El liderazgo de Cristina es el más importante de la Argentina, por muchos motivos. Alguna vez sería bueno puntualizar esos motivos. En el caso que nos ocupa, me parece importante compartir su mirada sobre este momento previo a una importante discusión que llevará adelante el Congreso esta próxima semana.
Siempre clara y al hueso, sin paráfrasis utilizadas para obturar el camino de las verdades, en primera persona; podrás apreciar una pincelada de lo que se viene. Los argentinos que nos sentimos parte de un todo inclusivo al que llamamos Patria, creemos que deben realizarce grandes cambios en el servicio de justicia de nuestro país.
Te agrego, en el final, la carta que envió para renunciar a percibir los haberes de Vicepresidenta de la Nación, ya que Anses acaba de restituirle la asignación mensual vitalicia como es Presidenta de la Nación, en los períodos 2007-2011 y 2011-2015, que le fueran arrebatados en forma ilegítima por el malcrismo.
“Mensaje de Cristina en las redes
“¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia
“Este jueves en el Senado vamos a tratar un proyecto de ley titulado “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” enviado por el Poder Ejecutivo y por el cual se crean nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Además, se comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.
“A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente “Reforma Judicial”… y la verdad es que haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en nuestro país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales.
“La primera, fue la que envié al Congreso siendo Presidenta de la Nación en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios.
“La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios. A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales.
“Esa reforma de facto que hizo Mauricio Macri tuvo cuatro ejes fundamentales:
“1-Creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py. Esa “mesa judicial” fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional. Se hablaba de ella en artículos que se podían leer en el papel y en el portal, se comentaban sus reuniones en los programas de televisión y sus decisiones, que se conocían en las tapas de los diarios, anunciaban el texto exacto de futuras resoluciones y sentencias judiciales.
“2-Incorporó la llamada “Doctrina Irurzun” (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privándolos de su libertad en forma ilegal.
“3-Comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces. Se violó de esta manera, en forma flagrante, no sólo el principio de Juez Natural, sino la prohibición de tribunales ad hoc.
“4-Convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ellos se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno.
“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves. Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación.
“He sido dos veces Presidenta de la República Argentina por el voto popular. Todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente. Y lo hice con la convicción que el único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional.
“En tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos, es muy bueno recordarlo”.
“El Frente de Todos propone incluir a todos los jueces en el pago del impuesto a las Ganancias
“Es a través de dos proyectos presentados por los diputados Casaretto y Vivero. Recogen el planteo del Presidente ante el Congreso cuando dijo que la exención de Ganancias es un privilegio de jueces y fiscales.
“El oficialismo presentó dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago a del Impuesto a las Ganancias. El tema lo introdujo el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas de este año y ahora hay luz verde para que este tema históricamente tabú se incluya en las modificaciones del impuesto a las ganancias. El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996 y que ninguna composición del máximo tribunal del país modificó pese a que antes de asumir sus miembros siempre se manifiestan a favor de derogar ese privilegio. Es de esperar la resistencia dentro de los tribunales, tanto de jueces y fiscales como de los empleados judiciales.
“Que los jueces y fiscales no pagan Ganancias lo recordó el Presidente el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Allí dijo que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”. Ahora diputados del oficialismo le dieron forma a ese planteo.
“Uno de los proyectos lo presentó Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, y ya recibió más de 30 pedidos de diputados para sumarse como cofirmantes. El otro: Alberto Vivero, diputado por Neuquén.
“El proyecto de Casaretto plantea modificar el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias según el texto ordenado por el Decreto 824 del 2019. Allí se establecen quienes son los contribuyentes de la cuarta categoría, donde están incluidos todos los cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y dentro del Poder Judicial solo los que ingresaron a partir del 2017, una modificación realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.
“La historia del pago del Impuesto a las Ganancias por parte del Poder Judicial es un capítulo importante en torno a la (falsa) división de poderes. La ley original, sancionada en 1973, excluía del pago a los jueces y fiscales y a los legisladores. En 1996, sin embargo, el Congreso eliminó ese privilegio a través de la ley 24.631. Los diputados y senadores votaron que ellos y los jueces tenían que pagar el impuesto. Pero la Corte Suprema decidió pasarle por encima al Parlamento y sin tener un caso, apenas por una acordada de sus miembros, dijo que eso era inconstitucional. ¿El argumento? Que la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios. Es la acordada 20 de 1996 vigente hasta hoy, firmada por Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Eduardo Moliné Oćonnor, Julio Nazareno, Gustavo Bossert y Antonio Boggiano.
“La Corte nunca quiso tocar este tema, pese a que sus miembros dijeron públicamente que debían pagar el impuesto. Sus últimos dos presidente, por ejemplo, opinaron eso ante el Senado antes de asumir el cargo. Carlos Rosenkrantz, actual presidente de la Corte, dijo que “no hay ninguna razón para que los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de proveer lo necesario para que el estado pueda funcionar” y aseguró: “Yo estoy dispuesto a pagar impuestos y voy a militar para que el poder judicial pague impuestos”. Su antecesor, Ricardo Lorenzetti, dijo que “es admisible el pago del impuesto a las ganancias en tanto se respete el principio de una remuneración digna” y citó el caso Oḿailey vs Woodrough de 1939 donde los jueces de Estados Unidos resolvieron este tema con el simple argumento de que “someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos”. Una vez en la presidencia de la Corte ni Rosenkrantz ni Lorenzetti hicieron nada por cambiar la acordada 20 de 1996.
