”, agrega Sigmund Freud en 1932), nos aleja del caos permitiendo la convivencia social. De todas maneras, la violencia de algún modo siempre se filtra, asumiendo distintas formas.
Johan Galtung (1969), uno de los principales teóricos de la paz, propuso la distinción entre violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La primera es la más visible: implica agresiones físicas y psicológicas. La violencia estructural, en cambio, es aquella que se produce por las injusticias del orden social, especialmente la pobreza, la exclusión y la discriminación sistémica. La violencia cultural, por último, legitima y naturaliza las dos anteriores a través de la religión, la ideología, el arte y los sistemas de valores. Esta tríada analítica resulta especialmente pertinente para el análisis de Centroamérica, donde las tres formas se articulan y refuerzan mutuamente.
Más que escandalizarnos de la violencia o, más precisamente dicho, de las violencias, dado que asumen muy distintas formas, podemos/debemos encararlas con inteligencia para ver cómo se pueden desmontar, atemperar, buscar su procesamiento. Apuntar a un paraíso de paz y sosiego es un imposible, un camino inconducente; pero tampoco puede apostarse por el darwinismo social, por la apología del más fuerte, santificando la violencia y entronizando las jerarquías sociales como algo natural o de carácter divino. Lo humano es siempre histórico y las modalidades que han adquirido las violencias también lo son; por tanto, es pensable un mundo —o, para nuestro caso ahora, una región centroamericana— con índices de violencia más bajos, donde la vida no sea solo un desafío diario, sino que valga la pena vivirla.
Centroamérica, por un complejo entrecruzamiento de causas que trataremos de ir identificando a lo largo del presente texto, evidencia una historia de violencias muy crudas, sin anestesia, si vale decirlo así, con fiereza. Todo eso es producto de una historia que, al día de hoy, ya entrada la tercera década del siglo XXI, presenta a las violencias como algo normalizado. Adversadas, por un lado, pero asumidas al mismo tiempo como una cultura dominante, algo que siempre fue así y no se ve necesitado de cambio, hacen parte consustancial de toda la región, con una aspereza mayor que en otras zonas del continente.
Lo que estalló en forma sangrienta mostrando niveles de crueldad alarmantes, lo que se puso en total evidencia con las guerras internas que prácticamente toda la región vivió en estas últimas décadas, no es sino la expresión de algo que hoy sigue presente y que viene desde siglos atrás. “La historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento armado”, concluyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1998, p. 79) al investigar la guerra civil en Guatemala, conclusión que puede ser válida —salvando las distancias— para todos los países del área que sufrieron procesos similares.
Luego de los recientes años cuando, en el marco de la Guerra Fría que vivían las dos superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, los países del istmo se desangraron en conflictos internos, hoy día, aunque formalmente ya no se libran guerras en ningún territorio centroamericano, la percepción dominante hace sentir la vida cotidiana como que sí, efectivamente, se vivieran un clima cuasibélico. En la actualidad, repitiendo los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana nos confronta con nuevas formas de violencia, amenazantes y paralizantes. No hay enfrentamientos armados entre Ejércitos o fuerzas estatales y movimientos guerrilleros insurgentes, pero la situación de inseguridad que se vive a diario, en zonas urbanas y rurales, comparativamente es igual de preocupante.
En muy buena medida, a partir de las matrices de opinión generadas por los medios masivos de comunicación, tiende a identificarse “violencia” con “delincuencia”. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Esa identificación es, cuanto menos, errónea, si no producto de una interesada manipulación. Pero se pueden anotar como causas de la situación actual, de esta epidemia de violencias que se sufre a diario y que no es solo delincuencia, un entrecruzamiento de factores:
La pauperización generalizada, con un promedio regional que ronda el 50 % de la población bajo el límite de pobreza (Costa Rica es la excepción).
La desigualdad y exclusión en la distribución de los recursos económicos, políticos y sociales, con irritantes asimetrías entre grupos sociales.
El legado histórico de violencia y su consecuente aceptación en la dinámica cotidiana normal. Además de las devastadoras guerras internas de largos y sombríos años, también puede mencionarse como constantes normalizadas: corrupción, dictaduras, elecciones fraudulentas, violación sistemática a los derechos humanos, marcado racismo, cultura patriarcal como pauta dominante, menosprecio de lo diverso.
