08 de julio de 2025
08:41hs.
La Argentina y las transiciones. La problemática ecuación entre lo perdurable y lo disruptivo [1]
María Carolina Ferraris Salas [2]
Segunda parte
“Las Malvinas son argentinas,
los desaparecidos también” [3]
Delia Giovanola, Abuela de Plaza de Mayo, 1982
“Señores jueces: quiero renunciar a toda pretensión de originalidad
para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me
pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: nunca más” [4]
Julio César Strassera, Fiscal General, 1985
(viene de la edición anterior)
El Ejército, bajo la dirección del general Juan Carlos Onganía, decidió llegada la hora de retornar, como actor principal, al escenario político. En junio de 1966 las fuerzas ‘ordenadoras’, “interpretando las apetencias de la comunidad”, asumieron la ‘misión’ de guiar a una ciudadanía confundida y “decirle lo que tiene que hacer para no sucumbir”[13].
El nuevo golpe de Estado se corporizó a través de una Junta Militar Revolucionaria constituida por los Comandantes en Jefe de las tres armas, Teniente General Pascual Ángel Pistarini, Almirante Benigno Ignacio Varela y Brigadier General Adolfo Teodoro Álvarez, que destituyó al presidente Arturo Illia el 28 de junio de 1966.
Desde el punto de vista de los militares, los partidos políticos y las elecciones democráticas sólo constituían factores de desorden e indisciplina, que, además, provocarían (o serían los culpables de provocar) la “ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino”. Dos peligros fundamentales acechaban a la Nación Argentina y los militares tenían la ‘misión’ de conjurarlos: el ‘caos democrático’ por una parte y el comunismo que en él fructificaba, por otra.
La Junta, autodenominándose “Revolución Argentina”, disolvió el Congreso, dispuso la separación de los miembros de la Suprema Corte, la destitución de autoridades provinciales y municipales y nombró como presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía.
Con el golpe de estado de 1966 se pretendió ‘agilizar’ el modelo de desarrollo mediante un sistema político autoritario; convergían en esta idea varios sectores civiles, militares y de la cúpula eclesiástica. Esa combinación, además de servir como plataforma, eliminaría también dos fuertes amenazas: una muy palpable, aunque local, el peronismo; la otra, más difusa, pero con alto impacto internacional, el comunismo.
Sin embargo, el modelo autoritario se agotó rápidamente, ya que evidenció la incapacidad para la transformación sustancial que había prometido. Las tensiones sociales se manifestaron con el “Cordobazo” y recrudecieron a todo lo largo de 1969. Aparentemente, se necesitó de una fuerza tan violenta como la propia para sacudirse la inercia: el accionar visible de grupos radicalizados. Fueron los que surgieron a la luz con el asesinato del líder sindical Augusto Vandor, primero, con el secuestro y posterior ejecución de Aramburu, después. En junio de 1970 Onganía fue depuesto por una Junta de Comandantes.
El recambio presidencial que siguió al derrocamiento de Onganía, con la corta alternancia del binomio Levingston-Lanusse, mostró, en principio, la imposibilidad de superar esa situación de inoperancia; la exacerbación del conflicto social y distributivo producida en los primeros ‘70s fue un imperativo para poner fin a esta etapa.
- Los oscuros ‘70s: ni derechos ni humanos
En marzo de 1971 el general Alejandro A. Lanusse, Comandante en Jefe del Ejército, asumió la presidencia. Las tensiones que emergieron desde 1969 pusieron a las FFAA en el imperativo de buscar una salida electoral controlada. En consecuencia, Lanusse decidió restablecer la actividad de los partidos políticos y anunció la celebración de elecciones generales a corto plazo y sin proscripciones. Entre tanto, las manifestaciones de protesta de amplios sectores sociales se multiplicaron, a la vez que las acciones de grupos de guerrilla adquirían mayor visibilidad. El endurecimiento de la represión y los procedimientos ilegales que la caracterizaban, contribuyeron a aumentar la inquietud de gran parte de la sociedad que veía en la retirada de los militares la única garantía para restablecer el orden institucional.
