20 de septiembre de 2026
20:51hs.
Extensión de la moratoria previsional, primer paso valioso en la agenda social tendiente a redistribuir ingresos.
Hace unos días, siguiendo la rutina que como buen vicio de viejo implica fijarse una agenda poco relevante pero que estimamos cumplir a rajatabla, a la hora de los noticieros me senté frente al televisor y de repente vi en la pantalla a Fernanda Raverta, directora de ANSES, junto al Presidente Alberto Fernández. Estaban anunciando la prórroga, por decreto, del plan de facilidades de pago previsto en la ley 26.970, sancionada cuando Cristina Kirchner era Presidenta. Esa ley, como es sabido, contempla un plan de regularización de aportes previsionales para aquellas personas que no cuentan con los 30 años de servicios registrados requeridos para obtener una jubilación ordinaria, y vencía a fines de julio. Asimismo, en la Cámara de Diputados se encuentran en estudio un proyecto de ley idéntico al decreto citado, que fue presentado por Gisella Marziotta, y también un proyecto que contempla un nuevo Plan presentado por Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, que ya cuenta con la aprobación del Senado.
Aquel viejo plan vivió unas cuantas vicisitudes: por ley era prorrogable, y fue prorrogado en tiempos de Macri mediante la llamada ley de Reparación Histórica. Sin embargo, el macrismo tuvo algún olvido y esa falencia implicó una merma considerable en su impacto. Veamos: un plan de facilidades de pago tiene dos fechas críticas, la primera se vincula con hasta cuándo una persona puede usar el Plan (esta fecha es la que vence a fines de julio y motivó el decreto del Presidente), y la segunda contempla hasta cuándo pueden declararse los períodos a regularizar. Esta última fecha es de enorme trascendencia, ya que es la que determina que una persona pueda o no completar los años requeridos, y esta es justamente la fecha que omitieron prorrogar: estuvo fija en el año 2003 durante todo este tiempo. Es importante comprender las implicancias que tiene que en aquel tiempo no se haya prorrogado adecuadamente esa fecha, y creo que dos ejemplos nos podrán graficar con claridad tal situación:
Una mujer que hoy cumple 60 años ha nacido en 1962. En consecuencia, cumplió los 18 años en 1980 (es la fecha en que podría empezar a aportar). Entre 2003 y 1980 hay 23 años, pero como necesita 30 años de servicios con aportes, para completarlos le faltan siete años. Y para ello tiene dos alternativas: haber trabajado de manera registrada con posterioridad a 2003, o bien regularizarlos sin un plan de facilidades de pago que no siempre es accesible para las personas de ingresos bajos o medios. La tercera sería directamente no jubilarse.
El segundo caso refiere a una persona que cumplió los 60 años antes de 2015. En este caso funciona a pleno el Plan y la mujer accede sin inconvenientes a la jubilación. Sin embargo, nótese que el mismo plan ha perdido utilidad para los hombres, ya que estos se jubilan cinco años después.
Como puede inferirse, el alcance actual de la ley 26.970 es muy acotado, aunque obviamente siempre es mejor que nada, y es bueno aclarar que, manca y todo, el 70% de los expedientes que tramita ANSES incluye el Plan de facilidades de pago para obtener una jubilación.
Pero quiero destacar lo que considero más importante del decreto que anunció el gobierno: el plazo de vigencia de esa medida es hasta que el Parlamento apruebe una nueva ley. Esto implica que se clausura la discusión sobre la necesidad de prorrogar la actual y, además, que el Poder Ejecutivo impulsará el proyecto del plan de facilidades de pago que ya tiene media sanción del Senado y está siendo tratado en Diputados.
El anuncio entraña algo muy importante que no está escrito en el texto del decreto y es la participación activa del conjunto de las fuerzas que componen el Frente de Todos para avanzar en el armado de una agenda social. En la aplicación de políticas sociales lo más importante, siempre, es dar el primer paso, y creo que con este decreto se está dando ese primer paso y eso es una gran noticia.
Luego de este paso es posible imaginar que, si todos empujan el proyecto Recalde & Fernández Sagasti, es muy posible que sea ley con cierta celeridad. En este punto me permito señalar que haberle puesto al proyecto de ley el límite temporal de vigencia y de posibilidad de acogimiento es un error, ya que ante el vencimiento de cada plazo se recrea una discusión que solo puede ser zanjada por ley. Pero ese detalle puede ser debatido y corregido en el paso que debe tener en Diputados.
Parece ser que el Poder Ejecutivo finalmente será motorizador de proyectos tendientes a generar una distribución del ingreso nacional más equitativa. Ello nos permite soñar que otras “utopías” estarán al alcance de la mano. El proyecto que se elabora en el Senado sobre el “Ingreso Complementario”, que coordina Juliana Di Tullio y cuenta con el aval de Cristina, es un buen ejemplo. Este proyecto sería, según las versiones del Senado, un ingreso destinado a las personas que se encuentran debajo de la línea de indigencia.
Sé que muchas veces la desazón nos acompaña. Vemos tanta injusticia a nuestro alrededor y tanto egoísmo de aquellos que lo poseen todo, que tendemos a inmovilizarnos y desalentarnos. A pesar de ello sigo pensando que es necesario reclamar al gobierno que haga lo suyo, pero también que debemos acompañar cuando las decisiones que se toman son a favor de lo nacional y popular, y movilizarnos. Si logramos derrotar a los neoliberales cuando se vistieron de dictadura y cuando volvieron a atacar de la mano de Menem y de Macri, podemos hacerlo una vez más. Solo hace falta voluntad transformadora y dar las batallas que sea menester, en la calle, de frente y con coraje.
Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. El gobierno movió las piezas. Ahora nos toca a nosotros encolumnarnos y empujar con toda la fuerza que da el amor al prójimo, la solidaridad y la justicia social.
Elcohetealaluna.com
24 de julio de 2022
Columnista invitado
Miguel Fernández Pastor
Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en temas previsionales. Computista Científico, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Coordinador de la Subregión III, Cono Sur de la Conferencia Iberoamericana de la Seguridad Social (CISS).