Una cultura de violencia que se manifiesta desde el mismo Estado y la forma en la que éste se relaciona con la población: abuso de poder y, al mismo tiempo, ausencia o debilidad extrema en su función específica de brindar servicios públicos (salud, educación, infraestructura básica, transporte, seguridad ciudadana). Lo único que funciona aceitadamente es la represión de la protesta popular.
La impunidad generalizada, con sistemas de justicia débiles e inoperantes, ineficientes en el cumplimiento de su función específica.
Marcada militarización de la cultura ciudadana (con una cantidad desconocida de empresas de seguridad privada, muchas de ellas trabajando sin las correspondientes autorizaciones de ley, aumentando exponencialmente la cantidad de agentes armados por estas empresas en relación a la fuerza policial pública). A ello se suma una generalizada paranoia social con respuestas reactivas: medidas de seguridad por todas partes, población civil armada, desconfianza, casas amuralladas, barrotes y alambradas, puestos de control.
Una acentuada cultura del silencio producto de la ineficiencia de los sistemas de justicia, y también herencia del miedo generado por los conflictos armados recientemente vividos, todo lo cual predispone para no presentar denuncias, no decir nada, dejar pasar, aguantar. Y, en el peor de los casos, tomar justicia por mano propia; de ahí que los linchamientos no son fenómenos raros en esa dinámica.
Junto al trauma y el sufrimiento que se genera en las víctimas de cualquier forma de violencia, lo cual refuerza en un círculo vicioso su normalidad y aceptación resignada, se encuentran costos económicos abrumadores a nivel nacional, que evidencian que las mismas son un factor altamente negativo en la construcción de sociedades más justas y equilibradas. Dichos costos se estiman en alrededor del 8 % del producto interno bruto (PIB) regional, donde se incluyen la seguridad de los ciudadanos, los procesos judiciales y los gastos de los sistemas de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017) estima que la violencia cuesta a Centroamérica y México alrededor de 261.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3,5 % del PIB regional, incluyendo costos directos e indirectos.
Para abordar las violencias en su justa dimensión en una lectura desde las ciencias sociales (sociología, antropología, historia, psicología, siempre en clave de pensamiento crítico), presentaremos aquí cinco categorías. Las mismas serán revisadas, cada una por separado, en términos teórico-conceptuales, con algunos ejemplos que sirvan para explicitar lo dicho.
La violencia social y económica en cada país: los niveles de pobreza, la marginalidad e informalidad laboral, la vulnerabilidad, la precariedad generalizada, los niveles agudos de desnutrición, analfabetismo y de salud integral. La falta de calidad de vida y bienestar, de oportunidades de movilidad y ascenso social y económico. Ambas violencias se relacionan con las migraciones masivas en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
La violencia histórico-estructural estatal: la violencia y terrorismo del(os) aparato(s) del(os) Estado(os) en Centroamérica y las guerras civiles/conflictos armados y su composición orgánica.
La violencia patriarcal: femicidio y su normalización, violencia de género, contra la diversidad sexual (LGBTQ+), violencia intrafamiliar y criminalización del aborto y otras subcategorías más.
La violencia étnica y sociocultural: de las “sociedades mayoritarias” sobre “las sociedades minoritarias”. Los Estados centroamericanos y sus políticas estructurales racistas. El genocidio y las defensas territoriales. Represión sistemática y continua.
La violencia psicológica y física normalizada en la cotidianeidad: la delincuencia. Cultura de violencia generalizada. Delincuencia común, crimen organizado, narcoactividad, contrabando, trata de personas y derivados.
