No queremos ser insistentes, pero es necesario aclarar que las cosas no son a veces como las cuentan. Sobre todo cuando las cuentan a 450 kilómetros del teatro de los acontecimientos, y a sabiendas que nadie va a tomarse el trabajo de viajar a Malargüe a ver si es cierto lo que se dijo.
En nuestra entrega anterior (1) dábamos cuenta de una situación en la que el “dirigente” mencionado en el título se burlaba de una jueza de Paz de Malargüe por llamarse María Paz, pero sin esgrimir argumentos jurídicos contra sus fallos o decisiones. En realidad, no investigamos aún qué hizo la jueza, que molestó tanto a Jofré. Pero sí tenemos claro que, si los fallos de una jueza o un juez están equivocados, la denuncia debería hacerse con argumentos jurídicos y en el espacio adecuado, no con burlas infantiles.
Por otro lado, y ésto algunos lo entendieron mal, insistimos en que somos defensores de los derechos originarios. Los artículos publicados desde hace cuarenta y pico de años en la revista Huaico, resumidos en 2019 en un libro de homenaje a Guillermo Magrassi, y luego en el mismo diario de Marcelo Sapunar (2), éstos últimos a modo de actualización de trabajos publicados incluso antes de la creación en 1985 del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), son prueba suficiente de ello. Dicho esto a modo de autorreivindicación del autor ante los calificativos de “antimapuche” recibidos en los últimos días.

Cuando tengamos detalles de lo ocurrido con la Dra. Zabalegui (1) seguramente escribiremos algo. No estamos de acuerdo ni en desacuerdo con Zabalegui, sólo creemos que debe respetarse su investidura.
Más aún decimos: siendo que la propia esposa del Sr. Jofré, la Dra. Vanesa Bouille, es abogada y funcionaria, desde hace casi dos años, del gobierno municipal de Celso Jaque, hay ciertas formas en las que los militantes deberíamos predicar con el ejemplo, ¿no?. Siempre en el campo de las formas.
En fecha cercana a los hechos denunciados, Explicitoonline.com publicó una de las fotos que acompañan a esta nota, con un breve comunicado donde Gabriel Jofré denunciaba el injusto desalojo de una comunidad mapuche en la zona rural de Malargüe.
Sólo viendo las fotos, surge que sólo se veían vehículos policiales en un lugar de la ciudad de Malargüe (zona urbana, no rural) y no se veía, no se ven, mapuches. La nota fue reproducida en este diario (3), lo que demuestra que somos amplios y plurales. En esa nota hay dos noticias: una protesta por un emprendimiento minero (hecho ante una autoridad que no escucha) y un desalojo. Están vinculadas de manera tal que da la sensación que hubo mapuches que fueron reprimidos con desalojo por oponerse a un proyecto minero. No se difundió en Malargüe, obvio, sino en el norte provincial.
Entonces volvimos a pensar este hecho en clave de lo dicho (en 2): ser preexistentes al Estado Nacional no significa estar exentos de cumplir las obligaciones legales emanadas de los poderes de ese Estado, sobre todo si dicho Estado ha creado organismos específicos para actores tradicionalmente postergados (personas con discapacidad, pueblos originarios, Plan Remediar, amas de casa que no tenían derechos a una independencia económica de sus maridos, etc., etc., etc.). Esto es independiente de que los organismos del Estado estén obrando mal contra distintos colectivos sociales.
Luego, el mismo denunciante de Explicitoonline.com está amparándose en una instancia estatal para denunciar algo, y en otro organismo estatal para denunciar un proyecto minero. De allí la confusión: ¿somos anteriores al Estado para algunas cosas sí y para otra no?
Paralelamente, en nuestra investigación, llegamos a obtener copia de la sentencia judicial que dio lugar a esa fake convertida luego involuntariamente en error periodístico. Los colegas fueron engañados en su buena fe
Aclaremos: ”fake” es porque se anuncia un desalojo de una comunidad rural, pero las fotos son de la ciudad como si hubiese sido una arbitrariedad, y por otro tema que no tiene nada que ver con la minería. Pero no se menciona a la sentencia judicial que dio lugar a ese desalojo, y la subimos a la web del quincenario que dirigimos en Malargüe, Sin pelos en la lengua (4) y allí alcanzamos a entender varias cosas:
Hubo una vez un porteño que compró tierras en Malargüe. Las compró en Buenos Aires, en un remate del gobierno mendocino.
Las tierras fueron entregadas al nuevo dueño con 8 sentencias firmes de desalojo de puesteros que no pagaban el arriendo al patrón anterior. Pero este terrateniente no ejecutó las sentencias y les dijo a los puesteros “quédense, trabajen y, si pueden, me pagan una renta anual; si no pueden, lo hablamos”.
Al principio el susodicho terrateniente había contratado a un sanrafaelino para que le administrara los campos, pero los métodos violentos de esta persona lo llevaron al terrateniente a prescindir de sus servicios y decidió empezar a venir personalmente yen forma más regular a Malargüe (vive en San Isidro, Buenos Aires).
En realidad, ya venía de chico, lo traía el padre en vacaciones, y hasta jugaba a la pelota en canchas de roca basáltica de La Batra… con los hijos de los puesteros. Vamos regularmente allí, conocemos esa cancha, donde aún los puesteros juegan al futbol. Esa cancha está cerca de la Cueva Doña Otilia, actualmente reserva natural privada.
En aquel tiempo, hace unas décadas había 25 y ahora hay 44 puestos dentro de sus 180.000 hectáreas en Malargüe. O sea que hay puesteros nuevos que llegaron después que él; con todos hizo contrato escrito; en los contratos se establecen derechos y deberes.
