27 de junio de 2025
03:02hs.
Los resultados de las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la República Argentina encendieron las luces de alerta del Gobierno de Alberto Fernández. Se prendieron las luces rojas porque la Ciudadanía votó mayoritariamente en contra de los candidatos oficialistas en la mayoría de los distritos electorales.
No voy a ocupar este espacio para hacer un análisis electoral, un análisis sociológico o de ciencia política. Sí voy a desarrollar un breve análisis sobre los derechos de ciudadanía insatisfechos. En diferentes artículos escritos el año pasado y este año, me permití llamar la atención sobre la enorme necesidad de ingresos que tenía y tiene la población de nuestro país, escribí sobre los altísimos niveles de pobreza e indigencia que se multiplicaron por la doble pandemia que ha sufrido Argentina: la andemia Macri desarrollada entre 2015 y 2019 y la pandemia global que paralizó el planeta entero y a nuestro territorio desde marzo de 2020 y desarrollé también sobre la ineficacia e insuficiencia de los subsidios condicionados que percibe un poco más del 10% de las familias de nuestra querida Argentina.
En estas horas en el seno del Gobierno Nacional se están discutiendo posibles políticas socioeconómicas que se lanzarían en los próximos días a modo de salvavidas electoral, para intentar de esta manera revertir el resultado adverso obtenido en las elecciones del pasado domingo 12 de setiembre de 2021. Sobre esto quiero advertir que lanzar nuevas medidas de carácter temporal, coyuntural, focalizadas, electoralistas, e insuficientes, generarán obviamente un alivio y un respiro a corto plazo en los sectores más vulnerables, más postergados y más castigados, pero generarán al mismo tiempo un fuerte rechazo y mayor resistencia en el resto de la población que no accede a ningún tipo de cobertura o de refuerzo de ingresos.
Estas medidas tendrían sólo efectos a corto y mediano plazo y generarían un amplio rechazo de las capas medias de la población. Las más de 35 millones de personas que están fuera de los planes de cobertura social tienen también derechos, necesidades, aspiraciones. Las capas medias han sido muy castigadas por las políticas neoliberales de Macri y por las restricciones de la pandemia. Tengo que reafirmar lo siguiente: toda la población del país, todo residente, sin distinción alguna, sin discriminación por sexo, condición socioeconómica, condición laboral, credo religioso, orientación sexual, nacionalidad, etc.; todos tienen derecho a percibir un ingreso periódico y permanente, una Renta Básica, como derecho ciudadano, como derecho humano.
Más del 50% de los niños y jóvenes del país son pobres o indigentes, casi el 80% de los jubilados y pensionados son indigentes, millones de trabajadores registrados y no registrados perciben salarios de pobreza. Qué más decir sobre los más de 2 millones de desocupados que hoy tiene nuestro país.
Las políticas sociales focalizadas, condicionadas e insuficientes NO SIRVEN. No sacan a las personas de la situación de pobreza, de marginalidad y de estigmatización. Lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir en esta nota. ¿De qué sirve tener una catarata de subsidios, asignaciones insuficientes? DE NADA… Son pan para hoy y hambre para mañana.
Los datos económicos al día de hoy nos dicen que una familia tipo de dos adultos y dos menores de edad en Argentina precisa $66.000 por mes para no ser pobres. Los subsidios y asignaciones que reciben no más de 10 millones de personas no superan en promedio los $5.000. Esa cifra está por debajo de la línea de indigencia. ¿QUÉ SENTIDO TIENE SEGUIR SOSTENIENDO ESTO?
Sugerimos una vez más y no nos cansaremos de hacerlo: que se otorgue una Renta Básica Universal e Incondicional para toda la población, sin discriminaciones, para pobres y ricos, desocupados y ocupados, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, jubilados y pensionados; para nacidos en el país y para extranjeros residentes. Debe ser un ingreso individual, suficiente, permanente y para toda la vida.
