21 de abril de 2025
03:09hs.
La Argentina y las transiciones. La problemática ecuación entre lo perdurable y lo disruptivo [1]
María Carolina Ferraris Salas [2]
Tercera parte
“Las Malvinas son argentinas,
los desaparecidos también” [3]
Delia Giovanola, Abuela de Plaza de Mayo, 1982
“Señores jueces: quiero renunciar a toda pretensión de originalidad
para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me
pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: nunca más” [4]
Julio César Strassera, Fiscal General, 1985
(viene de la edición anterior)
Durante siete años la dictadura llevó adelante una política económica que deterioró severamente las condiciones de vida de la población, extremando la desigualdad entre ricos y pobres y aumentando la deuda externa un 600 %. [16]
En diciembre de 1981 el general Leopoldo Fortunato Galtieri se hizo cargo del Poder Ejecutivo, en un marco de creciente inestabilidad y conflicto por la situación económica y de ciertos resquemores al interior de las FF. AA. A principios de 1982, la necesidad gubernamental de recuperar consenso se enfrentaba con un panorama complicado: la intensificación de los conflictos gremiales, el surgimiento de una Multipartidaria (que agrupaba desde 1981 a los principales partidos) presionando por apertura electoral, las organizaciones de Derechos Humanos que hacían oír sus reclamos por las violaciones de tales derechos y exigiendo el juzgamiento de los responsables. Todo derivó, el 30 de marzo de 1982, en una movilización y concentración en Plaza de Mayo. De esta manera, la protesta gremial parecía dejar atrás el miedo masivo que hasta entonces paralizara a la mayor parte de la población. La respuesta de las FF. AA. fue el desembarco, tres días después, de tropas argentinas en las Islas Malvinas. Se trató de consolidar la situación interna mediante una externalización conflictiva, cuyas probabilidades de triunfo eran altamente improbables. La Argentina fue derrotada por el Reino Unido y sus aliados, lo que llevó al colapso del régimen.
- Implosión y transición
La derrota en la guerra de Malvinas en junio de 1982, en el marco de una gravísima crisis interna de la Junta Militar y de una situación económica y social crítica, se considera el inicio del fin de la dictadura. En noviembre, la Junta anunció su intención de ‘concertar’ con los partidos políticos la salida electoral y las condiciones para el futuro “proceso de institucionalización”, e indicó que estaba en estudio una amnistía. Entre las condiciones de esa concertación se establecían como innegociables el tema de los desaparecidos, la lucha contra la subversión y la presencia de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno. Los partidos políticos, reunidos en la Multipartidaria, se negaron a concertar sin acordar también la emergencia de un nuevo proceso democrático. Entre sus exigencias figuraban la salida electoral no condicionada y la revisión de la política económica; sin embargo, la condena a las violaciones a los derechos humanos no ocupaba un lugar central en sus reclamos.
Existía un consenso en que el “problema de los desaparecidos” debía ser resuelto por el gobierno militar, pero las posiciones partidarias eran muy diversas; una de las más intransigentes era la de Alfonsín, quien sostenía que los crímenes debían ser investigados y juzgados.
Mientras tanto, en la prensa se sucedían las noticias sobre el descubrimiento de enterramientos clandestinos y de cuerpos no identificados en diversos cementerios del país y algunos jueces -tomando posiciones con alguna independencia de las Fuerzas Armadas- comenzaron a investigar el tema. Más allá de los límites con que se hicieron esas investigaciones, en la prensa de la época empezaba a circular un caudal de información acotado pero visible sobre las víctimas de la represión. Sin embargo, la presentación de esas noticias tampoco llegó a construir la idea de que se trataba de víctimas de alguna forma de represión sistemática, ni menos permitía reconstruir la dimensión de lo sucedido.
En el seno de los organismos de derechos humanos, la denuncia de la represión sí llevaba años, con los términos “genocidio” o “terrorismo de Estado” como represión sistemática y generalizada, pero ello aún no permeaba el debate público e incluso los organismos no eran en 1982 figuras de alta legitimidad política, sino “partes interesadas” y, a veces, fuertemente sospechadas por sus vínculos con los terroristas.