O sea,el contrato que fue motivo del desalojo que nos ocupa, fue hecho con una persona que, al firmar, había reconocido derechos y deberes de ambas partes y ocurrió hace muchos años, cuando nadie hablaba en Malargüe de pueblos originarios.
La sentencia judicial reciente que posteamos (4) puede gustarnos o no. La firmó un juez de San Rafael. Si nos tomamos el trabajo de leerla, veremos que hay un problema con el cual el juez tuvo que lidiar, y es que los originarios tienen derechos, pero en el contrato las víctimas también le reconocen derechos al dueño del campo. Hay superposición y contradicción, choque de intereses y derechos, y eso ha sido sopesado por el funcionario judicial, que falló como creyó oportuno. Quizás lo hizo mal, no lo sabemos.
Lo que nosotros entendemos por lo que pudimos reconstruir, es que hace unos años la persona que firmó el contrato decidió volverse a la ciudad de Malargüe, a la ciudad y dejó el campo. Luego lo tomaron sus hijos, y allí montaron un camping, sin permiso del dueño, y luego alguien los convenció de que lo llamaran “lof” y pusieran a ondear la whipalla.
Ahora bien, una sentencia judicial equivocada no se apela con burlas-a-espaldas-de (caso jueza Zabalegui, ver cita 1) ni fake news (ver 3), sino que hay mecanismos legales para apelar. Mecanismos que no se usaron. ¿Sí se usaron para un proyecto minero, pero no para un desalojo? ¿Será por lo que dijimos (en 1), que habilita a algunos a no cumplir las leyes por ser preexistentes al Estado Nacional, como los militares desde el golpe de 1930?
Metiéndonos ya en el vericueto legal, Gabriel Jofré está casado con su pareja, Vanesa Bouille, abogada y dirigente de la APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (5), funcionaria de un Municipio que, entre otras cosas, todavía no explicó a dónde fueron a parar los libros de la Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime de Nevares creada en 2007 con el aporte y presencia física de Estela de Carlotto y destinada a promover los derechos humanos. Raro, ¿no?. ¿Habrán quemado esos libros que estaban desde 2016 en el edificio que había sido construido en su momento como Centro Integrador Comunitario (CIC) y hoy es usado para otros fines? ¿La APDH hizo algo para saber el destino de esa biblioteca?
Son varias las preguntas que surgen…
¿Se puede estar en la APDH y al mismo tiempo en un gobierno comunal que maltrata a los empleados públicos, los negrea, los despide sin causa, les descuenta cuando hacen paro, no los registra… al mismo tiempo que algunos empleados municipales privilegiados turistean en el exterior permantemente?. No hemos visto ni a la APDH ni a los mapuches apoyando las marchas de hace un año de los obreros municipales, a los que se les pagan sueldos de miseria. Muchos de ellos fueron entonces despedidos en Navidad.
¿Se puede estar en la APDH y al mismo tiempo en un gobierno que se burla de una concejal por su obesidad (una de las dos únicas que acompañaron a los trabajadores en lucha) y algunos trolls oficialistas hacen bromas pesadas por haber perdido, esa concejal, un hijo en un parto?. Parece que en Malargüe sí, se puede. Incluso invocando los derechos humanos; si, se puede.
No conocemos NINGUNA lucha de otros sectores espopulares a los que la Comunidad Malalweche haya apoyado. Y nos consta que echan a todo el que van al campo a ayudarlos a ellos. A menos que vayas con tarjeta de invitación en papel satinado.
Recordemos que esta abogada también es miembro de la Coordinadora (ex Asamblea) ambiental de Malargüe. O sea, atiende a ambos lados del mostrador en varios planos, y ésto ya no es una pregunta…
Ofrecemos a nuestros detractores que vengan a Malargüe y los acompañamos a hablar de manera directa, a conversar con la gente del campo, la que trabaja arriba del lomo de su caballo. Difícil que alguien acepte el convite: un sector de la militancia necesite seguir viviendo de ficciones.
“Vení a Malargüe, no vengas a bajar línea, vení a escuchar a la gente del campo”, le dijimos a un joven militante en mayo pasado.
“Vení a las audiencias públicas por proyectos extractivistas y te vas a encontrar con que, en la mesa de acreditaciones están… esta abogada Bouille y su jefa, la Directora de Ambiente de Malargüe”, les dijimos a otros, que siguen “sabiendo” mucho de Malargüe (más que quienes vivimos aquí) sin haber venido nunca
La única verdad es la realidad.




Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción mirá aquí.
Notas
1 – https://marcelosapunar.com/los-mapuches-de-malargue-y-una-extrana-convocatoria-parte-2-las-burlas-de-gabriel-jofre-contra-una-jueza-carlos-benedetto/
2 – https://marcelosapunar.com/?s=Kusch
3 – https://marcelosapunar.com/cornejo-malargue-comunidades-mapuche-impugnaron-el-protocolo-que-impulsa/
4 – https://spellrevista.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/10/sentencia-oralidad-admite-demanda-totalmente-firma-digital.pdf
5 – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ONG fundada en 1975 por personalidades que veían venir la masacre que finalmente ocurrió. Uno de sus fundadores fue Monseñor Jaime de Nevares (https://marcelosapunar.com/?s=de+nevares), quien al tiempo decidió separarse de la central y armar una APDH exclusivamente neuquina. Por algo habrá sido…
Foto: algunas imágenes publicadas son a título ilustrativo













