15 de julio de 2026
00:47hs.
Los puntos oscuros del Proyecto Hierro Indio
Parte 1
Llamó la atención, durante el mandato de Juan Antonio Agulles como intendente de Malargüe, el hecho de que reivindicara, desde el poder, el proyecto Hierro Indio y que convocara a marchar por el centro de Malargüe en el marco de esa reivindicación, presentando a la minería como poco menos que una gesta patriótica, literalmente. Más curioso aún es que esas marchas estuvieran encabezadas, no por el propio intendente peronista convocante, sino por la plana mayor de la UCR local que, se suponía, era el oficialismo provincial. No hace muchos años, ayer nomás. Luego las cosas cambiaron… ¿cambiaron?
En temas de fracking y megaminería, los opo-oficialismos radigansos y perogansos (Mario Wainfled dixit) han tenido políticas idénticas e idénticamente erráticas, prometiendo a la gente fuentes de trabajo que nunca llegan.
En realidad y tal como lo dijimos en La Mosquitera, estas actividades extractivistas no sólo no crean trabajo, sino que además crean clientelismo político, o sea que vacían de contenido a la democracia, la desideologizan, la vacían: las empresas extranjeras vienen con especialistas y tecnología propios y se llevan la materia prima al exterior, sin dejar industrias funcionando aquí. Sólo dejan regalías, que son administradas por los políticos de turno, en forma de subsidios, planes, etc. A eso lo llaman “trabajo”, pero eso no es trabajo.
Saliéndonos de lo social y adentrándonos en la intrincada maraña de documentación que presentan las empresas en un lenguaje que nadie entiende, la Federación Argentina de Espeleologia tuvo acceso a los estudios de impacto ambiental de Hierro Indio (48 archivos), e hizo un análisis desapasionado de los mismos, que defraudó profundamente. También defraudó a la Dirección de Protección Ambiental de General Alvear, pero esto último será motivo de una segunda nota.
Por ahora nos limitamos a la nota FAdENO-2019-3097956 enviada en junio de 2019 a la Directora provincial de Protección Ambiental Ing. Myriam Skalany, en la que los espeleólogos analizan el Expte. 1128472-H-2018 (1583). Propuestas sobre el proyecto minero -HIERRO INDIO.
Allí se advierte que “no se hace mención al patrimonio espeleológico de la zona, el cual está protegido por la Ley 5978… Esta omisión se encuentra en todos los otros informes”. También se señala que “en el estudio de GT Ingeniería S.A. 2018-01128606-GDEMZA-DMI se señala expresamente el afloramiendo de yesos del Jurásico de la Formación Auquilco, lo que hace deducir la eventual presencia de nuevas cavernas además de las ya descubiertas. En nuestro informe agregado oportunamente al sectorial de Gral. Alvear puede apreciarse que, no sólo hay formaciones kársticas conocidas y de valor turístico (Pozo de las Ánimas), sino también cavernas como Las Salinillas, pero también hay una potencialidad kárstica todavía no relevada por completo. En el informe hay un reconocimiento de daños a los puesteros, que serían remediados mediante su inclusión en la cadena de servicios a prestarse a la empresa”.
En el informe no parecen participar biólogos, antropólogos, sociólogos, sino sólo geólogos, y no de los mejores: “es de remarcar que nos oponemos a que los puesteros sigan siendo desarraigados, ya no sólo de sus territorios, sino de su historia, de su cultura y de su forma de vida, incluso dentro de sus territorios”.
Sobre el particular, nos remitimos a lo recientemente publicado por quien esto firma y por la Lic. María Laura Langhoff (Universidad Nacional del Sur) y por el sociólogo Tobías Etienne-Greenwood(Universidad de Pau, Francia):”es una industria queimpacta en la subjetividad de las personas” y que motivaran nuestro reciente pedido de conformación del Consejo Provincial de Arraigo creado por Ley 6086.
En varias otras publicaciones hemos hablado, abundantemente, de los comienzos de esta lucha. Hemos sido así de reiterativos sobre lo publicado, para que las autoridades supieran que todo se sabe, y porque también se sabe que la información ambiental debe ser pública por imperio del artículo 41 de la Constitución Nacional, reforzado recientemente con la Ley Nacional Ley 27566/2020 que adhiere al Tratado de Escazú. Pero parece que no les entran balas, habida cuenta de que ese informe y el de General Alvear, fueron rechazados.
También decimos que “otros investigadores publican, en un artículo titulado “Puesteros y empresarios en el centro de las disputas por la tierra en el oeste de La Pampa”, donde llaman la atención sobre las similitudes de este fenómeno en La Pampa, el norte de Neuquén y el sur de Mendoza: se contraponen la visión empresarial con la de los puesteros, quienes vivencian la tierra de otra manera, no como un “recurso” natural. En esas publicaciones pueden verse los fundamentos de nuestro pedido, basado en la necesidad de que se propicie la modificación de la matriz económica de los pobladores del campo, pero sin alterar su relación material y espiritual con la naturaleza”.