Una “explicación posible” por parte de la Junta Militar sobre los desaparecidos llegó finalmente en abril de 1983, a la par de un conjunto de disposiciones legales tendientes a cerrar el problema de las “secuelas de la lucha antisubversiva” y proteger a las Fuerzas Armadas de las eventuales consecuencias judiciales por la represión realizada.
El “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” (DF), difundido el 22 abril de 1983, fue presentado como la palabra oficial sobre el tema de los desaparecidos, pero lejos de la esperada ‘verdad’, el gobierno militar ratificaba allí lo actuado en la lucha antisubversiva, reconocía haber cometido “excesos y errores” durante su desarrollo y ratificaba su convicción de volver a hacerlo si era necesario. El documento dejaba en claro que los desaparecidos estaban muertos y decía ser “todo cuanto la Junta Militar tiene para informar”. Como señalaron muchos observadores de época, el documento equivalía a un reconocimiento de responsabilidades por los crímenes cometidos y, al mismo tiempo, un cierre cohesivo en torno a la máxima autoridad militar como responsable.
El 30 de octubre de 1983 se celebraron elecciones y Raúl Ricardo Alfonsín resultó electo presidente; asumió el 10 de diciembre, junto a los demás representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ese día comenzó por primera vez en la historia argentina, un período democrático de larga duración que continúa en 2023.
La campaña electoral de Alfonsín había estado fuertemente centrada en el tema de los derechos humanos, pero probablemente fue, además de su carisma personal, su discurso refundacional en torno a la democracia como valor ético superior reconstituyente de la comunidad política lo que conformó su caudal político.
Las primeras medidas fundamentales de gobierno fueron la anulación de la amnistía por insanablemente nula [17]; los decretos de persecución penal de las “cúpulas terroristas” y juzgamiento de las juntas militares [18]; la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) [19] para investigar sobre los desaparecidos; y la reforma del Código de Justicia Militar para juzgar los delitos militares por sus propios tribunales con posibilidad de apelación a la justicia civil. [20]
En septiembre de 1984 la CONADEP, acompañada por una manifestación de 70 mil personas, presentó un informe al presidente que luego fue publicado como libro, con el título de Nunca Más. En él se recogieron 8.700 denuncias por desaparición de personas, se describían 340 centros de detención clandestina y se detallaba una lista con 1.300 personas comprometidas en la represión. El texto realizaba un exhaustivo análisis del terrorismo de Estado señalando que “(…) a los actos terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor (…) porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”. [21]
Entre abril y octubre de 1985 se llevaron a cabo ante la Cámara Federal de Apelaciones de CABA (entonces aún Capital Federal), las audiencias orales y públicas del juicio penal contra los nueve miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, durante la última dictadura en la Argentina. El proceso abordó una multiplicidad de delitos cuyo trasfondo era el régimen de desaparición y que abarcaron desde la falsedad ideológica de documentos públicos y las privaciones ilegítimas de la libertad hasta la aplicación de torturas y tormentos, y la comisión de homicidios. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, los principales responsables del genocidio fueron condenados a cadena perpetua.
La sentencia de la Cámara Federal incluyó un punto que el gobierno radical no esperaba: la orden de enjuiciar a los militares subordinados. Ante ello, Alfonsín presentó y obtuvo la sanción en 1986 de la llamada Ley de Punto Final, que estableció un plazo de caducidad de sesenta días de todas las acciones penales contra delitos de lesa humanidad. La ley no produjo el efecto deseado y en ese lapso los tribunales aceleraron los trámites y procesaron a unos 400 oficiales, de los cuales el 30 % estaban en actividad.
