16 de abril de 2025
01:23hs.
La situación real de los subsidios de energía eléctrica y gas, principios y propuestas
Hay que recurrir a nuestro sentido común para reflexionar sobre esta opción que aparece en los anuncios para los subsidios en cuestión.
Todos sabemos de las tres categorías asignadas a consumidores por nivel de ingresos.
Lo más básico de analizar cuando nos hablan de subsidios es: ¿sobre qué valores de referencia?
Tal como está establecido, estos subsidios se referencian a los valores impresos en las facturas de gas y electricidad. Estos valores están fijados y determinados por los precios de venta como servicio-mercancía fijados por las empresas concesionadas del Estado a privados, tanto generadoras, como transportadoras y distribuidoras.
Aquí surge la primera pregunta: ¿cuáles son los criterios técnico-económicos por los cuales se imponen estos precios? Y siguiendo ¿el Estado garantiza un control sobre éstos y referenciados en qué valores?
La realidad es que estos precios referenciales son dependientes de los términos de intercambio de los valores internacionales y de sus cotizaciones como mercancía, todos confluyendo en las cotizaciones internacionales, incluso en los valores de importación.
Aquí surge la pregunta que muchos han consultado reiteradamente, entre ellos el entonces senador de la nación Fernando «Pino» Solanas al entonces ministro de energía de la Shell (Aranguren-Macri) y nadie ha querido responder: ¿cuáles son los costos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas en el mercado interno?
Este aspecto es básico. Producimos o generamos, transportamos y distribuimos gas y energía eléctrica en el territorio argentino. Por lo tanto, el verdadero valor de referencia para definir los precios o tarifas debe estar ineludiblemente asociado a los COSTOS REALES EN PESOS que involucran materiales, insumos, mano de obra, costos de mantenimiento, reposición y presupuestos de ampliación de capacidad, inclusive costos financieros de amortización de capital.
Los profesionales de le Secretaría de Energía de la Nación, ayudados por las asistencias técnicas profesionales de las universidades públicas pueden determinar con ajustada certeza dichos cálculos y costos. Las empresas privadas se niegan a entregar estos números. Es un valor que se mantiene en absoluto desconocimiento oficial y público, cuando debe ser obligatorio conocerlos.
Principios básicos a considerar:
1.- Los servicios y productos de gas, electricidad, agua, vivienda y alimentos NO SON MERCANCÍAS. Sus precios deben estar establecidos sobre valores que CUBRAN ESTRICTAMENTE LOS COSTOS. CONSTITUYEN UN DERECHO HUMANO DE LA POBLACIÓN ARGENTINA, ligados a sostenibilidad básica y buen vivir en sanidad de nuestra población.
2.- Lo anterior indica que los valores de referencia para establecer subsidios deben ser los COSTOS REALES y NO LOS VALORES DE MERCANCÍA OBTENIDOS POR LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO COMERCIALES ESTABLECIDOS CON VARIABLES QUE NO INTERVIENEN EN LOS COSTOS REALES CON BASES DE PRECIOS INTERNACIONALES O COMMODITIES y otras variables especulativas y financieras ajenas a los costos reales.
Perdón por la redundancia: NO SON MERCANCÍAS.
Sobre lo argumentado surgen gravísimas incongruencias y consecuencias sobre los consumidores del mercado interno. En primer lugar, los subsidios aparecen disfrazados por una calificación de “supuesta justicia”, propuesta por el FMI y obedecida por la política nacional. Los subsidios sobre valores-mercancías en las facturas, producen un efecto tipo aspirina sobre una patología infecciosa camino a la septicemia (privatización de la concesión de los servicios).
Son una respuesta a la imposición del FMI y un “saca” de un lado para que el Estado cubra las diferencias que terminamos pagando todxs de diferentes formas, siempre del bolsillo de la mayoría poblacional. Los nunca afectados son las empresas concesionarias privadas que esconden sus costos y seguirán incrementando sus enormes ganancias, a expensas del Estado y básicamente de la población consumidora PAGANDO FACTURAS CON PRECIOS DE MERCANCÍA.
Si tanto se habla del equilibrio fiscal, una forma de orientar en esa dirección es ajustar los precios de los servicios, alimentos y viviendas por costos reales y no por variables con las que se maneja el “mercado”. El instrumento seguro más eficaz para ello es dar de baja todas las concesiones de generación, transporte y distribución de servicios actualmente en manos privadas y ejercer el monopolio estatal. Esto apoyado con la asistencia de los potentes recursos profesionales y técnicos de las universidades estatales en la optimización técnica y económica, logrando con absoluta seguridad muy bajos valores de base en los costos y por tanto ingente disminución de egresos del Estado (toda la población) en mantener un actual sistema directamente usurero en la fijación de las tarifas actuales.
Esto impactará en colaborar con el afamado equilibrio fiscal, eliminando el creciente sangrado de la población y del Estado nacional y por tanto disminuyendo los egresos por estas venas abiertas de las concesiones monopólicas privadas.
Para no alargar lo expuesto dejo planteadas preguntas relacionadas con los principios desarrollados:
– ¿El gobierno nacional y gobiernos provinciales conocen y controlan los planes de mantenimiento y ampliación de capacidad de los servicios de energía eléctrica, gas, agua -con cloacas incluidas-, que están supuestamente “cobrados” en las facturas que paga el consumidor?
– ¿Ayudaría a que tanto los servicios aquí mencionados con el acopiamiento, producción y distribución de alimentos básicos sean realizados monopólicamente desde empresas estatales con participación de PyMes y productores regionales asociados y cooperativizados?
– ¿Qué impacto generarían las propuestas realizadas sobre los controles de precios y alimentos en los indicadores inflacionarios, verdaderos impuestos a la usura y la especulación?
Eduardo Pérez Caram
Nacido en Mendoza, Argentina el 7 de mayo de 1951. Casado hace 44 años y continúa, con Elizabeth Finnemore. Cinco hijos. Ingeniero Químico. Universidad Nacional de San Juan, 1976. Empleado como Profesional Principal en CONICET (Jubilado) y activo como docente universitario e investigador en Facultad Regional Mendoza de la UTN, carrera de Ingeniería Química. Antecedentes profesionales: especialista en tecnologías, instalaciones e industrialización de alimentos en agroindustrias regionales. Militante estudiantil universitario y continúa como militante social y político en el Movimiento Nacional y Popular. Co-fundador del Instituto para el Desarrollo Integral de Mendoza (IDIM). Referentes políticos-sociales (entre otras/os): Manuel Belgrano, José de San Martín, Mariano Moreno, José G. Artigas, Juana Azurduy, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, José M. Martí, Evita, J.D. Perón, John W. Cooke, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kichner.
