01 de agosto de 2026
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La codicia del flamante funcionario a cargo de una repartición para la que no le alcanzan los diplomas, puesto que sólo se trata de un abogado, de filtra con claridad por entre su entusiasmo. ¿De qué otro modo entrever que se regodee con todo lo que tiene que ver con este negocio que sólo deja en las arcas públicas entre el 1,5 % y el 3 %, en tanto se lleva de nuestros recursos -las más de las veces dejando todo contaminado- el 97 % de lo que extrae? Alguien tendría que decírselo.
A menos que lo tenga muy en claro, como buen leguleyo que es, y su alegría desbordante tenga que ver con las comisiones que piensa cobrarle a las trasnacionales que vienen a quecdarse con lo que nos pertenece, por chirolas. No hay otra forma de entenderlo, porque tomando en cuenta que esos son los porcentajes, nada hay para celebrar. Mucho menos aún para que trate de involucrarnos en su alegría, a título personal, más bien por el cálculo de engorde de su cuenta bancaria.
Con anuencia de los partidos más importantes de la oposición, la ultraderecha local resulta la mejor hacedora de los perversos deberes que impone el entreguismo. Me refiero al deporte que practica muy bien el Gobernador, como así también supo hacerlo su antecesor. El dato, revelador por demás, es el que indica que no les interesa generar una nueva legislación en la materia, por la cual todos los recursos queden para el Estado, es decir: para nuestro pueblo. Entreguismo.
“Entrevista a Jerónimo Chantal
“El nuevo director de Minería en Mendoza promete agilizar proyectos e inversiones
“El abogado especialista en Derecho Minero habla con convicción sobre lo que falta para impulsar la actividad en la provincia.
“Abogado especialista en Derecho Minero, Jerónimo Chantal (38) se empeña en descartar que no ser geólogo o ingeniero en minas sea impedimento para su nuevo cargo. Desde el 1 de enero, es el nuevo director de Minería de Mendoza en lugar del ingeniero Roberto Zenobi (2019-2023), habla con convicción sobre lo que falta para impulsar la actividad que lleva años postergada en la provincia.
“Entre otros aspectos, Chantal refiere al Código de Procedimiento Minero como la figura para agilizar la puesta en marcha de distintos proyectos. También de impulsar incentivos para atraer más inversiones a la minería de la provincia de la mano del cobre, y hasta de “seguridad jurídica” en medio del polémico DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
“Cuánto más pagaron los consumidores de lo que cobra un productor
“Lo de Potasio Río Colorado fue un trabajo de ingeniería jurídica, de adaptar procedimientos estandarizados de búsqueda de inversores a nivel internacional a la ley de Administración Financiera de la provincia, vinculado también a cuestiones de derecho comercial. Diseñamos un proceso avalado por Fiscalía de Estado, que fue difícil por no ser sólo una subasta, sino en realidad una subasta/concesión/negociación privada, con exigencias de confidencialidad”, cuenta el nuevo director de Minería sobre su último rol en el Estado antes de ocupar el nuevo cargo.
“¿Esa confidencialidad o secreto tan discutido en torno Potasio tuvo que ver sólo con ser capitales que cotizaban en Bolsa, o algo más?
“Los mismos interesados lo exigían, porque no querían aparecer como eventuales perdedores de la concesión. Fue parte de un proceso muy largo que incluyó un viaje a Toronto (Canadá) para tentar inversores, y una situación económica a nivel nacional que influyó muchísimo y no dependía sólo de nosotros.
“Esa mirada moderna de la minería ¿no se contrapone al antiguo Código de Minería de Mendoza? ¿Prevé modificarlo?
“Por supuesto. Es un código de 1945 redactado por Mariano Ramírez, muy bueno y novedoso para su época, por establecer la “concesión provisoria”, que permitía empezar a trabajar rápido mientras lo legal avanzaba, con mensura incluída. Pero entonces no había ni siquiera una normativa ambiental; hoy varias provincias exigen el Registro provisorio, a partir del cual obligan a presentar la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y cumplir con toda la normativa.
“Ese antiguo Código necesita adaptarse e incorporar contenido ambiental, adecuarse a la realidad y tecnología que hoy tenemos y no existía en 1945. Un ejemplo: el requisito de fijar domicilio legal a 1 kilómetro de la Dirección de Minería, o que la documentación se presente en papel. Hoy todo se hace por mail desde casa, o subiéndola al software específico.
“En tiempos de cambios o derogación de leyes, no debe ser la única de otra época que haya quedado obsoleta
“Han evolucionado muchísimo los métodos de exploración y explotación. Eso trajo aparejado que otra norma, la 3790, de 1970, que en su momento fue única en el país por determinar cómo tiene que ser la Dirección de Minería, haya quedado estancada. Actualmente ninguna ley fija un organigrama, lo hace cada Gobierno según la política de Estado.
“Además, es la única que establece que, para ser director, un geólogo o ingeniero en minas recién recibido es más idóneo que un abogado, ingeniero o un economista con experienca en la actividad minera. ¿Cuál es la diferencia?. Ese criterio se lo discuto a todo el mundo.
“Cobre ¿motor de la minería en Mendoza?