En abril de 1987 se produjo la sublevación militar conocida como el Levantamiento de Semana Santa y los sublevados, acaudillados por el teniente coronel Aldo Rico, adoptaron el mote de carapintadas. El levantamiento generó una crisis política que terminó luego de una negociación personal entre Alfonsín y los militares insurrectos, como consecuencia de la cual el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida considerando inimputables de los delitos de lesa humanidad a los militares con grado inferior a coronel.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron muy cuestionadas por las organizaciones de DD. HH. y por diversos sectores de la sociedad civil. Nos parece útil destacar que entre los represores liberados se encontraba Alfredo Astiz, símbolo de la violación de los derechos humanos y de la entrega de Malvinas. [22] Las amenazas contra la democracia se repetirían durante el gobierno de Alfonsín con dos nuevos alzamientos carapintadas en enero y diciembre de 1988.
Pocos años después, ya durante la presidencia de Carlos Menem, las leyes de impunidad se completarían con una serie de indultos. En sentido contrario, las leyes de inmunidad y los indultos serían anuladas en 2003, reabriéndose los juicios y ampliándolos también a los autores civiles.
Conclusiones
Los juicios por delitos de lesa humanidad implican para la historia de la Argentina la trascendencia política y cultural de un fenómeno que excede su aspecto judicial y que se proyectó como ejemplo mundial en materia de Derechos Humanos.
El juicio oral de 1985, conocido como el “Juicio a las Juntas”, se había convertido ya para entonces en un fenómeno complejo y heterogéneo, que involucró múltiples prácticas discursivas y políticas, referidas no solo al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, sino también al presente y al futuro de la democracia por construir. Esa capacidad particular que tuvieron los juicios para convertirse en un acontecimiento a partir del cual se articularon prácticas diversas y heterogéneas, a lo largo de tres décadas de democracia, se fundó en varias dimensiones.
Por una parte, tras recuperarse en 1983 la democracia en la Argentina, el juzgamiento se convirtió en una pieza clave de la tramitación de las inéditas violaciones a los derechos humanos sucedidas en el país. El Juicio a las Juntas certificó la veracidad de los testimonios que los familiares de los desaparecidos y los sobrevivientes de las desapariciones venían desplegando, y afirmó la existencia de un plan estatal a escala nacional y sistemático, a partir del que se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos.
El cambio de representaciones en favor de los derechos humanos y la condena de la represión fue parte de un clima general antidictatorial y antimilitarista que incluyó -paulatinamente y para capas sociales progresivamente más amplias- el descubrimiento de la represión atroz como hecho condenable y meritorio de responsabilidades penales. A ese clima y al proceso que llevó a la justicia contribuyeron no sólo la lucha de los organismos de derechos humanos y sus denuncias y la voluntad de figuras políticas como Alfonsín sino, también, el propio cierre de filas de la corporación militar, que una y otra vez, optó por negar cualquier información y cualquier elemento para construir la tan ansiada “verdad” demandada por los afectados y algunos sectores políticos. Ante ese silencio y la reconfirmación de la legitimidad y legalidad de lo hecho, repetida una y otra vez, el camino que se fue construyendo fue el de la justicia.
A ese primer juicio le seguirían otros, en todo el territorio argentino, especialmente desde las presidencias de Néstor Carlos Kirchner en que se anularon las leyes de impunidad y se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. Al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, se habían abierto o reiniciado 2.510 causas, de las cuales en 156 ya se había dictado sentencia, en las que se condenaron a 669 personas y otras que continúan hasta el presente.
Estos juicios, a su vez, se transformaron en uno de los pilares que distinguió, en el plano internacional, a la experiencia argentina en materia del procesamiento de los crímenes de lesa humanidad y le otorgó una nueva centralidad al ejercicio de la Justicia penal como herramienta en los procesos de justicia transicional a escala global.
