23 de noviembre de 2024
05:02hs.
Abelardo Ramos y el IAPI de Perón
Al terminar la guerra, había gran escasez de productos agrarios en el mundo. Y como resultado de la catástrofe bélica del imperialismo, una gran inflación mundial elevó el precio de los artículos manufacturados. Como a raíz de la guerra los beligerantes habían organizado comités estatales de adquisiciones de granos, la Argentina se vio obligada, para defender su producción agraria ante los grandes estados compradores, a constituir por su parte otro organismo estatal, esta vez argentino y defender los precios de los productos primarios. Los restantes países trigueros adoptaron el mismo criterio: Australia mediante el “Australian Wheat Boar”; Canadá con el ”Canadian Wheat Boar” y los Estados Unidos con la “Commodity Credit Corporation”. El IAPI (Instituto Argentino para el Intercambio), fue la respuesta argentina a la referida estatización de los instrumentos de comercialización.
El IAPI procedió a adquirir las cosechas directamente de los productores o cooperativas; los acopiadores quedaron relegados a la condición de “simples depositarios por cuenta del IAPI” dice Cafiero (Antonio Cafiero, Ministro de Comercio Exterior). En un plazo promedio de 12 días, el productor cobraba el 100% del importe de su cosecha en una sucursal bancaria de su zona. Además el IAPI estableció la tipificación que mejoraba el promedio de ingresos del agricultor y despojaba a los monopolios del papel de juez y parte en el proceso.
Los resultados de esta resuelta política nacionalista y popular en materia agraria no fueron inesperados. La prensa de Rosario, Santa Fe, en 1954 informaba de la desaparición, cierre o liquidación de numerosos mayoristas de Ramos Generales, cerealistas y comisionistas, ahora marginados de la intermediación. Por su parte, la proporción en que los famosos monopolios cerealistas participan en el comercio interno argentino, bajaba del 82,5% en 1939 al 39,4 en 1954. A su vez, en la comercialización interna, las cooperativas llegaban al 50% en el tráfico comercial. Dichas entidades, que reflejaban la política benéfica del Estado a su respecto, experimentaron una gran mejora. En 1949 el número de entidades llegaba a 258, en 1954, a 696. Los asociados pasaban en el primer año citado de 85.000 a 223.000 en 1954.
En estas cifras no solo había números. La furia oligárquica y el llanto de los poetas cortesanos harían hablar a los cañones de Lonardi.
Texto correspondiente a “Revolución y Contrarrevolución en la Argentina” de Jorge Abelardo Ramos. Tomo VI: “La Era del Peronismo”, segunda edición, Senado de la Nación, Buenos Aires, 2006, páginas 136 a la 138 .
Del IAPI a Vicentin: más producción, menos divisas
Según datos fehacientes de la ONU, en el mundo hay hoy solo seis países que producen excedentes de alimentos, o sea que producen para su mercado interno y lo sobrante lo exportan. Ellos son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, Francia y Argentina. En todos los casos los estados nombrados controlan a través de una celosa legislación o impuestos o altas retenciones, el comercio y movimiento de divisas de sus exportaciones cerealeras… todos menos la Argentina.
Elegimos este claro y explícito texto de Abelardo Ramos para ilustrar qué fue el IAPI que creó Perón para garantizar, no solo divisas para el país, sino una real soberanía alimentaria. Tal como refiere Ramos al final del texto escogido, el IAPI cesa con la Revolución Libertadora de 1955 -los cañones de Lonardi-, la que derroca al gobierno democrático de Perón, instaurando una dictadura sangrienta que proscribe y persigue al peronismo.
Existía desde 1934 la Junta Reguladora de Granos, creada por el gobierno conservador y fraudulento del General Justo, la que Perón convierte en Junta Nacional de Granos, entidad que fiscalizaba el movimiento interno de cereales y regulaba el precio. El IAPI exportaba y ponía a disposición del Estado Nacional el saldo de divisas, luego de pagar a los productores. Con ese excedente de dinero, Perón desplegó una política extensísima de obras públicas, construyendo escuelas, asilos de ancianos, escuelas-hogar, diques, caminos y emprendimientos estratégicos como el aeropuerto internacional de Ezeiza (Bs. As.), SOMISA en San Nicolás (Bs. As.) y Altos Hornos Zapla en Jujuy, para producir acero bajo control estatal. Los Bancos Nación e Industrial otorgaron créditos a emprendimientos industriales para la compra de insumos, a tasas preferenciales. Para citar solo parte de los logros en materia de infraestructura y aportes al desarrollo industrial hechos por el peronismo de aquella época.
La Junta Nacional de Granos sobrevivirá hasta 1976, año en que los argentinos volveremos a soportar otra dictadura, por demás sangrienta, la que derroca a otro gobierno peronista, el de Isabel Perón. Con la llegada del General Videla y su Ministro de Economía Alfredo Martinez de Hoz, desaparece la Junta Nacional de Granos y entonces los comercializadores de cereales vuelven por su negocio para favorecerse inescrupulosamente en detrimento del patrimonio nacional en divisas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Con el consentimiento de estructuras de gobierno, el avance y consolidación de acopiadores argentinos y extranjeros, se llega a una feroz concentración, siendo en 2003 siete los grupos que realizan la comercialización y exportación de granos.
