14 de julio de 2026
11:11hs.
La pérdida de la soberanía.
En los países de América Latina, hasta mediados de los años ‘70 del siglo XX, el dominio minero y energético formaban parte de la soberanía estatal y eran considerados un patrimonio fundamental, incluso propiciado por las Naciones Unidas que lo presentaban como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales y en particular de los no renovables.
La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina desde el golpe cívico-militar de 1976 fue potenciada por el menemismo en los ‘90, los permisivos gobiernos de De La Rúa y Macri y ahora por el gobierno de Milei, que propicia el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con el objetivo de vender dichos recursos al extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo de la Nación.
Son recursos que nos pertenecen a todos los argentinos y a las generaciones venideras y, sin embargo, una administración gubernamental, con el apoyo corrupto y vil de supuestos representantes del pueblo y de las provincias, propicia una mayor extranjerización, privando el uso del recurso en el país. Paralelamente, la asociación del capital extranjero con las empresas locales adopta en su extracción menores medidas de riesgo y control de la contaminación (y por ende menor costo económico y social) que si lo desarrollaran en sus países de origen, por una parte, y acrecientan la dependencia de tecnología, maquinarias y equipos del exterior, por otro lado.
El caso del RIGI es obsceno: a partir del cuarto año no tienen obligación de ingresar al país las exportaciones (y tampoco pagan retenciones), y van a acrecentar (reales o ficticios), año tras año, sus importaciones de máquinas y equipos nuevos o usados, insumos, pago de los servicios técnicos, etc.
Junto al retiro del Estado, el sistema creado desvincula la minería y la energía de las necesidades de desarrollo económico y tecnológico del sector y del país, a la vez que subordina los recursos al exterior. Lo justifican por la obtención de divisas para pagar una deuda externa que fue tomada a espaldas del pueblo argentino y que benefició básicamente a una minoría parásita y rentista. Incluso esa minoría está asociada a esos capitales extranjeros y exigen más apertura al capital externo, agravando el ciclo de desindustrialización, desempleo, fuga de capitales y extranjerización.
El objetivo abarca a toda la minería (oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, etc.) en donde existen grandes empresas extranjeras y capitales asociados con los locales (Anglo Gold, Barrick Gold, Glencore, New Co —fusión de Livent y Alkem—) así como a las explotaciones de hidrocarburo de Vaca Muerta: YPF S. A., Exxon Mobil, PAE (Pan American Energy), Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras, y de Palermo Aike (UTE entre YPF S. A. y la Compañía General de Combustible del grupo Eurnekian). Lo sucedido con la provisión de gas en la semana del 27 al 31 de mayo de 2024 demuestra cabalmente lo que estamos planteando: a) no les interesa el país; b) el grado de improvisación y negligencia del gobierno de Milei supera con creces a todos los anteriores.
Inútiles y serviles
Tras la privatización del servicio público de electricidad, en el año 1992 se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A.), de la que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado nacional, y es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país, ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. Pero también interviene en las importaciones de gasoil y fueloil para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad o en la compra de gas licuado, todo con subsidios del Estado fijados en el presupuesto nacional.
La fuente principal de energía eléctrica en el país es la térmica, basada en el carbón, el petróleo o el gas natural (prácticamente el 60% de la generación eléctrica); se le suma un 23% aproximadamente de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica) proveniente esencialmente de Yaciretá y, después, Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón ,Cerros Colorados, Futaleufú, Alicurá y otras menores; y con una baja participación en la generación están las restantes fuentes.
A ello debe sumarse en la demanda de energía la provisión directa del gas a los hogares, empresas y automóviles a GNC (gas natural comprimido).
En la etapa de extracción de gas las empresas que participan son: YPF S. A., Total Austral, PAE (Pan American Energy), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joe Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país [1].
El 3 de junio de 2022 se realizó el llamado a licitación pública para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra estratégica cuyo primer objetivo es ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural del país para reducir en un tercio las importaciones en invierno, mejorar el suministro a la industria, permitir desarrollar inversiones petroquímicas, elevar las exportaciones del combustible a Brasil, Uruguay y Chile y ayudar a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.
La construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner desde la localidad de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires), un recorrido de 573 kilómetros, planificado por Energía Argentina (ENARSA) y realizado por licitación pública por la UTE de Techint y Pampa Energía, fue inaugurada en junio de 2023.
El plan original era que las plantas compresoras de Tratayén y de Salliqueló quedaran finalizadas en septiembre u octubre de 2023; esto no se hizo, ni tampoco fue continuada por el nuevo gobierno; eran obras que iban a aumentar en un 100% la capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner (de 11 a 22 millones de metros cúbicos diarios). De haber sido retomadas por el actual gobierno, ya estarían prestando servicios.
Como se está gestionando con el presupuesto nacional 2023 actualizado, esto debería haber obligado a realizar la obra de las plantas compresoras, pero al regir también el DNU 70/23, el gobierno interpreta y ejecuta según su saber y entender —que es muy poco— y, en un exceso de deseo por reducir el gasto, no realizó las inversiones necesarias y se tuvo que importar gas.
Así, CAMMESA realizó la compra de siete cargamentos de 50.000 m³ de gasoil cada uno y cinco cargamentos de fueloil por 200.000 toneladas, con un gasto superior a los 500 millones de dólares, para reemplazar el uso del gas. A la par que el gobierno contra reloj, en forma desordenada, realizó las negociaciones con Petrobras para la importación de GNL (gas natural licuado) y ordenó cortar el suministro de gas a las estaciones de GNC y a todas las industrias con contratos interrumpibles [2]. Se habla de más de cien empresas en todo el país, pero la cifra no es oficial.
