15 de abril de 2026
12:44hs.
“Criminalizados por Cornejo y fiscales afines
“Signo de los tiempos en Mendoza: nace la «Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua»
“Tras un año de detenciones, causas judiciales y represión contra quienes se oponen a la megaminería en Mendoza, periodistas, asambleístas y vecinos conformaron una agrupación que denuncia la criminalización de la protesta y exige el desprocesamiento inmediato de los imputados en defensa del agua.
“Mendoza atraviesa un clima de creciente tensión social y política en torno a la megaminería. Desde hace un año, cuando en la villa hubo una masiva manifestación contra la minera San Jorge que derivó en causas judiciales contra varios asambleístas, no cesó la persecución a quienes protestan por el plan minero del oficialismo.
“Los afectados por esa prsecución acaban de formar la Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua (PPPDA), que en las últimas horas difundió un comunicado apuntando precisamente a la criminalización de más de veinte personas imputadas por participar en protestas contra la Minera San Jorge. El texto, que exige el desprocesamiento inmediato de los acusados, se inscribe en un escenario marcado por detenciones, represión y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“La agrupación responsabiliza directamente a Alfredo Cornejo y a fiscales afines al oficialismo, bajo la conducción del procurador Alejandro Gullé, de impulsar causas judiciales contra quienes se movilizan en defensa del agua. Según el comunicado, la persecución se traduce en hostigamiento laboral, privación ilegítima de la libertad y fianzas consideradas “usurarias”, que buscan intimidar tanto a los activistas como a la sociedad mendocina en su conjunto.
“Periodistas y asambleístas en la mira
“El verano de 2025 marcó un punto de inflexión con la detención de Soria y Cornejo en la villa cordillerana, tras una protesta contra la megaminería. Desde entonces, la persecución no cesó y se convirtió en una política sostenida durante todo el año. Mucho antes, en 2019, el caso de Nora Moyano, quien aún tiene una causa abierta por participar de la llamada «pueblada del agua», inauguró una serie de expedientes contra defensores ambientales.
“Uno de los episodios más resonantes ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro fueron apresados mientras cubrían una manifestación contra la Minera San Jorge en el KM0 de la capital provincial.
“La represión incluyó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que participaban de un ruidazo. La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados solicitó un informe al Ministerio Público Fiscal para esclarecer por qué se privó de libertad a trabajadores de prensa acreditados, lo que se considera una vulneración de la libertad de expresión. El Sindicato de Prensa de Mendoza acompañó el testimonio de Franco en audiencia pública y denunció el hecho como un acto de criminalización de la labor periodística.
“Ese mismo operativo dejó como saldo la detención de los hermanos Renzo Gollano y Facundo Gollano, quienes permanecieron tras las rejas casi una semana por pedido del fiscal Fernando Giunta, que solicitó su traslado al sistema penitenciario. La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) repudió lo ocurrido y reforzó la denuncia de persecución sistemática.
“Torturados en la Legislatura
“El 23 de octubre de 2025, otra marcha contra el proyecto minero terminó con la detención de los referentes Liza Rule y Martín Iglesia, trasladados a la Comisaría Séptima y al Polo Judicial respectivamente. Las filmaciones de las bodycams policiales incorporadas al expediente muestran cómo fueron golpeados aun cuando ya estaban reducidos, lo que refuerza las denuncias de violencia institucional.
“Los padres de Liza Rule, abogados y organizaciones de Derechos Humanos repudiaron las detenciones y torturas- en la Legislatura.
“Movilización masiva y respuesta oficial
“En diciembre de 2025, antes de la aprobación de la DIA de San Jorge, miles de vecinos y asambleístas se movilizaron nuevamente contra la minera.
“A diferencia de anteriores manifestaciones, la Policía no intervino con detenciones ni provocaciones. Sin embargo, al día siguiente, la ministra de Seguridad Mercedes Rus anunció que el Ejecutivo provincial reforzaría su política de persecución de la protesta. Anticipó que se presentaría una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por supuestos hechos de vandalismo ocurridos durante la movilización, lo que fue interpretado como una señal de endurecimiento institucional.
“Agua, democracia y Derechos Humanos
“El comunicado de la PPPDA vincula la defensa del agua con la defensa de la democracia. Denuncia que la megaminería no sólo implica riesgos ambientales y sociales, sino que también se sostiene en un esquema de represión y criminalización de la protesta.
“«Minera San Jorge pertenece a Solway Holding, una corporación off shore radicada en paraísos fiscales, que viene cometiendo sucesivas violaciones a los derechos humanos en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas y Liberia, con contaminación, sobornos, estado de sitio, intimidación, represión y asesinato de opositores; modus operandi que pretende implementar también en Argentina, a través de su subsidiaria local y con la venia del gobernador Alfredo Cornejo, principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando en Mendoza», señala el documento.
“Las consignas finales del comunicado —“El agua de Mendoza no se negocia”, “Agua para los pueblos, no para las megamineras”, “Basta de presxs políticxs por defender el agua”— resumen el espíritu de una lucha que trasciende lo ambiental y se convierte en una causa política y social. En Mendoza, la defensa del agua se ha transformado en un símbolo de resistencia frente a la represión y en un reclamo por el respeto a los Derechos Humanos.
“Explicitoonline.com
“25 de enero de 2026”.
