01 de noviembre de 2026
15:36hs.
Voces necesarias para pensar la llamada “batalla cultural”
Cómo se desparraman los discursos de odio que empezaron a materializarse en el intento de magnicidio a Cristina Fernández
“Por el odio generalizado”, dijo desde la cárcel Fernando Sabag Montiel cuando los periodistas Irina Hauser y Ariel Zak lo llamaron para su libro Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado (Planeta) que salió en 2023. Un año después de que la investigación de Hauser y Zak saliera a las calles, su contenido aún tiene mucho para decir. El 13 de noviembre la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Fernández y a otros funcionarios en la Causa Vialidad por “administración fraudulenta” y los discursos de odio emanan desde la propia Casa Rosada. En esta entrevista, la periodista especializada en temas judiciales, explica lo que pueden generar esos discursos y la complicidad de una justicia clasista y patriarcal.
“Por el odio generalizado”, dijo desde la cárcel Fernando Sabag Montiel cuando los periodistas Irina Hauser y Ariel Zak lo llamaron para su libro Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado (Planeta), que salió en 2023.
Ese fue el motivo que esgrimió Fernando Sabag Montiel cuando le preguntaron por qué quiso matar a la vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa en septiembre de 2022. Un año después de que la investigación de Irina y Zak saliera a las calles, su contenido aún tiene mucho para decir. En esta entrevista, la periodista especializada en temas judiciales, explica lo que pueden hacer los discursos de odio y la complicidad de una justicia clasista y patriarcal. Esa violencia que no sólo no desapareció, sino que está institucionalizada: emana de las más altas autoridades y es un peligro extendido permanente.
¿Cómo se te ocurrió escribir el libro?
–Por empezar, el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, durante su vicepresidencia, fue un hecho que de por sí marcaba una herida profunda en nuestro sistema democrático. Como dice ella misma, marca una ruptura en el pacto democrático logrado desde 1983. Como periodista, desde un comienzo tuve la convicción de que habría que dejar testimonio de esto. Por eso también cubrí para los medios donde trabajo el tema desde el primer momento. Pero esa convicción creció más todavía cuando en esa cobertura se hizo cada vez más claro que el Poder Judicial no estaba buscando la verdad. Que se dañe el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, en las primeras 24 horas de “investigación”, ya de por sí fue una muy mala señal. Que casi se les escape Brenda Uliarte, la mujer que estaba con él en la escena del hecho, a las fuerzas de seguridad que intervenían, empeoró todavía más el panorama. La jueza María Eugenia Capuccheti no pareció darle al tema la entidad que tenía, lo trató como un intento de homicidio más y ninguneó a Cristina como víctima de un hecho de violencia política, en su carácter –además— de (la principal) dirigenta política. De modo que percibí la necesidad de tratar, desde mi lugar, de tener un acercamiento lo mayor posible a la verdad de los hechos. Otro factor que me parecía inquietante era la falta de reacción desde la política en general (aunque luego entendí que un sector era partícipe) y del peronismo en particular. En medio de nuestra situación de pluriempleados/as en este momento, demoré mi propuesta y Editorial Planeta se adelantó, ya que advertían la relevancia del tema y aceptaron armar un equipo de trabajo sin el cual hubiera sido imposible investigar y escribir en poco tiempo. Participaron los colegas Ariel Zak y Emilia Delfino, junto con el abogado Franco Mattielo.
¿Con qué se encontraron cuando llamaron a Montiel?
