08 de julio de 2025
08:26hs.
Son muchas y muy evidentes las campañas pagas por los poderosos intereses que sostienen la megaminería contaminante y el fracking. A poco de andar se les nota y mucho, esa vocación por la mentira y la mirada sesgada, típica de quienes están detrás de un negocio mil veces millonario, a la vez que avanzan contaminando.
La realidad es una paleta de grises de lo más diversa, como expresión de las diferencias de miradas y posicionamientos. Si bien el medio que dio salida a esta operación casi siempre nos provee de datos que van en dirección con la búsqueda de desarrollar buen periodismo, hay excepciones. Todo esto en un contexto ideal.
En los hechos hasta Página 12 puede doblegarse ante estos intereses, para mal de sus lectores. El paradigma ambiental, que ya debe ser puesto a la misma altura de las informaciones más importantes para los ciudadanos, llegó para quedarse. El cambio climático apura las definiciones, se caen las caretas y se ven bien todos los grises.
“Debate con grupos antimineros sobre la actividad en el país
“El movimiento prohibicionista y la posverdad
“La oposición a la minería está acompañada por organizaciones europeas de “bien público” que terminan obstaculizando el desarrollo local país, impidiendo la mejora en las condiciones de vida en diferentes territorios.
“Históricamente, los movimientos de izquierda se han caracterizado por materializar propuestas de protección de los sectores más desfavorecidos, con miras a garantizar un sano equilibrio social. Gracias a estas corrientes se han reivindicado derechos de las y los trabajadores, propuestas de una sociedad respetuosa con el ambiente, pacifismo, e igualdad de género, entre otros tópicos de prosperidad.
“Sin embargo, no siempre las intenciones están de acuerdo con la realidad o, al menos, los resultados de muchas acciones no siempre buscan lo que se intenta.
“En los últimos años la izquierda argentina ha dado un giro inesperado. Pasó de defender las fuentes de trabajo de calidad a impulsar propuestas tendientes a obstaculizar las actividades productivas.
“Todo esto se ha hecho en nombre de un imaginario que tiene demasiados prejuicios y pocos datos objetivos, sobre todo en lo que respecta a contaminación, daño a la salud, y/o cuestiones tan importantes como la calidad de los puestos de trabajo de las actividades que se intenta prohibir. Esto último es particularmente notable en el caso de la minería, actividad que tiene los mejores salarios de toda la economía y una altísima tasa de formalidad (solo por detrás de los hidrocarburos), pero que a la vez goza de pésima prensa en el ideario de la izquierda argentina actual.
“El discurso
“Han impulsado un proyecto de ley prohibitivo para la actividad minera, arrogándose un monopolio discursivo, más bien digno de predicadores que de un movimiento político que dice enarbolar una teoría política científica. El discurso está teñido de inexactitudes, obviedades, falsedades y prédica dogmática y, aún más, no aporta ningún dato para justificar lo que dicen.
“A pesar de la carencia de datos, ese discurso termina estimulando a pequeños grupos sociales, realmente preocupados por la calidad de vida, por el planeta o el ambiente, a posiciones violentas ante una postura política que en lugar de comprender y debatir utiliza la persecución y la violencia en nombre del socialismo.
“La incapacidad de justificar semejante prohibición, que afectaría directamente al bienestar de los pueblos, lo conduce a desplegar una feroz campaña publicitaria basada en falacias emotivas, deformando intencionadamente hechos objetivos con el fin de modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Estas posverdades llegan a la sociedad distorsionando datos sobre el consumo del agua en la minería (que en una provincia minera como San Juan ronda apenas el 1 por ciento del total), sobre enfermedades como el cáncer en las comunidades, sobre la permeabilidad de diques de colas y otras series de falacias sin sustento técnico ni científico.
“Este movimiento está alimentado, intelectualmente, por pequeños círculos de investigadores de las ciencias sociales, ubicados estratégicamente en instituciones como el Conicet y megaorganizaciones de los países desarrollados que piensan como europeos en realidades locales, incrustando posiciones ideológicas en el ADN legal de los territorios.
“El rol de las ciencias sociales hoy pareciera ser el de garante de una “verdad sacra” sobre ciertas cuestiones que no guarda ninguna relación con el método científico. Basta algún estudio sobre la “representación del pueblo X sobre la minería” para que eso se convierta en el fundamento para la prohibición de una actividad que podría generar mayor bienestar que perjuicio. Algunos centros académicos hace rato han renunciado a la pretensión científica frente a la dogmática, algo que se nota aún más en las ciencias sociales.
“Las diferencias entre Mendoza y San Juan
“La prohibición, mediante la creación de obstáculos a las actividades productivas, está cercenando la posibilidad de desarrollo de los pueblos. Se basan en la Ley 7722 de Mendoza, que hoy tiene a dicha provincia atada de pies y manos e incapacitada para generar políticas que tiendan al crecimiento y reviertan la pobreza que, como en gran parte del país, no ha parado de subir en los últimos años en esa provincia.
“Actualmente, Mendoza sufre un marcado deterioro económico y social, como señala el informe del Centro de Investigación Social de Mendoza. En los últimos cuatro años se triplicó la cantidad de desocupados alcanzando el 10,6 por ciento. Esta realidad muy diferente de la vecina minera San Juan que alcanza el 5,2 por ciento.
“El caso de San Juan es interesante: en 2004 (apenas comenzaba el auge de la minería) tenía 10 puntos más de pobres que la media nacional y 6 más que Mendoza. En 2020, San Juan tuvo 6 puntos menos de pobres que la media nacional y 7 menos que Mendoza. Si la minería fuera “el mal” como algunos sectores predican, ¿cómo se explica este fenómeno?
“Recursos
“Pero el aporte de la minería va más allá de la contribución al empleo de calidad y a los salarios. Es una actividad fundamental en prácticamente todo lo que nos rodea. Sin la minería no se puede avanzar en construir paneles solares, generadores eólicos y todo los que se necesita para lograr energías limpias y realizar la verdadera revolución ecológica. Sin la minería no se logran los avances en la medicina ni en las telecomunicaciones, ni hay electricidad ni vehículos de transporte.
“Prohibir actividades productivas sólo lleva a perder recursos para invertir en infraestructura, en educación, en salud, en ciencia y en políticas ambientales, a la vez que se vuelve imposible sostener el empleo público. Pero pareciera que para la izquierda argentina sigue siendo válido el viejo axioma de “cuanto peor mejor”, sosteniendo las deficiencias en el acceso al crecimiento, al empleo y a una mejor calidad de vida, para que los obreros se vuelquen y abracen el socialismo como única opción posible que los libere de la “pesadilla del capitalismo salvaje”.
“Todo este accionar prohibicionista resulta hoy acompañado por organizaciones europeas de “bien público” que terminan obstaculizando el desarrollo de nuestro país, impidiendo la mejora en las condiciones de vida en diferentes territorios y obturando la existencia de miles de pymes que existen gracias a las actividades que se busca prohibir.
“Propuestas
“Se necesitan líderes capaces de generar propuestas superadoras que avancen en el bienestar de los pueblos. Que propongan sistemas de control y garantías de protección al ambiente. Que impulsen proyectos sostenibles ambientalmente, responsables socialmente y que propendan al bienestar de las comunidades.
“Existen propuestas que retrasan y condenan a los pueblos a la eterna pobreza, que no hace más que generar desastres ecológicos ante la insuficiencia de recursos para invertir en infraestructura y saneamiento ambiental. Resulta imperioso discutir un proyecto nacional de industrialización, en el cual actividades como la minería no pueden estar ausentes.
“Se debe garantizar la participación estatal en los beneficios de las actividades productivas, en el control y el cuidado del ambiente, y en el desarrollo de planes de inversión que traigan bienestar a cada vez más familias. Atacar la producción en nombre de posturas dogmáticas, sin más alternativa superadora que la ayuda social del Estado, resulta fácil y cómodo para quienes impulsan leyes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero producen un claro perjuicio a los pueblos y comunidades que quieren y necesitan estrategias de desarrollo para hacer de sus lugares espacios donde vivir mejor.
“Página 12
“Natalia Casadidi * y Maximiliano Peluso **
“4 de agosto de 2021.
“* Socióloga UNAP, Magíster en Política y Planificación Social de la Universidad de Cuyo.
“** Antropólogo UBA, Maestrando en Administración Pública, FCE, UBA”.
La Martínez Baca repudia los sofismas de defensores de la megaminería extranjerizante
Desde el Centro de Estudios Políticos Sociales y Ambientales La Martínez Baca expresamos nuestro profundo rechazo a la nota publicada en Página 12 de fecha 8 agosto del 2021, nota titulada “Debate con Grupos Antimineros”.
La misma es un monólogo repleto de valoraciones e imprecisiones, sin fundamentos técnicos ni científicos; es decir, una falacia que funda sus posiciones en el nombre de la ciencia, adueñándose de un concepto… nada menos de lo que es la “realidad”, sin aportar mayor argumentación. Se trata de un rosario de lugares comunes que venimos escuchando y leyendo desde hace muchos años, más concretamente desde la sanción de la Ley Nacional de Inversiones Mineras.
El escrito en cuestión es de autoría de profesionales vinculados a empresas extranjeras, y el sector minero, haciendo afirmaciones sobre los grupos que no aceptan el tipo de minería no sustentable, es decir quienes no apoyan obras de megaminería a cielo abierto o de fracking (comprendemos por la vaguedad y generalización de los dichos de la nota), son tildados de “ambientalistas” a modo de descalificación. Una suerte de “teoría” que califica a toda organización de personas “defensoras del ambiente” (como las llama el tratado de Escazú, que también es ley en la Argentina) calificándolas de “izquierda socialista”; se trata de razonamientos no científicos utilizados muy a menudo por los grandes capitales extranjeros y sus cómplices locales, al igual que “desarrollo”, reiterando esa vieja y falsa dicotomía entre el desarrollo y el cuidado del ambiente. Olvida la nota decir que el desarrollo debe ser sostenible.
La realidad muestra que hay practicamente unanimidad científica respecto de las consecuencias del cambio climático y los efectos de los gases de efecto invernadero con eventos climáticos cada vez más extremos, en nuestras narices y hay una cantidad de profesionales argentinos profundamente nacionalistas (científicos, ingenieros, abogados, geógrafos, geólogos, médicos) que han hablado de las consecuencias de la megaminería a cielo abierto y de los efectos del cianuro y otras sustancias contaminantes. En Mendoza hay una ley de la Legislatura (vale la redundancia), promulgada por el Poder Ejecutivo y ratificada por el Poder Judicial, la 7722/2007, que este artículo descalifica irrespetuosamente. Esa ley también es conocida como “ley anticianuro”, pero su principal objetivo es proteger el agua, que es un recurso estratégico que parece importar poco a los articulistas. También poco les importa que al menos en Mendoza ya llevemos 13 años de sequía
Este discurso sólo puede ser aceptado por algún desprevenido y es insostenible al contrastarse con los hechos.
Sostenemos que, como condiciones de buena vida básicas, las personas deben poder acceder al agua pura y no vivir en entornos contaminados. El sentido común y el instinto de supervivencia no tienen izquierdas ni derechas. Las actividades productivas no se reducen a las pocas ganancias que deja la minería, con extenuantes, inestables e insalubres condiciones de trabajo. No es cierto que la megaminería genere trabajo “bien pago”, sino sólo para técnicos calificados que, al establecerse en los pueblos chicos, alteran las formas de vida tradicionales, incluyendo distorsiones en el mercado inmobilliario. La megaminería extranjerizante no genera riqueza, sino más pobreza.
Entendemos que seguramente para los autores son sólo leyendas de fantasmas las consecuencias y los testimonios de los vecinos de Allen en Río negro; seguramente también son inventos las declaraciones del ministro Cabandié respecto a los basurales en Vaca Muerta; también serían mitos los derrames de cianuro en San Juan por la minera Barrick Gold del 13 de septiembre de 2015, que dio como resultado la contaminación de cinco ríos. Quizás sea mentira que la contaminación de las aguas en la Mina La Alumbrera (Catamarca) llegó hasta las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, según informe de la Universidad Nacional de Tucumán.
También quizás interpreten que el documental “Punto de no Retorno”, donde se explica la delicada situación del calentamiento global, debe haber sido improvisado… por ese profesional de larga trayectoria en el tema y que ahora es viceministro.
Es curioso que los articulistas incluyan en estos grupos “izquierdistas” hasta al mismo Papa y su encíclica LAUDATO SI. “Pequeños grupos sociales, violentos y distorsionadores”, los llaman irresponsablemente.
¿Qué vemos aquí?… palabrerío vacío de contenido y mucha mala fe, un escrito lleno de descalificaciones con semianálisis sesgados.
Nuestro presidente explicó que esta pandemia es como una guerra y que siempre prevalece el valor vida sobre el valor economía… hay prioridades. En este caso pasa lo mismo… pueblos endeudados por economías salvajemente neoliberales, endeudadoras y estractivistas, atentan contra la vida, las economías locales y su desarrollo.
Faltan el respeto a las Asambleas del agua de los pueblos, que estudian centenares de páginas de proyectos y expedientes para dar la batalla por el agua en audiencias públicas amañadas, para sostener posturas bien fundadas en resguardo de los bienes comunes; desprecian a las 50.000 personas que firmaron por una ley antifracking en Mendoza, a todo el pueblo mendocino que se movilizó para proteger su agua, a los movimientos sociales partidarios y apartidarios, a la Asamblea El Argarrobo, al Pueblo de Andalgala, Catamarca y su caminata número 600 contra el modelo extractivista; descalifican al mismísimo Conicet y hablan en representación de las facultades de Ciencias Sociales; deberíamos preguntar a esas casas de altos estudios si se sienten representadas por estos dichos.
La farsa terminó… ¡no más espejitos de colores!
El análisis debe ser hecho en forma seria y por personas que estén capacitadas en la temática con un estudio multidisciplinar y no mediante simples afirmaciones oportunistas.
Por último, invitamos a estudiar el currículum vitae de uno de los autores para darnos cuenta que, más que artículo, esto que han escrito se trata de una solicitada a modo de operación política contra la ley provincial de Mendoza 7722, que debería ser tomada de modelo para toda la Nación y no derogada.
Centro de Estudios Políticos Sociales y Ambientales
Gobernador Martínez Baca
La Martínez Baca
Secretaría de Organización:
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