“Impuesto a las Ganancias
“En los fundamentos de su proyecto, el diputado Casaretto escribió: “En mi opinión la CSJN se excedió en sus facultades reglamentarias. Efectivamente, los artículos 113 y 116 de la Constitución Nacional le atribuyen a la CSJN atribuciones reglamentarias, pero exclusivamente para resolver cuestiones internas de su funcionamiento. Asimismo le conceden el conocimiento y decisión sobre puntos regidos por la Constitución, pero solamente en el marco de una causa o caso concreto. De ninguna manera le reconoce la potestad de declarar la inconstitucionalidad o la no aplicación de normas generales emanadas del Congreso, máxime cuando es a éste a quien le concede específicamente atribuciones legislativas”. Casaretto también plantea que incluso los funcionarios judiciales nombrados después de 2017 pagan ganancias solo por algunos conceptos de su remuneración, lo que también incumple la ley.
El proyecto del diputado Vivero plantea modificar el artículo 79 del decreto 649 de 1997. En el inciso a se detallan los funcionarios públicos que pagan el Impuesto a las Ganancias, incluidos los del Poder Ejecutivo y el Legislativo y los judiciales nombrados post 2017. Vivero propone una redacción donde directamente se incluya al Poder Judicial y al Ministerio Público al igual que al resto.
En sus fundamentos Vivero plantea que “cualquier dispensa en pago de un tributo nacional respecto de otros empelados, funcionarios y magistrados que en misma situación de relación laboral sí contribuyen con ese mismo gravámen evidencia un grado de desigualdad que resulta injusto para ese Poder del Estado que cumple la función de Justicia”.
Es evidente que habrá reacción de parte de los magistrados. La Asociación de Magistrados, el sector más conservador dentro de los judiciales, ya manifestó su oposición a este tipo de iniciativas. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) plantean que el impuesto no alcance a los escalafones más bajos de la carrera judicial. Desde Justicia Legítima sentaron su posición en 2016: “queremos expresar por este medio nuestra histórica postura en favor de que los jueces, los fiscales y los defensores del Poder Judicial de la Nación tributen impuesto a las ganancias del mismo modo y en la misma proporción que lo hacen el resto de los habitantes de la República Argentina, sin excepción ni exención alguna que contravenga las normas impositivas generales”.
“Eldestapeweb.com
“Ari Lijalad
“16 de marzo de 2021”.
“Recordó, además, que rechazó el privilegio de no pagar ganancias
“Cristina Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta
“En una carta dirigida al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, Cristina Fernández de Kirchner anunció que decidió renunciar a percibir los haberes que le corresponden como vicepresidenta, a partir de abril, y detalló las razones de su decisión.
“Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo” enfatizó Cristina Kirchner.
“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación, para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año. En ese sentido, le solicito se sirva disponer lo pertinente para materializar dicha decisión” explicita la misiva de Cristina Kirchner en su encabezado.
“Con la renuncia a su sueldo de vicepresidenta, cobrará a partir de abril su jubilación y la pensión que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
“En el mismo texto, la vicepresidenta explica que su decisión “obedece a haber sido notificada el día de ayer -la carta está fechada el 5 de marzo- de la Resolución de Anses Nro. COM-A 02503/21 de fecha 03 de marzo de 2021, por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de expresidenta de la Nación durante los periodos 2007-2011, 2011-2015, de la cual había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri”.
“La titular del Senado hace referencia a la sentencia judicial del 29 de diciembre de 2020, que restituyó los beneficios previsionales suspendidos por decisión administrativa del Ministerio de Desarrollo Social que entonces conducía Carolina Stanley.
“El juez de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nani consideró que la exmandataria había sido despojada de sus derechos previsionales de modo irregular, por lo que ordenó la restitución de las asignaciones vitalicias que la ley prevé para los exmandatarios.
“Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo”, enfatiza la titular de la Cámara alta en el párrafo final de su carta a Vitobello.
“Ganancias
“En el tramo final de la misiva, Cristina Fernández recuerda que tomó una decisión similar cuando una sentencia judicial le otorgó el beneficio de no descontar ganancias de sus asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, “quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias”, enfatiza.
“El abogado de la vicepresidenta, Miguel Fernández Pastor, se había presentado en Anses y renunciado por escrito al beneficio de que no le descuenten ganancias, así como a cobrar el retroactivo (esto es, el pago de su jubilación desde que dejó de ser presidenta).
“La jueza le había otorgado a CFK la jubilación y el retroactivo, sin el descuento de ganancias, porque lo equiparaba a lo que sucede con los integrantes de la Corte.
“La última línea de la carta de la vicepresidenta remite a ese privilegio de los magistrados, que próximamente volverá a ser debatido en el Parlamento a raíz de un proyecto de ley que se propone suprimir la exención de la que gozan jueces y fiscales.
“Página 12
“18 de marzo de 2021”.