Para finalizar, se me ocurre que se podría desarrollar un Plan de Gobierno hasta la finalización del actual mandato, que contemple la más justa redistribución de la renta nacional hacia toda la población por medio de la Renta Básica Universal. Sugiero el lanzamiento de un plan de control estricto de precios, con un amplio listado de productos con precios etiquetados para venta en cadenas mayoristas, supermercados y almacenes y comercios en general. Sugiero el congelamiento de las tarifas de agua, luz, gas, combustibles, transporte, seguros, expensas, medicina privada, tv cable e internet hasta diciembre de 2023, con compensación a las empresas vía subsidios y créditos productivos que sostengan la prestación satisfactoria de dichos servicios.
Propongo la baja progresiva de las tasas de interés del sistema bancario hasta llegar a niveles no superiores al 12 % anual en diciembre de 2023. Propongo el congelamiento de la cuota de monotributo hasta diciembre de 2023. Propongo el lanzamiento de líneas de créditos productivos con tasa del 12% anual y con un año de gracia para pymes, microempresas y comercios. Propongo el lanzamiento de un plan federal de viviendas con créditos a 30 años y cuotas equivalentes a un alquiler. Propongo la absorción de los créditos hipotecarios UVA por parte del Estado, refinanciando los mismos, extendiendo plazos y reduciendo las cuotas a montos no superiores a un número rezonable y compensando a los bancos con letras y bonos del Tesoro.
Propongo que el Estado Nacional subsidie hasta el 30% de los alquileres de viviendas familiares para aquellas familias o personas que no tengan ingresos suficientes para pagar la totalidad de los mismos. Propongo un plan federal de tierras fiscales que contemple la entrega de tierras a cooperativas para que desarrollen núcleos productivos y vivienda rural. Propongo que se acelere la urbanización de los más de 5.000 barrios populares que existen en el país, el censo de 2016 informó la existencia de 4.416 barrios, el nuevo censo hecho este año da cuenta de 5.009 barrios, un crecimiento superior al 10% en 5 años. El gobierno está urbanizando 106 barrios en este momento, es insignificante esta cifra. Si trazaron un plan a 10 años, con el objetivo de urbanizar 400 barrios anuales, ese plan está fracasando. A este ritmo en 10 años tendremos 1.000 barrios más, habremos urbanizado un poco más de 2.000 y tendremos al 2030 unos 4.000 barrios sin urbanizar. En estos barrios viven más de 4 millones de personas, las más humildes del país, que merecen tener agua potable, cloacas, luz, gas, asfalto, cunetas, desagues, conectividad vía ENACOM-ARSAT.
Por otro lado nuestro País precisa que se desarrollen cuatro polos de desarrollo productivo (NOA, NEA, CENTRO, PATAGONIA) cada uno de esos centros productivos deben intentar proveer la mayor cantidad de productos y servicios posibles, hay que federalizar, regionalizar la producción, abaratar los costos de producción y logística, generar empleo local, evitar migraciones internas. Propongo un Plan Federal de Capacitación y Formación técnico-profesional rentada que provea mano de obra calificada y demandada en cada región. Por último este Plan de Gobierno tiene que lanzar en todo el País obra pública, cada municipio, cada provincia debe acceder a financiamiento a través del Estado Nacional para desarrollar las obras que considere prioritarias. Por otro lado la Nación debería ejecutar hasta la finalización del mandato la mayor cantidad de obras públicas que considere prioritarias.
Si generamos una masa de ingresos importantes en la población, se impulsa el consumo y ese consumo genera mayor producción, el aumento de la producción genera empleo. Si al mismo tiempo desarrollamos obra pública y planes de capacitación para mejorar la calidad de vida de la gente, estaremos generando un nuevo ciclo virtuoso integral. De esta manera el Estado se transforma nuevamente en el generador de un desarrollo humano integral.
Columnista invitado
Daniel Musso
Miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal
