12 de noviembre de 2026
17:28hs.
“Regresión socioambiental
“Corte Suprema: cada vez más lejos de los conflictos ambientales
“El máximo tribunal de justicia del país evita pronunciarse sobre controversias de alta relevancia institucional y demora durante años la resolución de causas estructurales. “Termina siendo funcional a quienes saquean nuestros bienes comunes”, advierten.
“El deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales promovidos por el gobierno de Javier Milei –a través de políticas de desmantelamiento, desregulación y derogación y/o modificación de normativas asociadas a la protección de bienes públicos– encuentra en la Justicia a un aliado implacable: tribunales que postergan indefinidamente decisiones trascendentes o restringen derechos colectivos. La Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti es uno de los principales responsables -por acción u omisión, de forma indirecta o manifiesta– de este devastador proceso de degradación socioambiental.
““El escándalo de la Ley de Tierras dejó al descubierto una crisis de legitimidad social de la Corte Suprema que viene de hace años. En apenas diez días, el tribunal rechazó una demanda contra la derogación por falta de legitimación y luego, en medio de la movilización popular, la suspendió provisoriamente en otra causa, con dos conjueces. Pero sigue sin decir lo esencial: a casi tres años de su dictado, no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU 70/23. El Senado lo rechazó, Diputados no logra quórum y la Corte sigue en silencio. ¿Qué más tiene que pasar para que se expida?”, se pregunta el codirector de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Lucas Micheloud, y enseguida ensaya una respuesta.
““Tenemos un tribunal reducido a tres integrantes, con dos vacantes sin cubrir y sin ninguna mujer. Y el problema no es solo su integración, es una Corte encerrada en sus propias disputas de funcionamiento convocando conjueces para resolver entre gallo y medianoche y cada vez más lejos de los conflictos reales de la gente, justo cuando la extrema derecha se está llevando puestos los derechos colectivos, los glaciares, los bosques y las tierras.”
“El segundo Informe de Regresiones Socioambientales elaborado por la Asociación y publicado en agosto pasado, es decir, un mes antes de que la Corte actuara en favor del Ejecutivo nacional avalando el DNU 70/2023 que daba de baja la Ley de Tierras, advirtió que el máximo tribunal “muestra en los años recientes una pérdida gradual de protagonismo institucional frente a algunos de los conflictos socioambientales más relevantes del país”.
“En otro tramo señaló que “la retracción no se expresa únicamente mediante sentencias desfavorables a la protección ambiental, sino también cuando la Corte evita pronunciarse sobre controversias de alta relevancia institucional, demora durante años la resolución de causas estructurales o privilegia criterios procesales que limitan el examen de fondo de los conflictos ambientales”.
“Expedientes dormidos
“La llamada Causa Yaguareté (vinculada a la protección del Monumento Natural Nacional y de los últimos ejemplares de la especie presentes en el Gran Chaco) se inició en 2019, pero la Corte Suprema tardó cuatro años solo en declararse competente y todavía se espera una respuesta efectiva, mientras siguen los desmontes.
“En la emblemática causa conocida como «Mendoza» o «Riachuelo”, que planteó una demanda de recomposición y eventual indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas, los supremos cerraron la supervisión de su propia sentencia y ordenaron archivar el expediente sin ningún reporte de mejora sustantiva de la situación y sin que se hubiera cumplido la mayoría de las metas vinculadas a acceso al agua, saneamiento y salud pública.
“A la comunidad Toba Nam Qom que reclamaba la consulta previa por la instalación de la planta de Dióxido de uranio de Dioxitek, en Formosa, el máximo tribunal le respondió once años después cuando ya la obra estaba prácticamente terminada. ¿La respuesta? Rechazó el pedido.
““Mientras los expedientes duermen, los negocios petroleros, mineros, agropecuarios e inmobiliarios se consolidan sobre ecosistemas críticos y territorios ancestrales. Una Corte que llega cuando el daño ya está hecho, o que mira para otro lado, termina siendo funcional a quienes saquean nuestros bienes comunes”, reflexiona Micheloud.
“Para Enrique Viale, también de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, la actual “es una de las peores Cortes de que se tenga en memoria, incluyendo la del menemismo. El Poder Judicial se está transformando en gran parte del problema cuando debería ser la solución”.