–La primera en llamar a Sabag Montiel a la cárcel fui yo, lo intenté varias veces, pero cuando le decía quién era, me cortaba. Cuando probó Ariel (Zak), lo atendió. Entrevimos algo machista en esto, pero lo relevante fue su respuesta. Al igual que en el juicio oral este año, dijo que no estaba arrepentido de lo que había hecho y ante la pregunta sobre sus razones respondió algo que para nosotros fue revelador: “fue por el odio generalizado”. Como si se sintiera invitado o convocado a intentar matar a la expresidenta porque había un clima de odio que lo justificaba. Digo que fue revelador porque no habíamos advertido hasta ese momento el nivel de violencia imperante previo al atentado y a partir de esto empezamos a reconstruir cómo había ido en aumento los meses previos al ataque y quiénes participaron de esa trama. De todos modos, fueron muchos años de construcción de una demonización contra CFK, cuyos inicios tal vez se remonten a la época del conflicto con el campo o un poco antes en la que participaron los grandes medios (y el poder económico), el Poder Judicial y la política. Sabag Montiel, además, en su discurso reproducía todas las frases harto repetidas por todo ese tiempo en medios y por dirigentes, como “es una ladrona”, o “la culpable de todos los males”, “alguien tenía que hacer justicia”.
El libro de Hauser es de 2023 pero sigue cobrando nuevos sentidos en los ataques sistemáticos a Cristina Kirchner y la proliferación de los discursos de odio que tuvieron en el intento de magnicidio un hito difícil de desentrañar en su momento.
¿Qué pasó con Gerardo Milman?
–El diputado del PRO Gerardo Milman fue señalado por un testigo que se presentó a declarar tiempo después del atentado, y que relató ante la jueza que lo había escuchado decir en el bar Casablanca, de la esquina del Congreso: “cuando la maten yo estoy camino a la costa” frente a dos mujeres, dos días antes del intento de magnicidio. La jueza pidió las cámaras y le dijo a la querella que no había encontrado nada. Fueron los abogados de CFK los que se pusieron a ver la filmación y como a la hora lo vieron entrar a Milman a la hora señalada por el testigo con una mujer, y al rato se sumó otra. Eran sus colaboradoras. La jueza las citó a declarar y, pese a que intentaron mentir diciendo que no habían ido a ese bar (lo que tuvieron que reconocer ante la evidencia de la filmación) no quiso secuestrar sus celulares. La Cámara Federal se lo ordenó en diciembre, pero para ese momento ya habían sido borrados, como declaró en testimonial una de ellas, en una oficina de Patricia Bullrich, de quien Milman era jefe de campaña y había sido su mano derecha en Seguridad durante el macrismo. La mujer que dio testimonio también dijo que el mismo perito que borró el contenido de su teléfono había manipulado el de Milman quien, tiempo después, en un supuesto gesto de colaboración entregó su celular, que era un modelo que salió al mercado después del atentado, y para el cual no hay tecnología que permita extraer su contenido. Nunca le secuestraron ningún otro dispositivo y tanto la jueza y el fiscal como la Cámara Federal, rechazaron investigar por qué habían borrado los celulares y si se trataba de alguna clase de encubrimiento. A eso hay que sumar que Milman presentó proyectos de resolución antes y después del atentado donde pedía información sobre la custodia de Cristina. En uno de dos semanas antes del intento de asesinato decía “no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir y recrear un 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Recién este año el fiscal Carlos Rívolo incorporó esos proyectos a la causa, pedidos por la querella en octubre de 2022 y a los que puede acceder cualquier persona desde la página web de Diputados. Capuchetti y Rívolo enviaron la causa a juicio oral sin esta pista política, acotaron todo a la tentativa de homicidio agravada por la que solo están en el banquillo Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo, el dueño del negocio de copos de azúcar que la pareja vendía y usaba para hacer inteligencia en las cercanías de la casa de CFK, acusado como partícipe secundario. Tampoco incluyeron una pista financiera. Es decir, presentaron el resultado como si se tratara de locos sueltos, asegurando que no tenían pruebas de conexiones de ningún tipo. Nunca quisieron juntar la investigación con el papel de la organización Revolución Federal, pese a los nexos visibles y hasta confirmados por Sabag Montiel en el juicio. Ese grupo de ultraderecha recibió dinero del Grupo Caputo, que manejan hermanos del ministro de Economía.
¿Qué hay detrás de todo este caso?
