23 de noviembre de 2024
06:55hs.
Las dos maniobras golpistas continúan, tanto el golpe cambiario como el lawfare, aunque con resultados muy disimiles. El problema es la respuesta del oficialismo, cada día más lejana a los intereses de su base social, profundizando el divorcio entre economía y política.
En cuanto al lawfare, y a consecuencia el prolongadísimo alegato del fiscal, se generó una movilización de sectores violentamente reaccionarios, autodenominados republicanos, frente a la vivienda personal de la vicepresidenta. La respuesta fue una creciente movilización espontanea en su respaldo. La movilización se amplió, en cantidad, geografía, y respaldo político. Lo que la líder obtuvo fue un muy amplio respaldo político, incluso el oficialismo se declaró en alerta y movilización en defensa de la vicepresidenta.
La consecuencia del intento de proscripción produjo el efecto absolutamente contrario. Mientras hasta hace pocas semanas se discutía respecto de las posibles candidaturas presidenciales para el ’23, que si el actual presidente Alberto Fernández, que nuestro pseudo primer ministro Sergio Massa. Luego de la movilización popular la candidatura presidencial de Cristina Fernandez de Kirchner resulta prácticamente un dato para el oficialismo, y su proscripción política hoy aparece descartable. En resumen: el golpe político parece ser un absoluto fracaso, con un resultado opuesto a lo buscado. Tan así es que ella sufrió una tentativa de magnicidio, que se debería escalecer quien organizó.
El otro golpe, el de mercado, el que los grandes empresarios saben hacer, sigue en curso: los dólares no aparecen, y del objetivo de aumentar las reservas del BCRA en U$S 5.000 millones solo quedaron los anuncios. El dólar fuga en sus diversas versiones (blue, bolsa, CCL y cripto), sigue a $ 290, con lo que la brecha con el dólar oficial continua en un 100%, siguiendo así con la presión devaluatoria. Según los trascendidos periodísticos al pedido oficial de liquidar exportaciones, las cerealeras le pusieron número a su reclamo devaluatorio: dólar a $ 200, una devaluación del 43%.
Las maniobras de desestabilización económica incluyeron un supuesto informe del viceministro de economía Gabril Rubinstein, destinado a los clientes de su consultora, que incluye una devaluación a $ 200. El propio funcionario debió desmentir el informe, aunque se le critica la falta de firmeza en el desmentido.
¿Porque $200 y no $ 250 o $ 290? En el intercambio internacional el país muestra amplio superávit: U$S 12 millones en 2020, U$S 15 millones en 2021, y las proyecciones para este 2022 son incluso superiores. Según el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el Banco Central, el valor en julio de este año está en $ 92.15, con base 100 en el promedio 2012-2015. Esto supone una leve valorización del peso, subsanable con una devaluación del 8%. Es claro que una devaluación del 43% carece de fundamento.
La fuga de capitales en Argentina es un barril sin fondo, capaz de deglutirse en unos pocos meses, los U$S 35 mil millones del blindaje de De la Rúa en 2002, igual que los U$S 45 mil millones que entregó el FMI a Macri en 2018, además del ahorro externo argentino. Una devaluación solo alimentaría la ya muy alta inflación. Que para este agosto se estima tendrá un piso del 6 %, y es uno de los problemas más graves de los argentinos.
El escenario de estar al borde de una hiperinflación, que genero la designación de Massa, parece estar controlado, aunque la estabilidad aún está lejana
Mientras tanto desde el Palacio de Hacienda continúan con las concesiones al poder económico (diferentes subsidios a exportadores), y son entre escasas e inexistentes las medidas hacia los trabajadores formales, informales y de la economía popular, esos que constituyen la base política del oficialismo.
Las medidas tomadas hasta la fecha apuntan principalmente a cumplir con el compromiso con el FMI de eliminar el financiamiento del Estado vía emisión, y de reducir el déficit. La consecuencia directa es el encarecimiento del financiamiento al Estado. Durante la pandemia, y en gestión de Guzmán, el déficit fiscal se financió con emisión. El banco central absorbía esa emisión con nueva deuda, lo que se denomina esterilización, para evitar que mayor circulante genere inflación. Los acreedores de esta deuda obviamente son los bancos.
Esta nueva deuda, ahora del Banco Central y no del gobierno, no se toma en cuenta en el cálculo del déficit fiscal del FMI, por esas magias de la “contabilidad creativa”. Con la tasa de interés por debajo de la inflación, ésta se licuaba con el paso del tiempo. Pero la reciente sube de los intereses a tasas reales positivas (tasa de interés superior a la inflación) los transforma en una importante carga. Según una estimación de la consultora GMA Capital, en base a las Leliqs y pases del central ($ 6,82 billones), representaría 1,5 veces la base monetaria de hoy y 8,4% del PIB. Los bancos son los grandes beneficiados por la suba del costo del dinero.