Nos quejamos también de la forma desconsiderada como se trata a lo que ellos llaman “recursos humanos”, al señalar que “se advierte en ese informe técnico que, no sólo se minimiza el daño moral y psicológico que están sufriendo los pobladores rurales por las actividades petroleras y mineras y se dice (punto 3.15) “en el área del proyecto no se registraron sitios de valor cultural, arqueológico y/o paleontológico reportados de relevancia”. Sobre esto comentamos que desconocemos a los arqueólogos y paleontólogos que hicieron ese relevamiento, con lo cual podemos inferir que el mismo no se hizo. Pero además no se menciona siquiera si se han relevado sitios espeleológicos o de importancia para los estudios de Hidrogeología Kárstica, a pesar que se reconoce la presencia de la Fm. Auquilco (Yeso Principal) en la zona. En la tabla 5-2 no se identifican potenciales cavidades naturales”. Obviamente que esas aseveraciones no están firmadas por arqueólogos e ignoran al otro lado del río, enfrente del proyecto, donde se encuentra la Cueva del Indio. Definitivamente quien firmó “eso” todavía no se enteró que la Geología no es la madre de todas las ciencias.
Por todo ello… “estimamos oportuno proponer el rechazo del informe de la consultora, dado que no contempla los recursos y derechos contemplados en las Leyes provinciales 5978 y 6086 y la Ley Nacional 25.675 (principio precautorio), pero al mismo tiempo proponemos que, a los efectos de una correcta manifestación de impacto ambiental, se tenga en cuenta la Resolución SAyOT del año 2010 que diera lugar a una publicación de la entonces presidenta de la FAdE (Argentina Subterránea 31): “Una declaración de impacto ambiental que justifica la profesionalización de la Espeleología”. Obviamente, tampoco eso fue leído por los responsables de “proteger” al ambiente con la gente adentro, se entiende.
La entonces (2012) presidenta de la FAdE, prof. Marta Beatriz Brojan, resumía así su ponencia: ”En setiembre de 2010 la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza dictó la resolución 458, por la que se aprueba la evaluación de impacto ambiental para el proyecto de tendido de línea eléctrica El Cortaderal-Potasio Río Colorado, proyecto minero de gran importancia para el departamento de Malargüe. El tendido tiene 125 kilómetros de extensión y atraviesa la región volcánica de Payunia, donde existen indicios de presencia de lavas del tipo pahoehoe, aunque no se haya registrado la presencia de tubos lávicos. Esta resolución establece que “se deberán incorporar estudios del recurso espeleológico en la zona donde se emplazará el proyecto”, lo cual es una novedad en este tipo de decisiones. La norma deja en evidencia un vacío, cual es el de la inexistencia de un título habilitante de espeleólogo, lo que fortalece la propuesta de creación de una carrera terciaria para la actividad”. Aquella resolución marcó un camino y está firmada por Guillermo Carmona, que no es santo de nuestra devoción, pero camino al fin. Ese camino fue abandonado.
Siendo Mendoza la provincia que primero dictó una ley de cavidades naturales (5978) que declara que las cavernas son de interés público y sujetas a expropiación, aquella resolución de 2011 tenía su lógica. Lo que no tiene lógica es que funcionarios ambientales que tengan a su cargo la ley de espeleología no sepan qué es una lava pahoehoe o un tuvo lávico, como explicamos en distintos cursos y en una reciente teleconferencia en Barcelona. Nada que no hayamos venido diciendo desde la noche de los tiempos, sin ser escuchados.
Pero encima, para no criticar sin proponer, terminamos nuestra nota con advertencias y consejos:
“a) No sólo debería rechazarse el estudio en cuestión, sino que debería realizarse uno nuevo, tomando como guía la Resolución 458/10 mencionada, en la que se tuvieron en cuenta casi todos los recursos naturales, incluyendo al espeleológico (Ley 5978).
“b) Específicamente deberían rechazarse los conceptos vertidos sobre cómo el proyecto alteraría la forma de vida de los puesteros, para lo cual solicitamos que se pida informe sectorial urgente a la Dirección del Programa de Arraigo a cargo de la aplicación de la Ley 6086;
“c) Asimismo solicitamos asimismo se convoque a los puesteros y comunidades originarias afectadas por el proyecto, a dar su opinión junto a arqueólogos, paleontólogos, biólogos y espeleólogos. Debe hacerse notar que, en nuestras recorridas reciente por el campo, los puesteros no tenían noticias de que el 28 de diciembre de 2017 se hubiese realizado una audiencia por el fracking en Malargüe y entendemos que estas omisiones deben revertirse.”
A casi un año y medio, seguimos esperando respuesta.
Sabremos que no la habrá.
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, jubilado docente y presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Director del quincenario Sin Pelos en la Lengua, Malargüe.