El regreso de Perón, tras 17 años de exilio, en noviembre de 1972, desarmó los proyectos de Lanusse a través de algunas concreciones de hechos: reunió a los representantes de las agrupaciones políticas, sentando las bases de una convivencia partidaria; logró la adhesión a una convocatoria amplia de sectores ‘nacionales y populares’, nucleados en torno al FREJULI, que consagró la fórmula electoral Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima; finalmente, ratificó su liderazgo, le ganó la pulseada a Lanusse y dejó el camino preparado para ratificar el triunfo en las urnas.
Las elecciones se llevaron a cabo en marzo de 1973, obteniendo el FREJULI un holgado triunfo con el 49,5 % de los votos; la Unión Cívica Radical logró un segundo lugar con el 21,2 % de votos. Héctor Cámpora asumió como presidente el 25 de mayo de 1973, con el apoyo popular que le garantizaba su lealtad a Perón, a quién la dictadura le prohibió participar en las elecciones.
El gobierno de Cámpora duró apenas 49 días, del 25 de mayo al 13 de julio de 1973. Su breve gobierno se caracterizó por la búsqueda de acuerdos políticos y sociales, tanto dentro como fuera del peronismo. El Pacto Social entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, fue una de sus medidas más destacadas. Internacionalmente adoptó una política de no alineamiento en la Guerra Fría y el fortalecimiento de las relaciones latinoamericanas.
El retorno definitivo de Perón el 20 de junio de 1973 fue el paso previo a su vuelta al manejo de los asuntos públicos y al intento de encuadrar todos los conflictos dentro de carriles institucionales. La fiesta que presuponía el regreso del viejo líder se transformó en la “masacre de Ezeiza”. En las proximidades del aeropuerto internacional se produjo un sangriento enfrentamiento entre los sectores revolucionarios de la izquierda peronista y los más ortodoxos, de extrema derecha, nucleada en torno a José López Rega, en ese momento secretario personal de Perón.
En julio de 1973 Cámpora y Solano Lima renunciaron al gobierno. Sobrevino un gobierno provisional, presidido por Raúl Lastiri, titular de la Cámara de Diputados, quien convocó a nuevas elecciones para septiembre de ese año. Perón plebiscitó con el 62 % de votos y asumió su tercera presidencia, el 12 de octubre de 1973, con María Estela Martínez (Isabel), su tercera esposa, como vicepresidenta. Sin embargo, el objetivo de asegurar la gobernabilidad tropezó con los enfrentamientos de los distintos protagonistas sociales: los conflictos gremiales no disminuyeron, las demandas de mejoras salariales no cesaban; en tanto los grupos empresarios acentuaron las prácticas especulativas, eludiendo controles de precios, acaparando mercancías, etc.
El 1 de julio de 1974 murió Juan D. Perón, a los 78 años, cuando aún no había cumplido su primer año de mandato. El deceso se produjo en un momento crítico para su proyecto político. Los distintos sectores políticos y las FFAA respaldaron la continuidad institucional representada en la vicepresidenta y sucesora, pero ello no evitó el vacío político que terminaría llevando a una crisis sin precedentes. Con Perón había desaparecido el único liderazgo capaz de encauzar los antagonismos políticos emergentes de las luchas sociales. A partir de su muerte, la agudización de los conflictos y la violencia política marcarían la descomposición del proyecto peronista.
La sucesión recayó en la vicepresidenta, María Estela Martínez. La mandataria y su entorno, con la preeminencia de José López Rega -ministro de Bienestar Social y secretario privado de la Presidencia-, definieron un accionar basado en el sectarismo y el aislamiento. Incorporaron al gobierno elementos de las vertientes más reaccionarias del peronismo, mientras el enfrentamiento entre los propios peronistas se transformaba en el conflicto central de la escena política. Se evidenció que la cúpula gubernamental no estaba dispuesta a comprometerse en negociaciones con otras fuerzas sociales o políticas. El fuerte impacto inflacionario, la paralización de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, desataron movilizaciones masivas.
El aislamiento de María Estela Martínez respecto de la sociedad civil tuvo consecuencias dramáticas. No solo se intensificaron las pugnas internas en el peronismo, también recrudecieron las actividades de las guerrillas a la par de la multiplicación de la violencia de las derechas. En un marco creciente de ingobernabilidad, las autoridades lanzaron un operativo para eliminar a todo lo que ellos consideraron ‘izquierdas’, dentro y fuera del peronismo. Un sector de ultraderecha, liderado por López Rega, organizó un comando paramilitar denominado “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), que desplegó una vasta acción represiva, con la que dio origen al genocidio que se profundizaría a partir del ’76.
