15 de abril de 2026
09:11hs.
El capitán general José de San Martín y su comando estratégico idearon llegar al Perú por Chile, donde a fines del año 1811 se había logrado constituir un gobierno autónomo encabezado por el patriota chileno José Miguel Carrera, cuyo principal ministro fue el abogado Manuel Rodríguez. Pero mientras San Martín preparaba su ejército en Mendoza, el gobierno provisional de Chile fue atacado por las fuerzas realistas que provenían del Perú y, tras una serie de refriegas y batallas, fue derrotado en Rancagua el 2 de octubre de 1814.
Carreras y su gente se trasladaron a Mendoza y se unieron a las fuerzas de San Martín. Fue entonces cuando Manuel Rodríguez y sus hombres jugaron un rol destacado. Cruzaban permanentemente al suelo chileno y sorprendieron al ejército realista con un coraje y audacia sin par. En una oportunidad, Rodríguez, disfrazado de fraile, le abrió la puerta de la carroza al capitán general español Casimiro Marcó del Pont, quien había puesto precio por su cabeza.
El ejército de los Andes cruzó la cordillera y, tras el triunfo en la Batalla de Chacabuco en febrero de 1817, desalojó al gobierno español y, un año más tarde, el 12 de febrero de 1818, declaró la independencia.
Al caer la noche del 18 de marzo de 1818, el ejército aliado fue atacado por el general José Ordóñez en Cancha Rayada. Allí se produjo una gran confusión (las tropas patriotas llegaron a dispararse entre ellos) y se generó un clima de derrota y desazón, y no fueron pocos los miembros del ejército aliado que sugerían volver a Mendoza, cuando retumbó la voz del joven Manuel Rodríguez. “Aún tenemos patria”, dijo, y su discurso vehemente logró que se conformara un gobierno provisorio que él encabezó. Hasta que días más tarde llegaron San Martín y O’Higgins, se reorganizó el ejército. El 5 de abril de 1818, en los llanos de Maipú, se derrotó definitivamente a las tropas enemigas, expulsándolas de Chile.
Fue necesario tener una mirada estratégica y un inconmensurable amor a la patria para que los criollos se dieran cuenta del verdadero estado de situación, dado que el enemigo parecía fuerte y consolidado, pero era débil en tanto y en cuanto tenía como prioridad dominar a la población para apropiarse de su riqueza, de su trabajo y de su producción. La fortaleza del pueblo residió en la capacidad para romper las cadenas de la subordinación y de la dependencia e iniciar el camino de la construcción de una sociedad para todos.
Salvadas las distancias, sucede algo similar en la situación actual. Un gobierno elegido con el voto popular ejecuta un plan sistemático de endeudamiento y fuga de capitales y, paralelamente, la enajenación del patrimonio argentino. Esto margina y expulsa a la población a la pobreza en el presente, y sin futuro.
Endeudar y fugar
La deuda bruta (en pesos y en divisas), que en el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (diciembre 2015) era de 240.665 millones de dólares, al 30 de septiembre de 2025 alcanzó 454.031 millones, incluso tomando deuda con el FMI (por un total de 57.292 millones de dólares a esa fecha) [1].
Cuando se discutió el 6 de marzo de 2016 en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y en la de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, para reconocer los títulos de deuda presentados por los llamados fondos buitres. Estos fondos no habían querido participar en los canjes de los años 2005 y 2010. En dicha oportunidad se invitó a profesionales y cámaras para su consideración. En esa reunión, el economista Jorge Gaggero aseveró que el gobierno de Mauricio Macri estaba iniciando “un tercer ciclo largo de endeudamiento en el país”. A la vez, calculó que la nueva deuda que se generaría para pagar a los buitres estimularía “la fuga estructural del dinero ilegal”, como efectivamente fue. La Dra. Magdalena Rúa preparó a posteriori un gráfico donde demuestra lo planteado por Gaggero, hasta diciembre 2019, que sigue vigente en la actualidad.
El gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó la deuda contraída por la gestión de Cambiemos, sino que se limitó a negociar con los acreedores y el FMI la prolongación de los plazos de la deuda para pagar solamente los intereses durante el período 2015-2019.
En su inicio, el gobierno de Milei enfrentó el problema del déficit fiscal de la administración anterior (que en gran parte está relacionado con el covid). También enfrentó la “bomba” de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA), que fue generada para garantizarles a los grandes bancos una ganancia extraordinaria para evitar que pasaran un porcentaje de los depósitos que captan a dólares. La solución que encontraron fue transformar el déficit fiscal, que es en pesos, y la deuda del BCRA con las entidades financieras en títulos del Tesoro de la Nación, por 28.200 millones de dólares y 43.500 millones de dólares respectivamente, convirtiendo ambos factores en deuda pública nacional.
