05 de noviembre de 2026
15:31hs.
La producción de gas y petróleo en la Argentina de Milei.
El general ingeniero Enrique Mosconi era el director del Servicio Aeronáutico del Ejército en 1922, y comprobó la extrema vulnerabilidad de la Argentina cuando debió solicitarle combustible a Royal Dutch Shell, que se negó a venderle si el ejército no pagaba por adelantado.
La empresa extranjera que se fundó en 1907 mediante la fusión de la Royal Dutch Petroleum Company (Países Bajos) y The “Shell” Transport and Trading Company (Reino Unido), en la Argentina era importadora de combustible, hasta que en 1917 inició sus primeras exploraciones en la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia.
La pregunta era (y sigue siendo): si los recursos naturales le pertenecen al país, ¿cuál es la razón para que no tenga su propia empresa estatal?
En 1922, los yacimientos estatales patagónicos de Comodoro Rivadavia atravesaban una casi endémica ineficiencia dadas las carencias financieras y la falta de equipamiento. Enrique Mosconi, al frente de la empresa, le dio un impulso decisivo a la actividad, reorganizando y ampliando las operaciones de YPF en vistas a su constitución como una empresa verticalmente integrada y vendiendo al mercado interno. Integrado al plan del gobierno nacional, registró un crecimiento y una expansión considerable a lo largo de toda la década del ’20, constituyéndose rápidamente en modelo de organización empresarial y de inversión estatal en la actividad petrolera para otros países de América Latina.
Bajo la gestión de Mosconi (1922-1930), y en el marco de la expansión del nacionalismo petrolero dentro del aparato estatal, YPF adquirió completa autonomía administrativa y avanzó en la implementación de sucesivos planes para el incremento de la producción de petróleo crudo en los yacimientos de Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) y Plaza Huincul.
Además, en ese período se previeron y se realizaron inversiones en máquinas y equipos, se ampliaron los muelles para el embarque de petróleo crudo, se construyeron talleres para la reparación de equipos y una usina para electrificar los yacimientos, y se adquirieron buques tanques adicionales para el transporte del petróleo hacia Buenos Aires y La Plata. La obra de infraestructura más relevante del período fue la construcción de una gran refinería en Ensenada (La Plata) que entró en operaciones en diciembre de 1925. Con esta refinería en pleno funcionamiento, YPF estuvo en condiciones de producir gasolina y una amplia gama de productos derivados del petróleo; entre ellos kerosene, “agricol” y combustible para motores diésel. Creó una amplia red de distribución y comercialización para sus productos con depósitos de almacenamiento, centros de distribución, surtidores y agencias de venta al por mayor y por menor en las principales ciudades del país.
Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1 de agosto de 1929, cuando el director de YPF, Enrique Mosconi, dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y anunció que a partir de ese momento sus precios serían determinados por el Estado nacional y no por empresas extranjeras.
Tras la crisis financiera de 1930, los sectores más reaccionarios y conservadores quisieron asegurar sus ganancias y que se ajuste (reduzca) el consumo popular y el gasto público. Para ello necesitaban derrocar a Yrigoyen. Se valieron del Ejército Argentino, y así lo hicieron el 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, que enseguida conformó un gobierno con representantes de las empresas petroleras y grandes dueños de estancias: nombró como Vicepresidente de facto a Enrique Santamarina, terrateniente, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil-ESSO (empresa norteamericana); ministro del Interior a Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil-ESSO; y ministro de Agricultura a Horacio Beccar Várela, abogado del frigorífico Anglo, asesor legal de la Cámara de Comercio Norteamericana, presidente de Droguería Suizo Argentina y de La Plata Cereal.
YPF fue relegada hasta el 4 de junio de 1943, en que el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocó al gobierno de Ramón S. Castillo poniendo fin a la llamada “Década Infame”, y con ello, el Estado volvió a invertir en la exploración y explotación de petróleo. También se empezaba a dar respuesta a no ventilar el gas y darle debida utilidad.
La cuestión gasífera fue ganando relevancia dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, llegando a convencer al gobierno del GOU de la necesidad de crear un organismo estatal que se encargara de la distribución del gas por redes, hasta entonces a cargo de empresas extranjeras. El 5 de marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas (comprándole a los británicos la principal empresa a cambio de deuda con la Argentina), y un año más tarde se creó Gas del Estado.
Se construyó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires (de 1.605 km, en su momento el más largo del mundo). Con él, la distribución de gas aumentó de 300.000 metros cúbicos por día a 15 millones de metros cúbicos y abarató su costo considerablemente.
Gas del Estado existió hasta 1992, cuando fue privatizada. Llegó a ser considerada la tercera mayor empresa de su tipo en el mundo y era para 1990 la segunda más importante del país en términos de facturación (la primera era YPF).