“Ser abogado ¿habla de la impronta que quiere darle el Gobierno a la política minera en los próximos 4 años?
“Totalmente. Me propongo darle transparencia y agilidad a los procedimientos: hoy tenemos un problema que es el vacío legal por normas antiguas. Eso incluye modificar la ley de Canteras hoy prácticamente inaplicable, y fijar la Guía de Tránsito de Minerales, que no tenemos. Regularizar procesos e institutos en un solo cuerpo legal. Como afirma un geólogo, que es el secretario del Cofemin (Consejo Federal Minero) “antes las minas se medían por la cantidad de reservas; hoy, en cómo tenés los papeles”. Literal. Aunque tengas la mejor reserva del mundo, si no están en regla es nada. Humildemente, con la experiencia que tenemos en ese sentido podemos enderezar la actividad minera en Mendoza.
“Ese código de Procedimiento no inventa nada, es un modelo que trabajamos en base a todo lo que han hecho todas las provincias mineras, principalmente Catamarca y Río Negro, en donde tenía 10 años y ya era viejo. También San Juan, Jujuy, La Rioja, San Luis, Chaco y Santiago del Estero tienen el mismo, redactado por el Cofemin en 1999. Incluso Mendoza. Se volcó en la ley 6913 que nunca se aplicó, porque estaba supeditada a nombrar un juez de Minas para su vigencia.
“¿Y cómo prevé avanzar en materia de atracción de inversiones el modelo que resultó en Santa Cruz o San Juan, entre otras, al contexto actual de la minería en Mendoza?
“Creo que lo principal es la decisión que en la plataforma electoral Alfredo Cornejo planteó sobre incentivos a inversiones. La ministra (de Energía y Ambiente) Jimena Latorre quiere mostrar los recursos de la provincia, y garantizar seguridad jurídica para que el inversor sepa que, haciendo las cosas bien y de manera sustentable y transparente, podrá explorar nuestros minerales. Hay un altísimo potencial, y el cobre es el principal eslabón para la transición energética hacia fuentes verdes y renovables que el mundo requiere: por caso, el litio es 5% y el cobre 32% de la batería de un auto eléctrico.
“Pero tenemos 0 proyectos de explotación de cobre, mientras Chile es el principal productor del mundo al otro lado de la cordillera. Un dato: para llegar a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) al 2050 la humanidad necesita duplicar todo el cobre producido hasta ahora. En Mendoza necesitamos arrancar ya con el cobre, porque el horizonte de un proyecto iniciado hasta la entrada en producción dista 12 a 15 años desde la prospección o exploración avanzada con millones de dólares en juego.
“Licencia social versus exploración irrestricta
“Claro que en Mendoza el propósito de impulsar las inversiones en minería, sobre todo metalífera, está circunscripto desde hace casi 17 años a lo que regula la ley 7722.
“Con el tiempo, se sumó la figura de la “licencia social” que ha delimitado la actividad a la zonificación, esto es, a regiones donde sí está permitido avanzar en tal sentido, como Malargüe.
“Desde el Gobierno dan señales de querer avanzar en lugares donde hay recursos, más allá de contar o no con licencia social, como pasa con el proyecto San Jorge en Las Heras
“Sí. El tema de la licencia social hace que me ponga bastante legalista y diga “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. ¿Dónde está esa palabra en la norma? Me cuesta encontrarla. Sí aparecen figuras como la participación ciudadana, vía audiencia o consulta pública, el acceso a la información, que tiene que estar disponible para toda la población, como lo hace la Dirección de Protección Ambiental en su página web.
“Creo que la “licencia social” surgió de ciertos actores que empezaron a difundir información errónea, y a través del miedo la gente, por desconocimiento, lo hace propio como cuestión de integridad. En Mendoza tenemos 15 años de antiminería, como se plasma en algunas aulas con profesores o maestros que llevan su convicción o ideología política. Es lo que hay que empezar a trabajar.
“¿Cómo piensan hacerlo?
“Con información objetiva, con técnicos que vayan a la escuela a mostrar con datos las bondades de la minería en la vida diaria. Hoy nadie la relaciona con el celular que usamos, la computadora o la cámara de fotos, la lapicera o la salud misma. La premisa toma el speech “que hagan minería en otro lado, no en Mendoza”, todos sabemos que el ambiente es uno: acá nadie debe contaminar, lo dice la normativa y no hay que modificarla. Están las herramientas. Vamos a salir a comunicar, con la convicción de que la minería puede desarrollarse.
“¿San Jorge puede ser punta de lanza en esta nueva etapa, entonces?
“Es un proyecto mediano, que puede tomarse como piloto para impulsar otros como el de Malargüe. Las Heras, y más que nada Uspallata, no debe olvidar que nació y vivió gracias a la minería, a Paramillos y Las Bóvedas, con el plomo que salía de Paramillos se hicieron las armas del ejército libertador del general San Martín, primer promotor de la minería en Mendoza. Es una ciudad minera: está Mina La Mendocina, Cortaderas, la productora de yeso Knauff, que trabaja a la vera de la ruta.