Violencias social y económica
Centroamérica, considerada como unidad, es la región más empobrecida de todo el continente americano. Si Latinoamérica presenta los índices de mayor brecha entre ricos y pobres a nivel mundial, en el istmo centroamericano esa distancia se agiganta. Solo para muestra, citemos el caso de Guatemala. Esta nación, junto a un pequeño puñado de países con características bastante similares, en las mediciones de desarrollo humano que periódicamente realiza Naciones Unidas, siempre evidencia los peores índices de distribución de la renta nacional; es decir, es de los diez lugares del mundo donde las diferencias entre ricos y pobres son más irritantes. Una investigación realizada por la empresa Wealth-X, asociada al banco suizo UBS —Union Bank of Switzerland— mostraba que:
0.001 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos tienen más capital que el resto de la sociedad. (…) hay 260 ultra-ricos guatemaltecos que poseen un capital de US$30 mil millones, lo que representa el 56% del PIB. (…) Los $30 mil millones [de dólares] son Q [quetzales] 231 mil millones. Esto equivale a lo que el Estado de Guatemala recauda cada cuatro años. (Rodas, 2015)
Esta tendencia a la hiperconcentración de la riqueza en pocas manos es lo distintivo del área en términos socioeconómicos. En todos los países, en mayor o menor grado, se reproduce esa estructura: pequeñas élites acaparan básicamente la riqueza nacional, con una muy alta concentración de la tierra (el 1 % de la población detenta dos tercios o más de las tierras cultivables) y, junto a ello, poblaciones que viven en la pobreza crónica, o incluso en la indigencia. Según la CEPAL (2022), la región centroamericana presenta uno de los coeficientes de Gini más elevados del mundo, con valores que oscilan entre 0,45 y 0,53 en la mayoría de los países, lo que la convierte en un territorio estructuralmente inequitativo.
Las condiciones generales de vida de las grandes masas populares son malas, con escaso acceso a servicios públicos, siempre de mala calidad, desfinanciados, precarios, en situación de vulnerabilidad, sin mayores posibilidades de movilidad social y ascenso económico, condenadas a la exclusión social y a la pobreza en países que, en realidad, no son pobres, sino que están empobrecidos. Países que producen alimentos y podrían asegurar una buena nutrición para toda su población, paradójicamente presentan los niveles más altos de malnutrición crónica. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años más alta de América Latina y la cuarta en el mundo, con un 46,5 % según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021), situación que se agrava dramáticamente en los departamentos con mayoría de población indígena como Totonicapán, Huehuetenango y Quiché.
La producción, básicamente agraria, está destinada en buena medida al mercado internacional (azúcar, café, palma aceitera, frutas), con oligarquías que manejan los países con criterios de finca propia y con débiles procesos de industrialización básica, fundamentalmente maquilas. En años recientes se asiste a procesos de extractivismo creciente, con inversiones en minería, hidroeléctricas y cultivos extensivos dedicados al agronegocio. En las economías de la región ha jugado y sigue jugando un papel muy importante la presencia de capitales estadounidenses. La injerencia de Washington en el área es decisiva en las dinámicas políticas, con continua influencia política y, a veces, militar. Harvey (2004) ha descrito este proceso como “acumulación por desposesión”, caracterizando el despojo sistemático de tierras y recursos naturales a comunidades rurales e indígenas en nombre del “desarrollo” y la “inversión”.
La sumatoria de todas esas causas, más una cultura de violencia que se remonta a la Colonia, cuando los encomenderos y las primeras familias nobles españolas o criollas practicaban una suerte de esclavitud encubierta con los pueblos originarios, fue el caldo de cultivo para la sucesión de guerras civiles que estallaron en la región durante el siglo XX. La opresión económica histórica, con niveles de desigualdad y exclusión social impresionantes, detonaron sucesos de violencia bélica, cuyos efectos se dejan sentir aún hoy, varias décadas después de acalladas las armas. Esas condiciones de violencia social y económica de base tienen como efecto inmediato al menos dos elementos: las migraciones masivas y la violencia delincuencial.
Centroamérica es uno de los lugares del mundo que más población expulsa. Si bien es cierto que mucha gente huye de sus países de origen debido a la violencia cotidiana dada por la criminalidad reinante, por las extorsiones de pandillas y, en muchas ocasiones, por la violencia intrafamiliar, el grueso de las masivas migraciones, cada vez más numerosas en búsqueda del presunto sueño americano, se deben a la desigualdad económica existente. Las poblaciones, aun sabiendo los riesgos que conlleva la migración en condiciones de precariedad, optan por correr el riesgo de cruzar el desierto enfrentándose a numerosos y crueles peligros: secuestros, asesinatos, extorsiones, además del rechazo de las guardias fronterizas, porque, si bien eso es un infierno, más aún lo es la vida en las condiciones en que se desenvuelve en sus lugares de origen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2022) señala que el número de solicitantes de asilo provenientes del Triángulo Norte se quintuplicó entre 2012 y 2022, reflejando la magnitud de la crisis humanitaria en la región. Al día de hoy, si bien esas masivas migraciones de han detenido un poco debido a la terrible política migratoria que impuso el actual presidente Donald Trump, no se han detenido por completo.