Esta deuda significa una enorme carga financiera, y de ella poco se habla. La solución sería un tratamiento similar al que se efectuara al inicio de la presidencia de Menem: su refinanciación forzosa mediante la entrega compulsiva de títulos públicos a varios años. El documento que el viceministro de economía Rubinstein desmintió haber efectuado la menciona, aunque lo considera como posición extrema.
Ante los reclamos de cumplir con la base social del Frente de Todos, se tomaron ciertas medidas para los sectores de menores ingresos:
- Un refuerzo de 20 mil pesos por hijo en las asignaciones familiares de los hogares de menores ingresos. Alcanza a los trabajadores en relación de dependencia de menores ingresos, beneficiarios de AUH y AUE, y para monotributistas de las primeras tres categorías.
- Un refuerzo mensual de hasta $7 mil para jubilaciones y pensiones que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre.
- El programa “puente al empleo”, para la transformación de los planes sociales en empleo registrado.
“Puente al Empleo” es el programa que el gobierno supone “transformará programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado”, que fue puesto en vigencia por el Decreto 551 el reciente 30 de agosto, mucho anuncio para tan poca sustancia.
Para los trabajadores el programa permite continuar recibiendo el subsidio social al tener empleo, además de los beneficios del trabajo registrado en cuanto a la seguridad social. A los empresarios los beneficia la exención total de cargas patronales y además con el reconocimiento del plan como parte del salario, lo que reduce el “esfuerzo” empresario para pagar el salario mínimo.
Lo previsible es que esta medida fomente cierto blanqueo de empleo no registrado, aunque nada se establece sobre la discontinuidad del contrato por parte del empleador. Así los mayores beneficiarios parecen los empleadores, y en particular los de trabajo estacional.
Nada hay en la disposición que fomente la generación de empleo en sector productivo alguno, solamente se plantea la reducción de los costos laborales para los empleadores, y la permanencia del subsidio para los trabajadores.
Las cosechas como los diversos frutales, como limones, naranjas, peras, manzanas, o de la vid, generan una importante demanda estacional de trabajadores, los “trabajadores golondrina”. Los productores de estas se muestran como los mayores beneficiarios de la medida. Los beneficiarios de programas sociales se desalientan de tomar estos empleos ante el riesgo de perder el subsidio, riesgo que este programa soluciona claramente.
El problema de nuestro país es la escasa demanda de trabajo[1]. la constante de las últimas décadas es la reducción tanto de salarios como del empleo privado[2], particularmente el sector formal. La mera reducción de costos laborales no es incentivo a la contratación de trabajadores para la producción, lo que se requiere es dinamizar la demanda interna. Los nichos exportadores de producción exportadora podrán ser capaces de aportar a la generación de divisas, pero no a la generación de trabajo.
Los muy diversos planes o programas que se propusieron dinamizar la demanda de empleo, o sea ampliar la generación de puestos de trabajo, mediante reducciones de impuestos y contribuciones sociales[3], solo consiguieron que los empresarios reduzcan sus costos, mas no que generen empleo genuino.
El propio titular de Desarrollo Social, Zabaleta, reconoció que la denominada economía popular no está alcanzada. “Tenemos que ver qué va a pasar con esos trabajadores de la economía emergente, son personas que están afuera del sistema formal y producen mucho”.
Los trabajadores excluidos, de la economía popular, fueron de los sectores más afectados por la pandemia. El reclamado Salario Básico Universal estaba dirigido a responder la demanda de este sector, y es claramente una de los caídos en el cumplimiento del programa de ajuste del FMI.
Juan Grabois reclamo por la carencia de respuesta hacia ese sector, adelantando que en consecuencia el Frente Patria Grande, se retira del bloque del oficialista. Aún no está claro si continuara coordinando mediante un interbloque o la ruptura será total, lo que tendría importantes consecuencias en la cámara de diputados.
A modo de conclusión
La nota anterior exprese que “el divorcio entre economía y política no es sostenible. La defensa de un frente político cuya política económica es el programa del FMI y no el de inclusión del conjunto de los argentinos, va al fracaso político”.
En los últimos días el divorcio solo se profundiza, mientras el lawfare, parecería controlado, la posición del oficialismo reforzada por la movilización, y el intento de magnicidio refuerza aún más a la líder. A la par la política económica avanza con un ajuste socialmente excluyente. El divorcio no es sostenible, como muestra vemos la queja de los excluidos que Grabois representa.
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
Notas
[1] Los trabajadores ofrecen su trabajo, mientras que los empresarios demandan el trabajo; aunque en el lenguaje popular se exprese en forma inversa.
[2]El plan económico aplicado durante la dictadura genocida, reproducido en los gobiernos de Menem y Macri, de reducción de salarios y destrucción de la burguesía nacional, es la causa de la escasez de la demanda de empleo.
[3] Propuesta típica de los sectores pro empresarios.