Las izquierdas peronistas, después de la muerte de Perón, habían decidido enfrentar abiertamente al gobierno. En septiembre de 1974, la organización peronista guerrillera Montoneros, anunció el pasaje a la clandestinidad y la reasunción de las actividades guerrilleras. Como respuesta a la represión, Montoneros proponía un perfil revolucionario para el peronismo y redefinir el giro hegemónico hacia la derecha que caracterizaba al gobierno de María Estela Martínez.
El otro foco de guerrillas provenía del ERP [14], brazo armado del PRT [15], de orientación marxista. En 1974 se detecta operativa una célula del ERP en la provincia de Tucumán. Desde febrero de 1975, el ejecutivo puso en acción el denominado “Operativo Independencia”, a cargo del ejército, destinado a aplastar a cualquier costo el foco revolucionario.
La presidenta intentó asegurar su permanencia en el poder acercándose a las FFAA, pero los militares prefirieron afirmarse en la línea que ellos mismos denominaron “profesionalismo prescindente”. La agudización del conflicto social y político durante 1975, a lo que se sumaban los intentos de las guerrillas y la cada vez mayor represión de las FFAA, parecían imposibilitar cualquier negociación pacífica. En diciembre, el general Videla, a modo de augurio de nochebuena, lanzó un ultimátum, exhortando a buscar una salida política ‘negociada’ en un plazo de 90 días para ‘solucionar’ los problemas del país.
Desde inicios de 1976 las calles del país ‘olían’ a golpe. En la madrugada del 24 de marzo los argentinos nos despertamos en la noche más oscura de nuestra historia. Una junta militar integrada por los comandantes en jefe de las FFAA, teniente general del ejército Jorge R. Videla, almirante de la armada Emilio E. Massera y brigadier de la fuerza aérea Orlando R. Agosti irrumpió en una Casa Rosada semivacía, proclamando el derrocamiento del gobierno. Los sublevados suscribieron un acta en la que establecieron los objetivos básicos de lo que llamaron “proceso de reorganización nacional”, justificando el levantamiento e interrupción del orden institucional con la ‘necesidad’ de terminar con el ‘desgobierno’, la corrupción y el ‘flagelo subversivo’.
Las primeras medidas de gobierno, se reflejaron en la caducidad de los mandatos de las autoridades constitucionales en los ámbitos nacional, provinciales y municipales, la cesación de funciones de los poderes legislativos nacionales y provinciales, que quedaron a cargo de personal de las FFAA, como de todos los órganos colegiados, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la suspensión por tiempo indeterminado de actividades políticas y gremiales. Se intervinieron las centrales obreras y sindicales, a la vez que se arrestaba masivamente a funcionarios del depuesto gobierno.
Las medidas represivas se extendieron también al ámbito laboral y político. Se suspendió el derecho de huelga, se eliminó el fuero sindical y muchos dirigentes gremiales fueron detenidos. Fuerzas combinadas de seguridad ocuparon las principales plantas industriales del país y, mientras las empresas despedían a activistas sindicales y obreros involucrados en reclamos, numerosos trabajadores eran detenidos en función de “listas negras”. Se dictó una Ley de Prescindibilidad para depurar a todo el personal de la administración pública y todos los organismos estatales.
La Junta Militar estableció como prioritaria la lucha contra la “subversión”, implementando una política de terrorismo de Estado que causó que decenas de miles de personas fueran detenidas, torturadas, asesinadas, desaparecidas o privadas de su identidad en el caso de los niños. Entre los sitios de detención existieron los denominados “centros clandestinos”. De este modo, los detenidos entraban en una zona oscura donde toda intervención jurídica o humanitaria era casi imposible y, además, se tornaba riesgosa para quienes la emprendían. Por su parte, las autoridades respondían a los reclamos de familiares afirmando el desconocimiento del paradero de las víctimas. Esta metodología represiva, mantenida en secreto, dio origen a la figura del detenido-desaparecido.