La pobreza estructural crónica, que definitivamente es una forma de violencia que atenta contra la vida misma y la calidad de la vida, en tanto constante histórica en la región centroamericana desde hace ya largos siglos, se ha visto profundizada en estas últimas décadas por los planes de ajuste neoliberal que los organismos crediticios del Consenso de Washington (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) impusieron mundialmente. Ello trajo aparejado una mayor pobreza y un crecimiento de gente en situación de desesperación. Tal como lo dice Atilio Boron:
En el primer sentido, hay menos proletarios “clásicos” que antes, en el mundo desarrollado tanto como en la periferia; pero en otro sentido podría decirse que jamás ha habido en la historia del capitalismo tantos proletarios como hoy, si bien de un nuevo tipo. Es esto lo que tiene en mente Frei Beto cuando habla del “pobretariado” latinoamericano y su papel en la transformación de nuestras sociedades. Un “pobretariado” constituido por (…) hombres y mujeres para quienes este sistema no abriga esperanza alguna. (2008, p. 127)
Ante esa desesperación que provoca la falta de perspectiva económica, la migración se ve como una salida. Además, para algunos jóvenes, según estudios consistentes, para el 10 % de los jóvenes de barriadas pobres (Colussi et al., 2016), la entrada en los circuitos delincuenciales sería otra opción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) estima que en Centroamérica el 63 % del empleo es informal, situación que agrava la vulnerabilidad económica de millones de familias y limita el acceso a derechos laborales básicos.
Totalmente lejos de criminalizar a la pobreza, es sabido que las condiciones de exclusión económica, en lo común en las áreas urbanas, son un caldo de cultivo para la aparición de conductas transgresoras. La invitación al dinero fácil es siempre una tentación. Cuando se combinan estos factores: marginalidad, pobreza, familias desestructuradas, poca o ninguna perspectiva de futuro, es entendible que cualquiera, y un joven más que nadie, pueda ingresar en esos circuitos. Una vez ingresado, la dinámica inercial tiende a perpetuar esas formas de vida.
La violencia delincuencial no es producto directo de la violencia económica, pero hay allí una relación que no puede desconocerse. Hay otro tipo de delincuencia (de la que nos ocuparemos más adelante, la llamada de cuello blanco) que responde a otras motivaciones. Habitualmente, sin embargo, en el imaginario colectivo, en muy buena medida instalado por el continuo bombardeo mediático, queda identificado delincuente con jóvenes de barrios marginales. Tremendo prejuicio que hay que destruir, definitivamente.
Ejemplos de violencia social
En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas (maras) ejercen un control significativo sobre comunidades enteras, lo que resulta en altos índices de homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados, debido al temor generalizado a estos grupos por el nivel de violencia extrema y coerción que ejercen y al reclutamiento forzoso de nuevos miembros. Según la UNODC (2019), Guatemala, Honduras y El Salvador se encontraban entre los países con las tasas de homicidio más altas del mundo, llegando en algunos años a superar los 60 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, los índices de femicidios y violencia contra las mujeres son alarmantes y se sabe que en la mayor parte de los casos hay subregistro por omisión o por miedo a reportar los hechos. La impunidad, el machismo estructural negligente y prevalente de las instituciones u organizaciones que tienen que ver directamente con este tipo de violencia y la falta de protección adecuada, agravan esta situación en dichos países. Según ONU Mujeres (2021), la tasa de femicidios en Honduras alcanzó 5,1 por cada 100.000 mujeres, una de las más altas en América Latina.
En Nicaragua, la represión gubernamental contra manifestantes y opositores políticos ha resultado en arrestos arbitrarios, desapariciones y violaciones de derechos humanos constantemente. El autoritarismo dictatorial, justificado en un antimperialismo nacional y regional, ha hecho que los poderes del actual gobierno, desde hace varios períodos, se consoliden sin permitir mayores espacios de disenso y pluralidad política. En El Salvador, la prensa independiente ha visto coartada violentamente su libertad para obtener acceso a información de tipo oficial, en especial la que se refiere a la seguridad ciudadana. En abril de 2021, el presidente Bukele suspendió a Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que había interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra reformas presidenciales que lo afectaban. Escobar recibió amenazas de detención y debió partir al exilio (Barberena Gutiérrez, 2022, p. 19).