En la primera parte del año 2025, el BCRA, ante la constante compra de divisas, perdió 6.300 millones de dólares de sus reservas internacionales; eran de 31.000 millones el último día hábil de diciembre de 2024 y solo sumaban 24.700 millones al 11 de marzo de 2025. Es más, ese día el BCRA vendió a los bancos amigos 398 millones de dólares y, a las 17:30 horas de esa jornada, el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili anunciaron la ampliación del acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares.
El lunes 14 de abril de 2025 se firmó la ampliación del acuerdo con el FMI. Para tal fin, vino el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en su carácter principal de gobernador de ese organismo internacional de crédito. El gobierno acompañó ese día con la “liberación del cepo” para las personas físicas (levantó las restricciones para comprar divisas), y Javier Milei pregonó que los argentinos éramos más libres.
El balance cambiario del BCRA del mes de septiembre de 2025 informa que se fugaron capitales (lo denominan FAE: Formación de Activos Externos) en ese mes por 6.890 millones de dólares. Si se toman los datos desde el 14 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025, la fuga totaliza 24.400 millones de dólares.
Esa fuga se financió de hecho, desde el 14 de abril al 31 de agosto de 2025, con los préstamos del FMI de 14.000 millones de dólares y del BID y del Banco Mundial por 5.000 millones de dólares más. Los 6.890 millones de dólares de septiembre de 2025 provienen de la venta de soja, sus derivados y otros productos por parte de grandes acopiadores y comercializadores de granos. Ellos vendieron estos productos por 7.000 millones de dólares sin pagar derechos de exportación (retenciones), gracias al Decreto 862/25. Dólares con los que el país no va a contar en el resto del año y en el 2026 y que significó una merma de ingresos para el fisco de no menos del equivalente a 1.400 millones de dólares.
El procedimiento base de la fuga de capitales comienza con la devaluación de nuestra moneda. Así fue, por ejemplo, con el Rodrigazo en junio de 1975. Luego, se frena el precio del dólar malvendiendo reservas del BCRA (la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz).
En la actual gestión, devaluaron más de un 100% el 12 de diciembre de 2023, permitiendo que los que tienen excedentes en pesos (las grandes empresas formadoras de precios y los bancos) compren dólares y los fuguen. En el caso de septiembre de 2025, los mayores compradores de dólares fueron los acopiadores y comercializadores de granos que se ahorraron de pagar las retenciones (que en el grano de soja era del 26% y para el aceite y los pellets de soja del 24,5%).
La enajenación de nuestro patrimonio
Como el Estado nacional es el que se endeuda, también es el responsable de pagar esa deuda, y este gobierno, para ello, propicia la venta vil de nuestro patrimonio.
El viernes 7 de noviembre se abrieron los sobres de la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. Desde agosto de 2023, cuando se terminaron las concesiones de estas, se les prorrogó su uso a sus administradores, y en el interín, las cuatro se convirtieron en sociedades anónimas: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
Al ser sociedades anónimas, se les permite la venta de sus acciones; por ende, la propiedad de la represa es del Estado, pero los adjudicatarios pueden vender sus acciones por la concesión. La Resolución 1569/2025 y la Circular Modificatoria N.º 4 han realizado cambios al documento del concurso. Estos cambios indican que los nuevos operadores privados podrán explotar estas represas durante un período inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderlo. A cambio, deberán abonar un canon anual y comprometerse al mantenimiento y cuidado ambiental de los complejos. Sin embargo, el proceso no tiene un marco regulatorio claro ni contempla garantías reales de control público efectivo.
Las empresas que presentaron oferta fueron: IPS Renewal, Central Puerto (administra Piedra de Águila y es una sociedad conformada por Nicolás Caputo, la familia Bemberg, la familia Escasany y la familia Ruete Aguirre), Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (de la sociedad entre Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora (MSU Green Energy), Enel Argentina (empresa estatal italiana que administra Chocón), AES (empresa norteamericana que le ganó a la Argentina un juicio en el CIADI por 750 millones de dólares y administra Alicurá, cuyo precio base de licitación es de 50 millones de dólares), Pampa Energía y Edison Inversiones.
Paralelamente, el lunes 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia sobre el impacto ambiental de concesionar nuevamente y aumentar el calado del río Paraná. Representantes de organizaciones sociales, productivas, ambientalistas, técnicas y de la Iglesia católica impugnaron el proceso de convocatoria, principalmente por la ausencia de un estudio de impacto ambiental serio y fundado. Luciano Orellano, del Foro por la Recuperación del Paraná, sostuvo que “la Argentina, de sus 100 puertos, no controla, no gestiona, no administra ninguno”. El complejo portuario de Rosario es una UTE (Unión Transitoria de Empresas), que, con sus 31 terminales en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco en el sur hasta Timbúes en el norte, es el mayor exportador de granos y productos agroindustriales del mundo. El capitán de la marina mercante Oscar Verón planteó la existencia de un memorándum firmado entre la Argentina y Estados Unidos, en el cual el Cuerpo de Ingenieros Militares de dicho país interviene en la gestión de los puertos y las cuencas hídricas del país, personificando a la OTAN y los intereses internacionales sobre los recursos naturales de la Argentina.