Es claro que este es un gobierno cuyo objetivo es la venta al extranjero de nuestros recursos naturales, y que lo sucedido en mayo se va a agravar en el invierno. Se quiso demostrar un fuerte ajuste fiscal, pero se termina pagando mucho más por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) [3].
Centrales hidroeléctricas y carry trade
Las más importantes presas y centrales hidroeléctricas nacionales fueron concesionadas hace 30 años con contratos que finalizaban el año pasado: el 11 de agosto de 2023, los de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW); y el 29 de diciembre de 2023, Piedra del Águila (1.440 MW).
En su momento, la secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que las centrales pasarían a ser operadas por ENARSA. Sin embargo, eso no pasó y los contratos se fueron prorrogando cada 60 días. Estos contratos de concesión permiten al Estado extender el plazo unilateralmente hasta un año.
Al iniciarse el actual gobierno, este le comunicó a los concesionarios que no se prorrogarían más los contratos, que las prórrogas dadas terminaban el domingo 19 de mayo de 2024 y que su operación pasaría a ENARSA hasta su licitación. Sin embargo, finalmente, el lunes 20, por la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía, se prorrogaron nuevamente los contratos hasta el límite máximo admitido, con lo cual en el próximo agosto y diciembre tendremos los nuevos vencimientos.
Como diría Carlos Menem sobre las “casualidades permanentes”, las empresas ENEL [4], concesionaria del Chocón y Arroyito, como AES [5], concesionaria de Alicurá, aceptaron la propuesta del ministro Luis Caputo para pagar la deuda que debía el gobierno por la provisión de energía durante los primeros tres meses de gestión con bonos que vencen en el año 2038.
Paralelamente, a través del DNU 23/2024, el Tesoro de la Nación colocó una Letra Intransferible por 3.200 millones de dólares, a diez años de plazo, en el BCRA, para el pago de deudas en moneda extranjera, por lo que parte de los dólares de las reservas del BCRA pasaron al Tesoro a cambio de un bono hasta 2034 que no puede transferirse ni liquidarse.
Finalmente el gobierno de Javier Milei, interpretando como quiere la extensión de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 y en el marco el DNU 70/23, amplió en 35 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 35.000 millones de dólares) la emisión de letras reembolsables durante el ejercicio 2024 y autorizó la colocación de 30 billones de pesos más para afrontar la renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del año y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días, es decir, durante 2025. Estos últimos son principalmente títulos ajustables por inflación, con lo que les asegura a los fondos de inversión financiera, bancos, compañías de seguros y especuladores de todo tipo y lugar, que sigan trayendo dólares a la Argentina, que la inflación va a superar al acrecentamiento del precio del dólar (carry trade).
La garantía de que este gobierno va a tener los dólares para convertir los pesos que ganan los especuladores en los bonos públicos es con el RIGI. La entrega de nuestros recursos naturales y extranjerización del país es el garante de que el carry trade se paga.
Pagamos una deuda que no se investigó y que benefició a la minoría parásita y rentista que colocó parte de esos capitales en los mismos fondos que se benefician con el carry trade de Caputo. Con esos dólares ingresados se abonan los servicios de la deuda externa engendrada por Macri que tuvo como principales operadores a Sturzenegger y a Caputo.
Caputo, desde el 18 de junio de 2018 al 25 de septiembre de ese año, fue presidente del BCRA y malvendió reservas internacionales por 15.000 millones de dólares. El fiscal Federico Delgado lo denunció para que se lo investigara por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y defraudación contra la Administración pública.
En síntesis
A este gobierno apátrida no le interesa ni el país ni la población, y menos cumplir con la Constitución nacional. En el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, Estados Unidos, el miércoles 29 de mayo de 2024 (cuando habían cortado el gas de fábricas y estaciones de servicios de GNC), Milei dijo: “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre”.
Lo que les interesa a los grandes capitales es maximizar sus ganancias en divisas, y este gobierno servil cumple con ese fin.
El Presidente debe cumplir con el Preámbulo de la Constitución nacional: “Promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Elcohetealaluna.com
2 de junio de 2024
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] La provincia y la cuenca del Neuquén es la más importante en términos productivos. En segundo plano se encuentra la cuenca de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Le siguen la cuenca Marina Austral, las de las provincias de Salta, Mendoza y Río Negro y finalmente el resto de las provincias: Jujuy, Formosa, y La Pampa
[2] El gobierno dijo que hubo un contratiempo administrativo con un barco que debía descargar GNL en la planta de regasificación de Escobar (provincia de Buenos Aires). En verdad, el barco de Petrobras llegó a la madrugada del martes 28 de mayo 2024, pero la firma brasileña no autorizó la descarga porque el BCRA no pudo documentar el pago del cargamento. Finalmente, se hizo a la noche del día siguiente. Se trata de una compra directa, sin licitación pública, de la empresa estatal ENARSA de un cargamento de 44 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL)
[3] Por el cargamento de GNL de Petrobras del 29 de mayo 2024 se pagó 13 dólares/millón de BTU, un valor que más que triplica el precio del gas de Vaca Muerta, que se comercializa por 4 dólares el millón de BTU.
[4] ENEL es una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en los mercados mundiales de la energía y de las renovables.
[5] El accionista mayoritario indirecto de AES es AES Corporation, una empresa registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con presencia en 14 países.