En Guatemala, comunidades indígenas han enfrentado violencia por parte de empresas agrarias, agropecuarias, extractivas y otras pertenecientes al Gobierno, debido a conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Las comunidades lencas de Honduras experimentan constantemente problemas en obtener colaboración y solidaridad de sus municipalidades en la gestión de sus problemas territoriales, gestión de títulos de propiedad y resolución de conflictos relacionados con este recurso (Centro de Derechos de Mujeres, 2023). Global Witness (2022) señaló que Centroamérica concentra un porcentaje desproporcionadamente alto de los asesinatos de defensores ambientales y de derechos territoriales a nivel mundial.
Ejemplos de violencia económica
La región enfrenta altos niveles de desigualdad económica, donde una pequeña élite controla una gran parte de la riqueza mientras que la mayoría vive en pobreza o pobreza extrema. Como caso emblemático, Guatemala tiene una larga historia de distribución desigual de los recursos y las oportunidades de desarrollo. Menos del tres por ciento de la población posee casi dos tercios de los terrenos útiles y casi la mitad de los ingresos nacionales se encuentra en manos de apenas el 10 % de la población. La pobreza, que en su variante extrema se ha incrementado a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y está intensamente relacionada con la falta de acceso a los beneficios del desarrollo, como la salud y la educación, afecta a más de la mitad de la población (Kalny, 2023). En otra perspectiva, pero de manera similar, los indicadores del desarrollo humano en Honduras se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y el Caribe. En la región, el índice de capital humano del Banco Mundial, que indica el potencial productivo de un individuo si goza de buena salud y recibe educación completa, alcanza el 56 %; en Honduras, este porcentaje (48 %) no alcanza siquiera la mitad de las posibilidades productivas.
En Guatemala y Honduras, comunidades rurales e indígenas han sido desplazadas forzosamente por proyectos mineros y agroindustriales, muchas veces sin compensación justa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019) ha documentado cómo estos procesos de despojo territorial han sido acompañados por la criminalización de la protesta social y la persecución de líderes comunitarios.
En El Salvador y Guatemala, gran parte de la población trabaja en la economía informal, sin acceso a beneficios laborales ni protección social. La corrupción endémica en gobiernos centroamericanos desvía fondos que podrían ser utilizados para el desarrollo social y económico, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Transparency International (2023) ubica de forma recurrente a los países del Triángulo Norte entre los más corruptos de América Latina, con índices de percepción de corrupción que se sitúan consistentemente por debajo de los 30 puntos sobre 100.
La violencia histórica-estructural estatal
El Estado, supuestamente, es la instancia supraindividual que, en forma ecuánime e imparcial, asegura y protege la vida de la ciudadanía toda. Sin embargo, nunca es realmente neutral. Es más certera la explicación del materialismo histórico, que lo considera el instrumento con el que la clase dominante mantiene su dominio sobre las clases subalternas: “Producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” (Lenin, 1997, p. 26). Max Weber, desde una perspectiva diferente, definió al Estado como la institución que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado. Esta definición, ampliamente aceptada en la ciencia política contemporánea, no contradice la lectura materialista, sino que la complementa: el Estado moderno centraliza y regula el uso de la fuerza, pero lo hace siempre en función de intereses de clase.
Ese dominio, ese control de clase, se ejerce de diversas maneras, en la cotidianeidad, a través de la ideología dominante, que muestra la normalización de las relaciones socioeconómicas como inmodificables, legitimando así las diferencias estructurales. Esa legitimación está presente a través de diferentes aparatos ideológico-culturales: educación formal, medios de comunicación, familia, iglesias, el sentido común y/o la opinión pública que se va generando a partir de todo ello. En términos gramscianos, estos aparatos constituyen los mecanismos a través de los cuales se ejerce la hegemonía cultural de las clases dominantes: hacen que los dominados consientan en su propia subordinación, al naturalizar las jerarquías sociales como inevitables o divinas (Gramsci, 1971). Pero también se ejerce a través de la violencia fáctica, cuando la clase dominante lo considera necesario, cuando siente que puede ser rebasada por la movilización de la gente. De ahí aquello de que “el Estado tiene el monopolio de la fuerza”. Dicho en otros términos, de la represión ante la protesta popular, cuando se cuestiona el statu quo.