En 1992, se privatizó y se generaron empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas. Los Kirchner regularon su producción y precio, orientados al mercado interno. Con Macri, Fernández y fundamentalmente ahora, se desregula su generación y precio, y se prioriza su venta al exterior, incluso montando infraestructura para ese fin, y la población argentina debe pagar la energía al precio internacional. De hecho, según el ENRGE (Ente Nacional de Regulación del Gas y de la Electricidad), el precio del gas al consumidor aumentó en 1.285% desde diciembre 2023 a septiembre 2026 [1].
La energía atraviesa transversalmente toda la economía, encareciendo el transporte de personas y mercaderías, parte del incremento de los precios de los alimentos, enseres de todo tipo, insumos, etc., se debe al mayor costo de la logística, para beneficio de la minoría parásita y rentista que se apropia de nuestros recursos.
La matriz energética argentina indica que alrededor de un 53% de la energía primaria que se consume en nuestro país proviene del gas natural. Paralelamente, nuestro país posee una de las mayores reservas mundiales de gas no convencional en Vaca Muerta; pero el gas que hoy se puede enviar desde Vaca Muerta no llega a satisfacer, en los meses invernales, la demanda de los hogares y de las pymes. Es más, se debe importar gas ante la insuficiente capacidad de transporte del sistema troncal para llevar ese gas hasta los principales centros de consumo durante los picos de demanda invernal.
El gasoducto Néstor Kirchner (ahora rebautizado Perito Moreno), que va de Vaca Muerta a Salliqueló (provincia de Buenos Aires), es un gasoducto de 36 pulgadas de diámetro. A partir de Salliqueló, sin embargo, el sistema debe utilizar gasoductos preexistentes de menor diámetro (principalmente de 30 pulgadas), lo que genera un cuello de botella que limita el volumen de gas que puede trasladarse.
La importación de gas desde Uruguay a precios mayores que el internacional generó la denuncia penal contra el viceministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González (que renunciara al cargo el 22 de octubre de 2026).
La paradoja es que no hay presupuesto para realizar el segundo tramo que extiende el ducto desde Salliqueló hasta San Jerónimo (Santa Fe), que se encuentra paralizado debido a la política del gobierno nacional de suspender el financiamiento de la obra pública centralizada. Esta ampliación quedó postergada a la espera de un esquema de inversión o licitación netamente privado, lo que limita temporalmente el potencial de autoabastecimiento total en los meses de mayor demanda, pero sí se invierte en su venta al exterior.
Prohibido no exportar
El 23 de septiembre de 2026, mientras se llevaba adelante la reunión de las Naciones Unidas, la Argentina y Estados Unidos firmaron en Nueva York la construcción del Corredor Los Andes-Atlántico. Esta es una iniciativa de infraestructura que prevé inversiones de hasta 7.000 millones de dólares para 2027 para exportar nuestros recursos. Las obras se concentran principalmente en energía (petróleo y gas), pero también alcanzan a la minería, el transporte y las telecomunicaciones.
De esa suma prevista, unos 6.000 millones de dólares serán destinados a “Argentina LNG”, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF SA junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.
La financiación contará con el respaldo del EXIM y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), además de la participación del sector privado de ese país.
En el rubro de transporte, ambos países se proponen identificar obras prioritarias para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Las empresas estadounidenses podrán competir en las licitaciones o participar como subcontratistas.
Además del gas, el acuerdo prevé desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta con inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. Entre ellos figuran préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros, pensados para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de ese país.
Al ser consultado en Nueva York sobre el funcionamiento del mecanismo, el canciller, Pablo Quirno, firmante por la Argentina del acuerdo, explicó que el EXIM “financia proveedores estadounidenses” para que participen en los proyectos que se desarrollan en la Argentina, y sostuvo que respalda a empresas estadounidenses que, en el pasado, no se animaban a ingresar al mercado argentino.
La Argentina, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su marco legal y regulatorio y la protección a la inversión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que no solo disminuye la tasa del impuesto a las ganancias y no pagan aranceles por sus importaciones, sino que a los tres años de la explotación le permite la libre disponibilidad de divisas que, al ser provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto criminal de administración fraudulenta.
De allí que un mes más tarde, en la ciudad de Neuquén, en la exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2026” organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) [2], Milei haya dicho que “en el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI, un lugar apto para las inversiones”, para agregar: “Podemos hacer que florezcan mil Vaca Muerta a lo largo y ancho del país”.
