09 de noviembre de 2026
23:21hs.
“Preocupación por la privacidad
“Quirno deberá blanquear el acuerdo con EE.UU. por los datos personales de los argentinos
“La Justicia ordenó a Cancillería entregar la documentación completa sobre el acuerdo con EE. UU. que prevé la transferencia de datos personales de argentinos, tras un amparo de Amnistía Internacional.
“El juez federal en lo contencioso administrativo Santiago Carrillo hizo lugar a un amparo de Amnistía Internacional y le ordenó al canciller Pablo Quirno entregar información completa con relación a un acuerdo suscripto con Estados Unidos que incluye el compromiso de transferir a ese país datos personales de los argentinos. Ante el pedido formal de la ONG, el gobierno había invocado un decreto de la gestión macrista para entregar información incompleta y negar el acceso al expediente con los informes, dictámenes y antecedentes del acuerdo. La decisión judicial refuta la pretensión del Ejecutivo de ocultar esa documentación y le da a Cancillería un plazo de diez días para entregarla. “Cuando una decisión estatal puede afectar nuestra privacidad y la protección de nuestros datos personales, tenemos derecho a saber cómo y por qué fue tomada. La publicidad es la regla. El secreto, la excepción. Proteger nuestros datos también exige transparencia”, recordó ayer la organización civil.
“El 13 de noviembre de 2025 los gobiernos de la Argentina y de Estados Unidos anunciaron un marco de acuerdo en materia de comercio e inversión recíprocos. En lo relativo a comercio digital, se informó que nuestro país se habría comprometido a facilitar el comercio digital con la potencia del norte mediante el reconocimiento de ese país como jurisdicción adecuada bajo la legislación argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios o productos digitales estadounidense. El 5 de febrero, Cancillería informó sobre la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas, que publicitó como un logro para fortalecer el perfil exportador, promover el intercambio comercial y generar mejores condiciones para las inversiones de largo plazo.
“Sobre esa base, Amnistía presentó a principios de marzo un pedido de acceso a la información pública a Cancillería, enfocado en especial en las disposiciones sobre transferencia de datos personales. Argumentó que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe, en su artículo 12, la transferencia de los mismos a países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados. Recordó que según la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Estados Unidos no estaba incluido en el listado de países adecuados para tratar datos personales. Destacó que “el eventual reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada constituye, prima facie, un cambio regulatorio de gran importancia. No se trata de una cuestión meramente comercial ni de un aspecto accesorio del Acuerdo: la transferencia internacional de datos personales puede incidir en la privacidad, la autodeterminación informativa, la seguridad de la información, la capacidad regulatoria del Estado y la soberanía sobre infraestructuras y flujos digitales”.
“La información solicitada apuntaba a conocer los fundamentos de la decisión, si existió un análisis de adecuación, qué normas estadounidenses fueron evaluadas, qué metodología se utilizó, qué fundamentos se invocaron, qué flujos de datos fueron considerados (comerciales, financieros, laborales, biométricos, educativos, médicos, personales, etc.) y qué salvaguardas se previeron. En resumen, apuntaba a controlar si el Estado había adoptado una decisión informada, fundada y jurídicamente trazable antes de avanzar en una materia sensible.
“La respuesta de Cancillería, fechada el 30 de marzo, fue parcial, incompleta, notoriamente evasiva y carente de fundamentación. La cartera a cargo de Pablo Quirno identificó genéricamente algunos de los ministerios que supuestamente intervinieron pero omitió acompañar el expediente administrativo, los dictámenes y las opiniones técnicas y jurídicas producidas. Tampoco informó si esos documentos existen o no, si obran en su poder o bajo custodia de otras áreas, si fueron remitidos a otra jurisdicción o si se encuentran reservados por alguna causa legal específica. Mucho menos identificó qué área intervino en qué aspecto del Acuerdo, qué tipo de validación realizó cada organismo, qué documentos produjo cada cartera o qué acto administrativo instrumentó esas intervenciones.
““Sin acceso al expediente administrativo, dictámenes, opiniones técnicas y documentos complementarios, no es posible conocer si el Estado argentino evaluó garantías mínimas de protección de datos personales antes de suscribir un instrumento internacional que, según el anuncio oficial que motivó el pedido, involucraba transferencia transfronteriza de datos personales hacia Estados Unidos”, argumentó Amnistía en su amparo, presentado en mayo, que firmó Mariela Belski como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, con el patrocinio letrado de Paola García Rey. Calificaron la respuesta estatal como “ambigua, incompleta e infundada” y advirtieron que “impide conocer información pública indispensable para controlar la actuación estatal en la negociación y firma de un instrumento internacional que podría tener impacto sobre la protección de datos personales, la privacidad, la autodeterminación informativa y la capacidad regulatoria del Estado argentino”.
“El juez Carrillo le dio la razón a la ONG. Recordó la exigencia de la publicidad de los actos de gobierno como uno de los principales principios republicanos y se explayó sobre la importancia del acceso a la información en poder del Estado. Rechazó los cuestionamientos de Cancillería sobre la presunta falta de legitimación de Amnistía para solicitar información o la ausencia de requisitos formales para presentar el amparo.
“El magistrado constató que el Ejecutivo se limitó a acompañar copia del acuerdo pero no del expediente administrativo requerido. “No solamente no dio acceso a lo solicitado, sino que tampoco explicitó los motivos por los cuales no facilitó dicha actuación administrativa”, apuntó. Cancillería expresó de forma genérica que el decreto 206/17 del gobierno macrista excluyó del concepto de documento público las deliberaciones preparatorias y los papeles de trabajo argumentando la necesidad de preservar la confidencialidad de los procesos de negociación internacional. El juez refutó esa excusa, apuntó que esa exclusión sólo incluye la información que contenga datos de naturaleza privada pero que un “expediente administrativo no encuadra en esos conceptos”, pues es “el protagonista de la actividad administrativa”.
“Pagina12.com.ar
“5 de noviembre de 2026”.
Foto: Quirno prensa