–Detrás del caso, como decía, hay años y años de persecución a Cristina Kirchner, para sacarla de la vida política a como diera lugar. Causas judiciales forzadas, tapas de diarios con títulos catástrofe y noticias permanentes en los portales al respecto. Todo esto –que algunos definen como lawfare- parece tener una suerte de revival en la actualidad, ahora que ella asumió como presidenta del Partido Justicialista y que está muy activa caminando barrios y hablando con la gente de a pie. La construcción del odio se fue conformando con la “colaboración” de los discursos de la dirigencia política de derecha –a su vez consubstanciada con intereses geopolíticos, en especial de Estados Unidos e Israel—que todos los días repetían frases similares como prédica de la eliminación del oponente, en este caso todo concentrado en Cristina: “hay que erradicar al kirchnerismo”, “terminar para siempre con el kirchnerismo”, “eliminarlo”, “aniquilarlo”, “combatirlo”, “son ellos o nosotros”, “cárcel o bala” al kircherismo. Esto se agudizó cuando el fiscal Diego Luciani culminó su alegato en el caso Vialidad y pidió 12 años de cárcel para la expresidenta, y comenzaron las movilizaciones en su respaldo. Eran cosas que decían muchas personas con responsabilidad institucional: desde Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri que la acusaba de sembrar caos, José Luis Espert, Javier Milei, Ramiro Marra, Ricardo López Murphy, Bullrich aún después del atentado –que no repudió—hacía campaña pidiendo “un país sin Cristina”, el exdiputado Francisco Sánchez pidió pena de muerte. Todo dicho con una liviandad asombrosa. Revolución Federal usaba el “cárcel o bala”, llevaban una guillotina, horcas y antorchas a sus manifestaciones, iban a provocar a la zona de la casa de CFK durante las movilizaciones, algunos de sus miembros subían a la casa de la vecina del piso de arriba, Ximena Tezanos Pinto, que manifestaba su rechazo a la expresidenta, y en Twitter Spaces directamente pedían matar a Cristina y decían que para eso había que meterse en la movilización y hacerse pasar por militante, lo que hizo Sabag Montiel. Pero hay una pata más de toda esta construcción del odio que muchos no advertimos, que eran las transmisiones por Youtube y otras modalidades que hacían jóvenes libertarios ya desde la época de la pandemia, con discursos antikirchneristas que llamaban al uso de la violencia, antifeministas, antiaborto, entre otras tantas cuestiones que hoy se condensan en la llamada “batalla cultural” que impulsa Milei inspirado en las ideas de Agustín Laje, autor de un libro que lleva ese nombre.
¿Podrías decirnos más acerca de la construcción del odio que llevó a este (y otros) atentados?
–Uno de los grupos que se dedicaba a esa tarea actuaba bajo el nombre de “Ministerio del Odio”, lo conformaban personajes que rodearon o aún rodean al presidente o son sus laderos o forman parte su ofensiva digital. Hoy El Gordo Dan y sus “Fuerzas del Cielo” no dudan en presentarse como el “brazo armado” libertario. Ellos se burlan y dicen que no es liberal, pero en la expresión de una potencial fuerza paraestatal, no parece haber eufemismo cuando además se muestran practicando tiro en las redes sociales, y el primero en hacerlo es Santiago Caputo, uno de los personajes más influyentes y sin cargo, o sea sin firma que lo ate a responsabilidades, en el Gobierno.
¿Por qué cobra importancia nuevamente el libro hoy?