Por sus más de 3.400 kilómetros del río Paraná circulan anualmente más de 100 millones de toneladas de mercadería: el 81% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de la Argentina; el 91% de la carga contenerizada; 750.000 vehículos; minerales, combustibles, biocombustibles, productos forestales, fertilizantes y otros. Todos los años llegan 4.500 buques extranjeros a cargar nuestras exportaciones, pero ninguno de esos 4.500 barcos que ingresan por el río Paraná a cargar las mercaderías que exporta nuestro país es de bandera argentina, ni pertenece a armadores/empresarios locales, ni son tripulados por trabajadores nacionales. A su vez, el 80% de los remolcadores y barcazas que navegan por los ríos Paraguay y Paraná son mayoritariamente de nacionalidad paraguaya. Sin embargo, los mismos sectores que tienen hegemonía en el comercio exterior argentino, dominado por empresas estadounidenses como ADM, Viterra (Bunge-Glencore), Cargill, Dreyfus y las locales Aceitera Gral. Deheza, Molinos Agro y las cooperativas ACA y FACA son los que también poseen hoy gran parte de la flota que presenta la bandera del país hermano.
El gobierno también anunció que se van a concesionar las rutas nacionales 12 y 14 y se privatizará el tren Belgrano Carga, AySA, Correo Argentino, ENARSA, Trenes Argentinos y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.).
Esta última es la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece la venta del 44% del capital accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% y cederá el 5% a los trabajadores.
El antecedente de la experiencia de YPF S.A., donde el Estado nacional cuenta con el 51% del paquete accionario, muestra que es posible hacer que la empresa sea manejada en su nombre por un grupo privado. En este caso, Techint nombró a su presidente y CEO, Horacio Marín, al vicepresidente de infraestructura, Gustavo Gallino, y al director financiero, Federico Barroetaveña.
Seguramente ese 44% que se pone en venta de las empresas estatales va a ser adquirido por una empresa norteamericana, por la sencilla razón de que los Estados Unidos es el mayor importador de uranio del planeta (Scott Bessent dixit).
Cuando se le pregunta al Ministerio de Economía en cuánto estiman el total de ingresos al erario público por la concesión y privatización de lo que les costó a generaciones enteras de argentinos, hablan en torno a los 5.000 o 5.500 millones de dólares, cuando el costo para hacer Atucha III [2] ronda los 6.500 millones de dólares. Y la fuga de capitales del mes de septiembre de 2025 fue de 6.890 millones de dólares, según informa el balance cambiario del BCRA.
En síntesis
Las privatizaciones y concesiones por la imposibilidad del Estado de gestionar bienes y servicios públicos (energía, infraestructuras, transportes), debido a su naturaleza monopolística y a una demanda rígida, terminan proporcionando rentas extraordinarias a los inversores, a menudo gracias a los pagos del propio Estado.
Se trata de sectores claves, como son el agua, la energía y el transporte, que la Constitución nacional considera bienes públicos. Se los remata a precio vil para beneficiar a un sector parasitario y rentista del país y del extranjero, para pagar una deuda que es una estafa.
La diferencia con Cancha Rayada es que se tenía claramente identificado al enemigo, y había patriotas como Manuel Rodríguez.
Elcohetealaluna.com
9 de noviembre de 2025
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] También debe contemplarse el swap de monedas con los Estados Unidos firmado el 20 de octubre de 2025 por 20.000 millones de dólares. Observando los balances del BCRA, el stock de letras en pesos sumaba 2.961.000 millones al 23 de octubre y descendió a 274.000 millones el 31 de octubre de 2025. Canjearon dólares por pesos y después volvieron a intercambiarlos. No se informó cuál fue el costo del pase de monedas, pero sí queda claro que la fuga de capitales de ese procedimiento (unos 2.000 millones de dólares en octubre de 2025 antes de las elecciones) la financió el BCRA, que le devolvió los dólares y le pagó los intereses a los Estados Unidos, pero vendió esos dólares a los que los compraron para fugarlos.
[2] Atucha III es un proyecto de central nuclear en la Argentina para construir una cuarta planta de energía nuclear utilizando tecnología china Hualong, que sería ubicada en el Complejo Nuclear Atucha en Zárate, provincia de Buenos Aires. El proyecto está frenado por la intervención y negativa de los Estados Unidos.