Es precisamente en ese año cuando un nuevo gobierno peronista llega para regular, en la medida de sus posibilidades, el manejo de divisas. Es Néstor Kirchner quien gobierna a partir del 25 de mayo de 2003. Para captar divisas recurre al incremento de las retenciones las que lleva hasta el 30% del valor de las exportaciones de soja, principal grano exportable. Éstas son cobradas por los exportadores y luego liquidadas al estado, el que de hecho se convierte en prisionero de los grandes grupos exportadores. Los productores consienten el porcentaje debido a que en tiempos de la “convertibilidad” (un peso igual a un dólar) de los mandatos de los gobiernos de Carlos Menem (1989- 1999) y Fernando De la Rúa (1999- 2001), estaban endeudados con sus campos hipotecados, debido a las escasas ganancias de su producción por la baja cotización del dólar. Con Kirchner se moviliza el tipo de cambio, llegando a una cotización de $ 3 por dólar, aumentando sus ganancias , permitiendo el desendeudamiento gradual.
Kirchner gobierna hasta 2007 y es sucedido por su esposa Cristina Fernández la que intenta elevar las retenciones al 33%, generando una airada protesta de los productores, ahora ya sin deudas hipotecarias. Se negocia, ofreciendo el gobierno la instancia de las retenciones móviles (retenciones mayores o menores de acuerdo a la cotización de la soja) la que es rechazada por los productores.
Los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner ocupan doce años de la vida política argentina (2003-2015). Durante este período el Estado desplegó una entusiasta política de derechos sociales: inclusión y movilidad jubilatoria, asignación universal por hijo, repatriación de científicos para impulsar el desarrollo autónomo en este aspecto, construcción de rutas, escuelas y edificios para el desarrollo cultural (Ejemplo: el Centro Cultural Julio Le Parc en Guaymallén, Mendoza); fomento de la pequeña y mediana industria. O sea que al igual que en el período de Perón de 1945 a 1955, el Estado disponía de las genuinas divisas que le proveían una de las llanuras más fértiles del mundo, patrimonio de todos los argentinos.
En 2015 ocurrió que Mauricio Macri gana las elecciones, imponiendo una política neoliberal, endeudadora y privatista. Las retenciones son bajadas al 4 %, primero y luego puestas a $ 4 por cada dólar exportable. En este como en todos los períodos los exportadores obtienen fabulosas ganancias, aún con las retenciones al 30 %. Lo fatal es que esas ganancias son depositadas en bancos del exterior o en paraísos fiscales. Si bien es lo lógico para las empresas extranjeras, las de asiento en el país imitan esa conducta, actitud que también asumen muchos productores. Esta fuga de divisas caracterizará al período Macri (2015-2019).
Con la vuelta -una vez más- del peronismo al gobierno, luego que la fórmula del Frente de Todos: Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner ganara las elecciones en octubre de 2019, vuelve la política social que caracteriza al peronismo, esta vez con la urgente tarea de frenar la expansión de la pobreza que se diera por la política neoliberal de Macri y también apoyar la recuperación del sector industrial y en particular a la pequeña y mediana empresa. El contexto de pandemia, con su necesaria cuarentena, impone una dura particularidad que entorpece y frena la política socio-económica que el gobierno de Alberto Fernández trata de llevar adelante. Precisamente por esto último es que se imponen conductas de gobierno rápidas y eficientes que permitan el ingreso de divisas a las arcas del Estado. Las negociaciones iniciales para aumentar las retenciones no alcanzan definición favorable al gobierno, a lo que se agrega el colapso de la empresa Vicentín.
Esta es una de las siete empresas exportadoras de cereales junto a Cargill, Dreyfus, Bunge y Born, Grobocopatel, Nidera y De Urquía. Esta empresa creció en los últimos diez años, además de ser gran productora de aceite vegetal, que también exporta. Está asociada a distintos grupos financieros en Europa. Tiene filiales en Uruguay y Paraguay. Fue favorecida por las dictaduras de Onganía y Videla y el gobierno de Macri que le otorgó préstamos por 300 millones de dólares en 2019, estando ya en cesación de pagos, lo que desató un escándalo cuando en 2020 el presidente del Banco de la Nación, Claudio Lozano (nombrado por Alberto Fernández) exigió el pago de los mismos. Vicentin entra en convocatoria de acreedores. Adeuda cosechas a aproximadamente 10000 productores, también le debe dinero al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a múltiples acreedores en el país y el extranjero. Al investigar a esta empresa se descubren maniobras de triangulación con las filiales de Uruguay y Paraguay, no solo para evadir impuestos, sino también para sacar cereales de contrabando. Por lo visto en Vicentin, se sospecha que en mucho su modus operandi ha sido el de la mayoría de las empresas exportadoras de cereales. Desde el actual gobierno se pretende llegar a una total expropiación, para evitar su extranjerización y garantizar la soberanía alimentaria de los argentinos, ya que de esa manera el Estado tendría una presencia activa en el comercio de cereales a gran escala, además de pagar a los productores damnificados y preservar los más de 2500 puestos de trabajo del complejo.
Como conclusión debemos decir que la situación de la estructura productiva exportadora de cereales merece una reestructuración para favorecer el interés nacional, frenar la fuga de divisas que caracteriza a quienes obtienen grandes ganancias en el sector y lograr estabilizar esa importante franja del comercio exterior, garantizando el ingreso de divisas en tiempo y forma para beneficio del país. Esto será imposible de lograr sin una firme y decidida acción del Estado argentino, para dejar de ser el único país productor de excedentes de alimentos que no controla sus beneficios.
Alfredo Caferatta
Docente jubilado. Integrante de Carta Abierta. Militante social y político.