–Esa trama violenta que crecía y tal vez no advertimos con nitidez, o que percibimos como un clima enrarecido los días previos al atentado, hoy es parte de nuestra vida cotidiana y emana del Poder Ejecutivo, lo que agrava sus riesgos y efectos. En su momento aparecían signos sueltos que generaban la sensación de que ocurría algo extraño, por ejemplo, cuando la policía de la ciudad atacaba a los manifestantes que iban a apoyar a CFK, o se sucedieron hechos llamativos, como que un repartidor de Rappi, exintegrante del Ejército, atacara con una llave inglesa a manifestantes y custodios en la puerta del edificio donde vivía la entonces vicepresidenta. Hoy el Presidente insulta, amenaza, hostiga a quienes tienen ideas diferentes a las suyas, aplica la violencia de múltiples maneras (en las movilizaciones populares, en quitarle los medicamentos a los jubilados, dejar sin alimento a los comedores, en ataques personalizados a periodistas, entre tantas cosas y formas de negación de derechos), además de contar con un dispositivo altamente efectivo para amedrentar en las redes sociales que a veces se transforman en amenazas o ataques en “la vida real” luego de la difusión de datos privados de ciertas personas (también conocido como doxeo). La legitimación de la violencia y el odio llegó a tal punto de habilitar hechos tales como, por ejemplo, el ataque con un palo de golf de una mujer a otra que tomaba mate y caminaba por el campo de golf en Pinamar con una amiga, a quienes les gritaban “negras ratas”, o la agresión de militantes libertarios a un grupo de investigadores del Conicet en Mendoza, o la irrupción de libertarios con una concejala en medio de una asamblea en la Universidad de Quilmes donde tiraron gas pimienta. Por lo visto aún no se ha logrado oponer o construir una estrategia diferente que ponga en valor algo distinto a la violencia, a la moda de “ser un hijo de puta”. Es más, parece haber hasta cierta aceptación social de la violencia, de lo destructivo, y un riesgo de normalizarla en favor de quienes la utilizan para aplicar más ajuste en pos de los intereses de unos pocos. Generar asfixia, presión constante desde el poder, es una provocación capaz de hacer reaccionar con violencia a quienes quizá la cuestionan, para luego justificar más castigo y autoritarismo. Este escenario complejo, me parece, nos pone a todos y todas en peligro. El oficialismo aprovecha y polariza con CFK, el Poder Judicial (más macrista) hace el juego, en los actos de la Fuerzas del Cielo se insulta a la expresidenta quien, como es obvio, está en las antípodas de un proyecto individualista y destructor del Estado que denosta la idea de que detrás de cada necesidad nace un derecho.
¿En qué estás trabajando ahora?
–En relación con esta temática estoy tratando de estudiar más en profundidad corrientes e interpretaciones sobre los efectos de los discursos de odio o discursos “peligrosos”, como prefiere llamarlos la lingüista, periodista e investigadora estadounidense Susan Benesch. E incluso la posibilidad de aplicación jurídica de estos conceptos. En la misma línea, los llamados estudios sobre “terrorismo estocástico”, que implica el uso de medios de comunicación y redes “para provocar actos aleatorios de violencia motivada ideológicamente que son estadísticamente predecibles pero individualmente impredecibles”. Es decir, formas discursivas que pueden estar relacionadas con resultados violentos pero que no están contempladas en las formas habituales del delito de incitación (a la violencia).
¿Cómo se puede trabajar para que tengamos una justicia que esté más en favor de los sectores populares?
–Más que de “justicia” prefiero hablar de Poder Judicial. Mientras siga siendo un poder elitista, conservador, selectivo, que sigue funcionando como una familia donde van y vienen favores, donde no siempre prima la idoneidad a la hora de nombrar jueces/juezas o fiscales/las, condicionado por el poder político y los medios, será muy difícil que funcione contemplando las necesidades de los sectores populares. Por supuesto que hay tribunales que revelan excepciones (y ha habido este año decisiones relevantes en materia de derecho a la alimentación y el acceso a una vida digna e integración socio urbana) pero no es la regla. Es difícil imaginar cambios con un gobierno que no reconoce el aumento de la pobreza y que criminaliza a quienes encaran las luchas sociales. Hace falta decisión política para reformar el sistema de justicia. Lo intentó CFK en 2013, se alzaron las corporaciones en contra y la reforma democratizadora terminó anulada por la Corte Suprema, la que ahora allana el camino para enjuiciar a nuevamente a la expresidenta.
“Pagina12.com.ar
“Ines Hayes
“20 de diciembre de 2024”.
Foto: Leandro Teysseire