Las exportaciones de petróleo crudo crecen sostenidamente; el problema del transporte del gas permitió hasta ahora solamente vender por ducto a Chile, de allí el “Acuerdo del Corredor Los Andes-Atlántico”, que, sumado a que la “Agencia de Información de Energía” de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) considera a Vaca Muerta como la segunda reserva mundial de gas no convencional (shale gas) y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional (shale oil), explica por qué se apropian de los recursos naturales que le pertenecen al pueblo argentino, por qué pagamos por el petróleo y el gas el precio internacional, y por qué fijan las condiciones y, a partir del cuarto año, tienen el libre uso de lo que extraen, no pagan derechos de exportación y no tienen obligación de abastecer al país.
En un trabajo titulado “¿Adónde van los dólares de Vaca Muerta?”, de EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental), y bajo el subtítulo: “Divisas que llegan para salir: la deuda externa de las energéticas”, afirman: “Tanto o más importante que el incremento del flujo de divisas comerciales provenientes de la exportación de shale de Vaca Muerta, fue el aporte de dólares financieros que las empresas del sector ingresaron a la economía a través de su endeudamiento externo: el stock de deuda externa de las petroleras se expandió de manera exponencial en los últimos años. El endeudamiento externo funciona como el respirador artificial del modelo económico libertario, con la deuda privada como protagonista.
De los 22.617 millones de dólares que el sector privado ingresó al país por esta vía, 14.441 millones —es decir, casi el 64% del total— fueron aportados por las empresas energéticas. Sin este flujo de divisas financieras, el esquema cambiario vigente se habría derrumbado hace tiempo”.
En síntesis
Milei habló de un “boom en la construcción, viviendas, parques industriales, hoteles” en Neuquén. Pero los datos del mercado laboral desmienten ese optimismo. La actividad hidrocarburífera es incapaz de generar empleo masivo de forma directa. Los puestos creados en Vaca Muerta ni siquiera alcanzan a compensar la pérdida de empleos en los yacimientos convencionales de la propia provincia. Neuquén tiene hoy menos trabajadores petroleros que en 2023. A nivel nacional, solo en Chubut y Santa Cruz se perdieron más de 3.300 empleos petroleros por provincia.
El propio informe de EJES (Enlaces por la Justicia Energética y Socioambiental) señala que, desde fines de 2023 hasta agosto de 2026, se crearon apenas 12.000 empleos en la región, una cifra ínfima frente a los 350.000 puestos formales destruidos en el resto del país en igual lapso.
Sumémosle los riesgos del fracking: cada pozo de fractura hidráulica requiere millones de litros de agua dulce (extraídos de ríos como el Neuquén), afectando la disponibilidad para el consumo humano y actividades como la agricultura y la ganadería en zonas áridas. Y se han detectado metales pesados (como plomo y cromo total) e hidrocarburos totales del petróleo en suelos y aguas subterráneas cercanas a los pozos y zonas de derrame [3].
Mientras tanto, la pobreza energética avanza sobre los hogares. La liberación de los precios internos de la energía, subordinados a la dinámica global, y la eliminación de subsidios a los servicios públicos han convertido a la Argentina en un caso paradigmático. El país consolida su perfil de potencia petrolera mientras una parte creciente de su población no puede pagar las tarifas de luz y gas. La riqueza energética se exporta; la pobreza energética se internaliza.
YPF y Gas del Estado se constituyeron para un país independiente; se construyeron ciudades al paso del gasoducto de Comodoro Rivadavia a Llavallol (Gran Buenos Aires), lo mismo con YPF. En cambio, cuando en la reunión de la Exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2026”, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, sostuvo que “el uso sin control del agua no es sostenible en el largo plazo”, obtuvo como respuesta: “Somos empresas petroleras. No podemos asumir responsabilidades estatales como construir viviendas o subsidiar un cultivo ineficiente en un desierto donde no crece ni el pasto”.
El RIGI, el fracking y todo este desgobierno son las antípodas de un país independiente y soberano. Una colonia es más digna que la Argentina de Milei.
Elcohetealaluna.com
1 de noviembre de 2026
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] El IPC del INDEC lo hizo en 344,14% en el mismo lapso.
[2] Que aglutina a las principales empresas del rubro: Vista Energy (Miguel Galuccio), Chevron, Tecpetrol (Techint); Compañía General de Combustible (Eurnekian); Pan American Energy (familia Bulgheroni junto al grupo chino CNOOC y la multinacional BP -British Petroleum); Pampa Energía (Mindlin, Joseph Lewis y BlackRock); Pluspetrol (Rodríguez de Rey e hijos); Compañía Asociada Petrolera; Shell; Total Austral SA; Apache Corp, LF Company; Wintershall; Phoenix Global Resources (empresa que representa José Luis Manzano, y que fue comprada el 50% de su capital, a comienzos de este año 2026, por Continental Resources).
[3] Trabajo del IGN (Instituto Geográfico Nacional).
Foto: YPF en sus inicio