En ese sentido, cobra total validez aquello de “El Estado es una organización especial de la fuerza, una organización de la violencia para reprimir a una clase cualquiera” (Lenin, 1997, p. 46). “Todo Estado está fundado en la violencia”, dirá León Trotsky; léase, en la violencia de clase. Ahora bien, si está legitimado este uso de la fuerza (violencia consensuada, institucionalizada y protocolizada), la cuestión se complejiza cuando ese Estado actúa con una violencia superior a la necesaria, a la establecida constitucionalmente, apelando a mecanismos ilegales, extrajudiciales. Nace ahí lo que se conoce como terrorismo de Estado.
En décadas pasadas, siempre en el marco de la Guerra Fría que barría el mundo y de la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en Latinoamérica, poniendo el énfasis en el combate al enemigo interno que esa concepción imponía, los Estados nacionales de la región, en mayor o menor medida, jugaron ese papel de agentes represivos en su expresión máxima, apelando a mecanismos de terror. Esta doctrina, elaborada en las escuelas militares estadounidenses y difundida a través del sistema interamericano de defensa, reconfiguró las fuerzas armadas latinoamericanas para hacer frente a la “amenaza comunista interna”, convirtiendo a la propia ciudadanía en el campo de batalla y en el objetivo de la represión (Comblin, 1979). Valga como ejemplo —quizá el más profundo— lo ocurrido en Guatemala donde, durante los largos años del conflicto armado (1960-1996), según informa la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1998):
el terror de Estado (…) tuvo el objetivo de intimidar y callar al conjunto de la sociedad. (…) El miedo, el silencio, la apatía y la falta de interés en la esfera de participación política son algunas de las secuelas más importantes que resultaron (…) y suponen un obstáculo para la intervención activa de toda la ciudadanía en la construcción de la democracia. (p. 33)
Con distintas modalidades y características propias, en los países del área cundió esa práctica, por lo que hoy, años después de terminadas las guerras internas, el clima de militarización persiste en la dinámica cotidiana de las sociedades, y los Estados se han acostumbrado a esas políticas de violencia extrema, reforzando una costumbre que viene desde la aparición de las repúblicas, supuestamente independientes, hace ya dos siglos. En esa lógica, en general reaccionan frente a las distintas problemáticas y protestas sociales con violencia, y en muchos casos con irregularidades jurídicas, sin siquiera intentar analizar las causas y resolver los conflictos de una manera legal apegada al derecho.
Esa misma estrategia de violencia terrorista utilizada en el pasado pareciera seguir presente hoy. Ya no hay desapariciones forzadas de personas ni combates abiertos entre fuerzas beligerantes; no hay una abierta y sistemática violación de derechos humanos amparada en la más completa impunidad por parte del Estado, pero hay una marea delincuencial que produce similar miedo y silencio. Ahí están las maras como nuevo demonio invadiendo todo, los asaltos en una unidad de transporte público, el asesinato de un transeúnte para quitarle un teléfono celular o un anillo, situaciones que, sin dudas, continúan creando un clima de violencia generalizado. La forma en que actúan los Estados está lejos de brindar respuestas efectivas a esa situación.
Algunos de los encargados de hacer funcionar el Estado represivo que se generó durante las décadas de guerra, han reconvertido su trabajo hoy y siguen manejando cuotas de poder, en algunos casos desde las sombras de esa estructura estatal, habiéndose hecho cargo de negocios ilegales o hechos en una dudosa franja gris de forma corrupta, muy rentables, por cierto (narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, contratos espurios con el Estado), con los mismos criterios de secretividad u opacidad de años atrás. Los distintos Estados de la región siguen siendo débiles en términos presupuestarios, con cargas fiscales de alrededor de un 15 % del PBI (la media latinoamericana es de 25 %, la del norte es casi el doble), y continúan permeados por intereses sectoriales que se mueven con características mafiosas.