“No hay que compararse con otras provincias, sino con Chile por idiosincrasia. Apenas cruzamos la cordillera, pasando los Caracoles, está División Andina de Codelco, proyecto impresionante. Por eso es fundamental que en Mendoza trabajemos todos los proyectos, necesitamos cobre para ir hacia la transición energética y el cambio climático demanda más parques eólicos y paneles solars y dejar atrás los combustibles fósiles. Tampoco hay que decartar ningún proyecto por no haberse trabajado la comunicación.
“La importancia del control
“Luego de enfatizar la vocación por salir a comunicar los beneficios de la minería, e insistir en el “todo dentro de la ley” a la hora de una eventual reactivación de proyectos y gestión de nuevas iniciativas, Chantal también toma experiencias de otras provincias.
“Hablando de ejemplos cercanos como el de Chile, en San Juan la figura de la Policía Minera fue clave. ¿Sería viable en esta etapa para impulsar la minería en Mendoza?
“Si, por supuesto. Lo que digo y repito es que la gente ya no habla de minería sí, o minería no. Tolera la actividad minera, pero necesita creer en los controles. Y por eso debemos mostrar que se puede controlar, que se está haciendo y que hay herramientas de control. Uno de los motivos de reformar la normativa vigente es que no legisla sobre la Policía Minera, se menciona al pasar solamente, pero hay que dotar de poder a un cuerpo facultado a ingresar a un yacimiento incluso con el auxilio de la fuerza pública. Tiene que ser un equipo fuerte e independiente.
“¿Cómo darle recursos para actuar cuando “no hay plata”?
“En medio de la reestructuración de los ministerios y equipos, ya se está haciendo. Pensamos en un trabajo conjunto de inspectores ambientales con otros dedicados específicamente mineros. Esa es una de las ventajas de que las 2 direcciones, Minería y Ambiente, estén dentro del mismo ministerio. Aunque estamos en línea con la reducción de gastos, esto sería una redistribución.
“Incentivos y DNU
“Habitualmente, cuando incentivos en minería o hidrocarburos se relaciona con baja de regalías o retenciones. ¿De qué forma prevé el Gobierno para atraer capitales?
“El incentivo que tenemos que tener también pasa por ahí. Pero en Argentina hay una alta carga tributaria, una barrera a vencer, pero fundamentalmente hay que ofrecer herramientas de seguridad jurídica nacional que han impedido que ingresen más capitales extranjeros. Nosotros tenemos gran potencial geológico, pero los inversores no ven solamente eso sino la macroeconomía del país.
“Y al respecto, con un Gobierno nacional que impulsa la desregulación económica ¿fijar regalías móviles, algo que ya se intentó antes, es una opción?
“Creo que no. Se han analizado varios modelos, incluso en el último Pacto Federal minero que no llegó a sancionarse. Es un tema discutible: hay países que han arrancado con 0 regalías previendo ir hacia un esquema móvil, pero con garantizando seguridad jurídica. Es lo que necesitamos tener, reglas claras, para luego establecer 0, 12 o 13%. Obviamente, el de regalías móviles es algo analizar cuando se calcula la TIR (Tasa Interna de Retorno) en el estudio económico de un proyecto para definir si se progresa o no.
“A propósito de seguridad jurídica ¿qué pros y contras conllevan el DNU y la ley ómnibus de reformas en minería?
“No ha habido modificación. El proyecto de ley ómnibus no incluyó un aumento de retenciones. Y en el DNU se derogaron 2 leyes, de las cuales sólo a una había adherido Mendoza en la década del ’90 pero que terminó siendo inaplicable. Igual, los estamos analizando. Pero estamos analizando el impacto de algunas cuestiones paralelas.
“¿Como cuáles?
“Están vinculadas al llamado RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones). En principio, consideramos que sería una gran herramienta para inversiones masivas.
“Currículum Vitae: de San Carlos a Santa Cruz
“Nacido en 1985 en San Carlos, Chantal estudió derecho en la Universidad Champagnat, donde actualmente dicta la cátedra de Derecho Minero.
“Luego de 15 años de actividad en distintas compañías mineras y especializarse en transparencia y Compliance (legislación anticorrupción), arribó al sector público en 2018 como asesor de la entonces diputada provincial y actual vicegobernadora Hebe Casado en materia de minería, petróleo y medio ambiente.
“Con la salida de la minera Vale del proyecto Potasio Río Colorado y el traspaso de acciones a la Provincia, en 2020 pasó a ser gerente legal de PRC S.A. la firma provincial que se hizo cargo de los activos. Desde allí, participó de la búsqueda de inversores para la nueva concesión.
“Asegura que su vida siempre se relacionó con la minería. Desde su adolescencia, cuando su familia debió trasladarse de Mendoza a Santa Cruz.
“”Nos mudamos a Puerto San Julián, donde mi madre consiguió trabajo en catering del proyecto (de oro y plata) Cerro Vanguardia, con un régimen de 30 días por 5 de descanso. Todavía hoy ella es una ferviente defensora de la minería”, aseguró el funcionario.
“Sitioandino.com.ar
“Miguel Ángel Flores
“14 de enero de 2024”.
Foto: Yemel Fil
