21 de abril de 2025
13:18hs.
Cada vez que temas de estas características trepan a su condición de título periodístico se jalona un universo acerca del que mucho hablamos pero poco podemos demostrar, al margen que las sospechas se acumulan en los anaqueles de la historia de los años más oscuros de la Argentina. Me refiero a la participación decidida de empresarios en el plan de exterminio de una generación de militantes sociales y políticos. Eso ocurrió durante la última dictadura militar.
En verdad, en muchos casos comenzó con el accionar de la Triple A o en coordinación con el “Operativo Independencia”, nombre con el que se conoció el dispositivo que generó María Estela Martínez de Perón, Vicepresidenta a cargo de la Presidencia luego de la muerte del líder, para eliminar a la guerrilla rural en Tucumán. Hubo empresarios y empresarias que competían por convertirse en los empleados del mes del Proceso de Reorganización Nacional (desde 1976 y hasta 1983).
Los casos Ledesma -otro ingenio azucarero pero del Jujuy-, y Ford, la fáblica de automóviles, son dos casos paradigmáticos de la decidida participación en el plan represivo que se cargó la vida de muchos más de 30.000 desaparecidos. También fueron parte de las torturas, robos de identidades (de bebés), encarcelamientos, robos de bienes de los militantes, y de todas las brutalidades con que la oligarquía terminaba con el estado de bienestar del primer peronismo.
“Tucumán
“Embargan a los dueños de un ingenio por crímenes de lesa humanidad
“La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas. 11 permanecen desaparecidas. Eran en su mayoría trabajadores del ingenio y dirigentes sindicales.
“Una decisión inédita en las causas por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad fue tomada por el Tribunal Oral Federal con asiento en Tucumán, cuando hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles del Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la localidad de Famaillá.
“La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa y están acusados cuatro ex directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
“La medida cautelar, que se toma por primera vez en causas de lesa humanidad, podría sentar un precedente importante en otros expedientes en los que se investiga la responsabilidad de empresarios.
““El pedido consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino el fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán.
“En 2016, la familia Figueroa Minetti vendió el 50 por ciento de la empresa a una multinacional de origen mexicano, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas.
“Además de los inmuebles, la medida cautelar incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas.
“Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos. Todos ellos fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas.
“Los cuatro empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio. También fueron acusados de obtener ganancias extraordinarias a partir de su relación con el aparato represivo ilegal, reseña TiempoAr.
“La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2021, luego de tres años de demoras, y tanto las querellas como la fiscalía solicitaron varias veces que se realice el debate oral, pero el TOF de Tucumán aún no fijó la fecha. “Si bien el estado de salud de los imputados es bueno y por ende son aptos para participar en el debate, son personas de avanzada edad. El tiempo es fundamental para evitar la impunidad”, añadió Camuña, quien espera que finalmente comience este año.
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“30 de enero de 2023”.