Formalmente, en toda el área centroamericana se vive en democracia o, al menos, hace años que se repiten las elecciones de autoridades a través del voto popular periódico. Pero ello, muy importante sin dudas, no termina de solucionar los problemas de la vida cotidiana. Se asiste, en todo caso, a democracias formales, raquíticas en buena medida. Los Estados siguen estando en déficit con la sociedad civil. O’Donnell (1993) denominó a estos regímenes como “democracias delegativas”, caracterizadas por la concentración del poder en el ejecutivo, el debilitamiento de los controles institucionales y la escasa rendición de cuentas, rasgos que describen con precisión muchos de los sistemas políticos centroamericanos contemporáneos.
Con limitaciones presupuestarias quizá, sin toda la voluntad política necesaria en algunos casos, con deficiencias conceptuales o técnicas en otros, lo cierto es que con posterioridad a la firma de los distintos acuerdos de paz que se dieron en la región (Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992, Guatemala en 1996), se han venido desarrollando muchos proyectos e iniciativas que buscaban afianzar un clima de paz y de concordia luego de largos años de sufrimiento, que apuntaban a reparar las profundas heridas psicosociales dejadas por ese cataclismo de los enfrentamientos armados.
Si ahora, varias décadas después, se hace un balance objetivo de cómo está la situación al respecto, puede apreciarse que esos nuevos valores de tolerancia y sana convivencia no han logrado consolidarse, y los Estados tienen una gran responsabilidad en ese déficit. Por el contrario, lo que puede constatarse es una epidemia generalizada de violencias. A ello se suma que las agendas para la paz paulatinamente dejaron de ser prioridad, tanto en la planificación del Estado como en la comunidad internacional que apoyó y dio seguimiento a los procesos pacificadores. Como bien dice Laura Tedesco (2009):
Los países centroamericanos combinan la existencia de sistemas democráticos profundamente débiles, la incapacidad de los Estados de garantizar derechos fundamentales a los ciudadanos, un sistema judicial pobre, corrupto, represivo e ineficiente y la pobreza de sus economías. (…) La debilidad institucional de los Estados abre la puerta a la violencia y es una de las causas de la incapacidad de las instituciones para resolver los conflictos y prevenir la violencia. (p. 9)
Es en ese sentido que puede afirmarse que los Estados, sumando su debilidad crónica como factor de resolución de los problemas sociales, más la cultura de impunidad y de acecho del enemigo interno que se dio estos últimos años, terminan siendo ellos mismos, directa o indirectamente, uno de los principales elementos propiciadores de la violencia en la región.
Ejemplos de violencia estructural estatal
Durante más de tres décadas (1960-1996), el Estado guatemalteco llevó a cabo una guerra contrainsurgente contra movimientos guerrilleros de izquierda agrupados en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Esto incluyó campañas de genocidio contra las comunidades indígenas, en particular las comunidades mayas, que resultaron en la muerte de más de 200,000 personas y la desaparición de otras 45,000 oficialmente, aunque fueron más. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), concluyó que el Estado cometió actos y crímenes de lesa humanidad como el genocidio y varias masacres en varias comunidades del interior del país. El informe Guatemala: Memoria del silencio (CEH, 1998) documentó 626 masacres atribuibles al ejército y grupos paramilitares, una cifra que evidencia la magnitud del terrorismo de Estado en ese período.
En El Salvador, la guerra civil (1980-1992) enfrentó al gobierno militar, apoyado por Estados Unidos, contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La guerra resultó en la muerte de alrededor de 75,000 personas y dejó decenas de miles de desplazados. Los escuadrones de la muerte, apoyados por el Estado, llevaron a cabo asesinatos, torturas y desapariciones de sospechosos de ser guerrilleros o simpatizantes. La Comisión de la Verdad para El Salvador (1993), auspiciada por las Naciones Unidas, atribuyó al Estado y a los grupos paramilitares vinculados a él el 85 % de las violaciones graves de derechos humanos documentadas durante el conflicto.
(continuará)
Ponencia presentada en las VII Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, junio de 2026.
Mario S. de León es consultor, investigador, analista y ensayista internacional
Marcelo Colussi
Columnista invitado
1956, Rosario. Estudió Psicología y Filosofía. Vivió en numerosos países de Latinoamérica. Desde hace varias décadas radica en Guatemala, Centroamérica. Es psicoanalista y analista político. Participa regularmente en varios sitios web alternativos. También escribe relatos de ficción.
Notas
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. (2021). Mujeres procesadas por aborto y homicidio en El Salvador 1999-2020. San Salvador: Agrupación Ciudadana.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2022). Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2022. Ginebra: UNHCR.
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