(continuará)
Columnista invitada
María Carolina Ferraris Salas
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Licenciada en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en Historia. Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Postdoctorado Judaism and Antisemitism, Hebrew University of Jerusalem. Postdoctorado en España: franquismo y transición a la democracia, Universidades de Granada y Autónoma de Barcelona. Cátedra “Historia Contemporánea”. Carrera de Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Cátedra “Historia de las Ideas Contemporáneas”. Carrera de Geografía. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril de 2004 y continúa. Seminario de Licenciatura en Historia Contemporánea. Carrera de Licenciatura en Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, desde 2014 y continúa.
Notas para la serie de tres entregas
[1] Esta es una versión ampliada de un trabajo previo presentado en el IX Congreso Internacional Historia de la Transición en España y publicado en Fernández Amador, M. y Florin Tudorica, A. (2022) “Transición a la democracia y bienestar social”. Almería, Espana. Silex.
[2] Créditos de la autora: Titular de Cátedra Historia Contemporánea, Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
[3] Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, el 4 de abril de 2022, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, recordó que una de las doce fundadoras de dicha organización, Delia Giovanola, fue fotografiada en medio del conflicto, un jueves de “Ronda” con el emblemático pañuelo y un cartel en una de sus manos que señalaba: “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.
[4] Alegato de Julio César Strassera, 18 de septiembre de 1985; en Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín, Nada más que la verdad: el Juicio a las Juntas. La guerra sucia desde el golpe hasta las autocríticas militares. Buenos Aires, Planeta, 1995, p. 182.
[5] Galante, Diego. El juicio a las Juntas: discursos entre justicia y política en la Argentina. Libro digital, Universidad de La Plata, Universidad de Misiones, Universidad de General Sarmiento, 2019, p. 253.
[6] Ansaldi, Waldo. “Juego de patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno posdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay”, en A. Pucciarelli (coord.), Los años de Alfonsín. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2006, p. 24.
[7] O´Donnell, Guillermo, “Ilusiones sobre la consolidación”, en Nueva Sociedad, Nº 180-181, Jul-Ago / Sep-Oct., 2002, pp. 311-332.
[8] La autora de este trabajo tiene prevista una segunda parte del mismo en la que se profundizará la evolución de la “consolidación” democrática desde 1984 hasta el presente.
[9] Raúl Prebisch se destacó como uno de los primeros en ocuparse del tema del desarrollo en América Latina y en la Argentina. En 1938 redacta la ‘Tercera Memoria del Banco Central de la República Argentina’ y a partir de entonces, se dedica en forma acabada y completa al análisis del papel que el Estado debe desempeñar para lograr el desarrollo en los países periféricos.
[10] Devés Valdés, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Tomo II. Desde la CEPAL al Neoliberalismo (1959-1990). Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 32.
[11] Unión Cívica Radical Intransigente.
[12] CEPAL: Comisión Económica para América Latina, establecida por Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, de febrero de 1948.
[13] Altamirano, Carlos. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001, pp. 376-386.
[14] Ejército Revolucionario del Pueblo.
[15] Partido Revolucionario de los Trabajadores.
[16] La deuda externa se multiplicó de 7.700 millones a 45.000 millones. Rapoport, Mario y otros. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires, Macchi, 2000, pp. 788-856.
[17] Ley 23.040, 22/12/1983.
[18] Decretos 157 y 158, 13/12/1983.
[19] Lo que mostró la investigación de la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- evidenciaba el carácter institucional y sistemático del sistema de desaparición forzada de personas y el carácter atroz de los crímenes cometidos. Todo ello puso en cuestión las nociones de «errores» y de «excesos» e impulsó a ampliar la investigación más allá de quienes habían dado las órdenes represivas.
[20] Ley 23049, 9/2/1984.
[21] Nino, Carlos S. “La política de DDHH en la primera mitad del período del gobierno democrático.” En Garzon Valdez, E. y otros (comp.) La nueva democracia argentina 1983-1986. Buenos Aires, Eudeba, 1988, p. 33.
[22] Alfredo Astiz militar que perteneció al Grupo de Tareas que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se infiltró como espía en organizaciones de DDHH. Entre los delitos de lesa humanidad que cometió se cuentan casos de resonancia internacional.