Columnista invitada
María Carolina Ferraris Salas
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Licenciada en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en Historia. Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Postdoctorado Judaism and Antisemitism, Hebrew University of Jerusalem. Postdoctorado en España: franquismo y transición a la democracia, Universidades de Granada y Autónoma de Barcelona. Cátedra “Historia Contemporánea”. Carrera de Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Cátedra “Historia de las Ideas Contemporáneas”. Carrera de Geografía. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril de 2004 y continúa. Seminario de Licenciatura en Historia Contemporánea. Carrera de Licenciatura en Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, desde 2014 y continúa.
Notas para la serie de tres entregas
[1] Esta es una versión ampliada de un trabajo previo presentado en el IX Congreso Internacional Historia de la Transición en España y publicado en Fernández Amador, M. y Florin Tudorica, A. (2022) “Transición a la democracia y bienestar social”. Almería, Espana. Silex.
[2] Créditos de la autora: Titular de Cátedra Historia Contemporánea, Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
[3] Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, el 4 de abril de 2022, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, recordó que una de las doce fundadoras de dicha organización, Delia Giovanola, fue fotografiada en medio del conflicto, un jueves de “Ronda” con el emblemático pañuelo y un cartel en una de sus manos que señalaba: “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.
[4] Alegato de Julio César Strassera, 18 de septiembre de 1985; en Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín, Nada más que la verdad: el Juicio a las Juntas. La guerra sucia desde el golpe hasta las autocríticas militares. Buenos Aires, Planeta, 1995, p. 182.
[5] Galante, Diego. El juicio a las Juntas: discursos entre justicia y política en la Argentina. Libro digital, Universidad de La Plata, Universidad de Misiones, Universidad de General Sarmiento, 2019, p. 253.
[6] Ansaldi, Waldo. “Juego de patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno posdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay”, en A. Pucciarelli (coord.), Los años de Alfonsín. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2006, p. 24.
[7] O´Donnell, Guillermo, “Ilusiones sobre la consolidación”, en Nueva Sociedad, Nº 180-181, Jul-Ago / Sep-Oct., 2002, pp. 311-332.
[8] La autora de este trabajo tiene prevista una segunda parte del mismo en la que se profundizará la evolución de la “consolidación” democrática desde 1984 hasta el presente.
[9] Raúl Prebisch se destacó como uno de los primeros en ocuparse del tema del desarrollo en América Latina y en la Argentina. En 1938 redacta la ‘Tercera Memoria del Banco Central de la República Argentina’ y a partir de entonces, se dedica en forma acabada y completa al análisis del papel que el Estado debe desempeñar para lograr el desarrollo en los países periféricos.
[10] Devés Valdés, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Tomo II. Desde la CEPAL al Neoliberalismo (1959-1990). Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 32.
[11] Unión Cívica Radical Intransigente.
[12] CEPAL: Comisión Económica para América Latina, establecida por Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, de febrero de 1948.
[13] Altamirano, Carlos. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001, pp. 376-386.
[14] Ejército Revolucionario del Pueblo.
[15] Partido Revolucionario de los Trabajadores.
[16] La deuda externa se multiplicó de 7.700 millones a 45.000 millones. Rapoport, Mario y otros. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires, Macchi, 2000, pp. 788-856.
[17] Ley 23.040, 22/12/1983.
[18] Decretos 157 y 158, 13/12/1983.
[19] Lo que mostró la investigación de la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- evidenciaba el carácter institucional y sistemático del sistema de desaparición forzada de personas y el carácter atroz de los crímenes cometidos. Todo ello puso en cuestión las nociones de «errores» y de «excesos» e impulsó a ampliar la investigación más allá de quienes habían dado las órdenes represivas.
[20] Ley 23049, 9/2/1984.
[21] Nino, Carlos S. “La política de DDHH en la primera mitad del período del gobierno democrático.” En Garzon Valdez, E. y otros (comp.) La nueva democracia argentina 1983-1986. Buenos Aires, Eudeba, 1988, p. 33.
[22] Alfredo Astiz militar que perteneció al Grupo de Tareas que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se infiltró como espía en organizaciones de DDHH. Entre los delitos de lesa humanidad que cometió se cuentan casos de resonancia internacional.