“En el mismo sentido opina su colega Fernando Cabaleiro, de la organización de asesoría y patrocinio en materia socioambiental Naturaleza de Derecho: “En estos tiempos de fuerte regresión de los derechos socioambientales, la Corte tiene que ser un dique de contención frente a los avasallamientos que vienen ocurriendo desde hace tiempo con los extractivimos, principalmente la megaminería, la deforestación y el agronegocio. Y frente a ello se necesita una revisión de ciertos estándares procesales y sustantivos del derecho, que, aplicados a la especialidad ambiental cuyo eje es la prevención y precaución, se vuelven contraproducentes”.
“Daños irreversibles
““Necesitamos una transformación profunda del máximo tribunal. Es importante cubrir las vacantes con criterios de paridad, diversidad y pluralidad, justo cuando el Gobierno eliminó por decreto la recomendación de contemplar el género, la especialidad y el origen geográfico. Necesitamos una Corte con perspectiva federal, de género, climática, ambiental, de derechos humanos y de los pueblos originarios. No queremos una Corte que certifique los daños cuando ya son irreversibles, sino una que vuelva a estar a la altura de sus propios fallos, como los casos Mendoza, Salas, Majul y La Pampa c/ Mendoza, defendiendo la vida, los ecosistemas y los derechos de las generaciones presentes y futuras”, se envalentona Micheloud, y concluye: “En materia ambiental, la demora nunca es neutral. La propia Corte sostuvo en la causa Riachuelo que proteger el ambiente exige ‘decisiones urgentes, definitivas y eficaces’, y la Ley de Tierras demostró que, cuando quiere, puede resolver en días. Entonces, ¿por qué llega tan tarde cuando hay intereses extractivos en juego?”.
“Escrache a Lorenzetti en la UBA
“En octubre pasado, el juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sufrió un escrache en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudiantes, militantes de izquierda y organizaciones socioambientales irrumpieron en la facultad para repudiar su participación en el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental (del cual es director de la carrera de especialización).
“La convocatoria cuestionó que el magistrado participara de una actividad sobre defensa del ambiente después de que la Corte resolviera dejar sin efecto la protección legal que limitaba la extranjerización de tierras, una medida que posteriormente fue restituida de manera provisoria.
“Debido a la protesta, los cánticos con megáfonos y la tensión en el lugar, Lorenzetti debió suspender la conferencia y la inauguración oficial del congreso.
Este hecho se sumó a otra protesta similar ocurrida a comienzos de octubre en la misma facultad durante la entrega de los Premios Quórum, así como a manifestaciones de repudio contra integrantes de la Corte en San Martín de los Andes. Ese día, organizaciones sindicales, vecinos y vecinas de la localidad patagónica se movilizaron a las puertas del hotel donde se desarrollaba el 26° Congreso de Funcionarios de Tribunales Orales Federales.
“Golfo San Matías: «Es frustrante»
“También llegó en recurso de queja a la Corte Suprema la causa vinculada a la inconstitucionalidad de la normativa que derogó la emblemática Ley 3308 de Río Negro, que prohibía en el Golfo San Matías las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. Desde la interposición de la queja en 2023, el máximo tribunal ha omitido su tratamiento.
““Está durmiendo en algún cajón un sueño forzado. Forzado por los gobiernos que no reconocen grietas en cuanto a proyectos extractivistas, forzado por el poderío económico del sector energético y sus empresas transnacionales”, se queja Fabricio Di Giacomo, referente de la Multisectorial Golfo San Matías.
“Desde la perspectiva de las comunidades –agrega– estamos muy desilusionados con esta justicia que actúa en connivencia con los poderes del sector energético y los gobiernos de turno. En vez de representar a las comunidades que hacemos vida en los territorios, la justicia pareciera estar representando a los intereses de las empresas. Es muy frustrante, pero seguimos articulando en una coyuntura muy adversa”.
“Ley de Glaciares
“La causa judicial por la reforma de la Ley de Glaciares llegó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un recurso extraordinario federal. La Provincia de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y organizaciones ambientalistas, con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez, demandaron suspender la aplicación de la Ley 27.804 (sancionada el 8 de abril de 2026) que modifica el régimen de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar hasta que se resuelva la constitucionalidad del amparo colectivo ambiental.
“Tiempoar.com.ar
“Gastón Rodríguez
“7 de noviembre de 2026”.
Foto: Greenpeace
