La historia de “Obras Sanitarias de la Nación” refleja nuestro devenir como el de una sociedad de calidad, líder en América Latina, como alguna vez fuimos y a la cual los poderes económicos extranjeros decidieron extirpar.
Obras Sanitarias de la Nación fue creada en 1912 para la provisión de agua potable “en las ciudades, pueblos y colonias de toda la Nación” y ya para 1949, con el gran apoyo que se dio en esos años a las Empresas del Estado, llegó a manejar el 85 % del tema agua en todo el país; o sea, para un tema tan trascendente como el agua, teníamos una gran empresa, totalmente en manos del Estado.
Así marchábamos, cuando llegó “la crisis del petróleo” en los años ’70 y se implantó en occidente el neoliberalismo, que se consolidó en los´90 con el Consenso de Washington, donde el Banco Mundial y el FMI diseñaron políticas económicas para ser aplicadas en los países dependientes, entre ellos la Argentina, que fue endeudada ex profeso y, que recordamos, entre otras: reordenamiento del gasto público; reforma impositiva; iberalización de las tasas de interés, del comercio internacional y de la entrada y salida de capitales, junto con la privatización de las Empresas del Estado.

Bajo esta ola neoliberal, se desguazaron y transfirieron a las provincias las más importantes empresas del Estado Nacional, entre las cuales estaba Obras Sanitarias de la Nación; Agua y Energía; Gas del Estado; YPF; Yacimientos Carboníferos Fiscales; SEGBA; Ferrocarriles; Entel y muchas más, donde sus bienes, fruto del trabajo de generaciones de argentinos, fueron vendidos a precio irrisorio y pagados con Bonos de Deuda Externa que cotizaban al 30 % de su valor nominal, mientras un alto funcionario de entonces, que aún lucra con lo conseguido en esos años, decía sonriente: ”vendimos las joyas de la abuela”.
Pero también nos obligaron a cambiar leyes básicas de defensa del subsuelo nacional y desde entonces, los recursos minerales también pasaron a las provincias, a través de normas tan lesivas como la Ley 24196, que es un símbolo del despojo y del servilismo a las grandes empresas mineras trasnacionales.
Fue al amparo de esa legislación que se pudo completar el vaciamiento de todos los minerales de Bajo La Alumbrera, en Catamarca y hoy esos minerales, que fueron extraídos y transportados con inmensas cantidades de agua del acuífero Arenal, ya están a buen resguardo en empresas europeas, quedando en la Sierra del Aconquija solo socavones y desierto, mientras Catamarca es la cuarta provincia con menor población por el éxodo de sus habitantes, que nada recibieron tras 20 años de funcionamiento de la mina.
Y nosotros, en Mendoza, también vemos peligrar nuestro futuro, ante un Gobierno Provincial que defiende proyectos megamineros que requieren elevadísimas cantidades de agua para su concreción y ha designado en puestos clave a quienes vienen de trabajar en la actividad privada en temas megamineros, para implantar emprendimientos que utilizarán los métodos de flotación o de lixiviación para separar los concentrados que, como en Bajo La Alumbrera, exigen millones de litros de agua para su realización.
Don Sixto; Hierro Indio; Cerro Amarillo; Potasio Río Colorado; San Jorge… son nombres muy argentinos que esconden a sus verdaderos dueños, que son las grandes empresas mineras extranjeras y que, aprovechando nuestra permisiva legislación, utilizarán y contaminarán para siempre inmensas cantidades de la escasa agua que nos queda, poniendo en peligro a nuestro ecosistema y la subsistencia de nuestros descendientes.

Columnista invitado
Alberto Lucero
Ingeniero Electricista, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Titular de “LENIX Publicidad”. Titular de “INFO POINT SYSTEM”. Co-fundador de las A.M.P.A.P. (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura), en Tunuyán.











