23 de noviembre de 2024
07:07hs.
Va un texto de fondo elaborado desde la investigación con rigor científico, por parte de dos brillantes hijos de la educación pública de nuestro país. Deseo que sigamos tomando debida nota de todas las irregularidades que obran en torno al proyecto El Azufre, que tiene una base de total ilegalidad, puesto que no cuadra con ninguna disposición de orden municipal, provincial ni nacional. En el caso de Juan Manuel Ojeda, Intendente de Malargüe, también forma parte del problema.
La responsabilidad principal recae en el Gobernador quien, siempre solícito frente a negociados y enjuagues de dudosa procedencia, habilita y, quizás, sea parte. Detrás se alcanzan a ver importantes intereses nacionales e internacionales, todo lo cual agrava esta avanzada ilegal. Es evidente que estamos frente a empresarios que vienen muy bien apadrinados por los factores de poder. De otro modo resulta impensable tal logro a la vez que actúen como Pancho por su casa, al decir popular.
El próximo 10 de diciembre cumpliremos 40 años viviendo en Democracia. Todo un acontecimiento que, en los comienzos de las cuatro décadas, parecía imposible. El fascismo atentó contra la república generando varios golpes de Estado entre 1930 y 1983. La calidad de nuestro sistema es algo que debemos cuidar y profundizar, para desalentar la “insatisfacción democrática”. Una de esas tareas es trabajar por la seguridad jurídica de los argentinos, que aquí tornan vulnerada por entero.
“¿Hacía falta tanta nieve para tapar tanta soberanía? El día 7 de enero de 2022 se dio a conocer la asignación de 12.351,66 hectáreas del denominado “Campo Potreros de Cordillera” en el departamento de Malargüe, a la empresa EL
“Azufre S.A. Esta sesión se concretó mediante el decreto 2138/21, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y su ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, llamativamente el 23 de diciembre, en los últimas días hábiles de 2021. Bajo el pretexto de aprovechar un lugar “prodigioso” para el deleite del turismo de élite en el centro de esquí El Azufre, la provincia concretó una de las mayores entregas de tierras de los últimos años en Cuyo y Argentina.
“El territorio denominado “Termas del Azufre” se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de Malargüe dirigiéndose hacia el sur por Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Nacional 145 —localidad de Las Loicas— empalmando, luego, con la Ruta Provincial 226 en dirección al noroeste. Esa zona es testigo del nacimiento de uno de los brazos del Río Grande: el río Valenzuela. Se trata de un espacio privilegiado por su nieve y sus glaciares, ya que posee un clima frío nival con precipitaciones anuales del orden de los 800/900 milímetros y uno de los ecosistemas más importantes de la región por su alto valor biológico y forrajero.
“Cuenta, además, con valles de origen glaciario (El Azufre y El Peñón) que disponen de uno de los ecosistemas más importantes de los Andes Centrales o Áridos. Las “vegas” —valles alimentados por las aguas de los glaciares— habitadas históricamente por comunidades campesinas trashumantes denominadas localmente “puesteros o crianceros”, son utilizadas para el engorde de sus rebaños; su alto valor biológico resalta, inclusive, por estar entre las de mayor tamaño y más productivas de la región. En la cima de estas termas, en el límite argentino-chileno, se ubica el segundo volcán más activo de nuestro país, el Complejo Volcánico Planchón Peteroa, cuya última erupción ocurrió en 2018/19.
“Para graficar la irregularidad en la cesión de un territorio que es propiedad del Estado como éste, bastaría mencionar la vulneración de leyes fundamentales, tanto nacionales como provinciales, entre ellas: Ley Nacional de Glaciares (26.639), Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), las normativas que regulan las áreas y zonas de frontera, y la Ley Provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). A ello se deben sumar tratados y declaraciones internacionales como la Declaración de los Derechos Campesinos a instancias de Vía Campesina en la Organización de Naciones Unidas. La empresa El Azufre S.A promueve un megaproyecto inmobiliario y turístico que promete una inversión de 200 millones de dólares a la provincia y generaría 700 puestos de trabajo. Este consorcio internacional, fue creado hace cuatro años, por entonces con un capital accionario de solo 100.000 pesos. En sus objetivos estatutarios incluye negocios inmobiliarios y quienes la integran son Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela. Nofal tiene una trayectoria corporativa relacionada al marketing y la comunicación con empresas vinculadas al Grupo Clarín y los Beccar Varela, entre otras actividades, poseen un estudio jurídico y un negocio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades. Todos, además, de excelente relación con la embajada y partidos norteamericanos.
“Con un decreto, El Azufre vulnera los derechos campesinos e indígenas
“La situación de los campos en cuestión ha sido objeto de acuerdos desde la década del sesenta del siglo pasado, cuando la Nación otorgó a la provincia la posesión del campo bajo ciertas condiciones de colonización. Según lo detalla Cesar Ferrer González, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), en el año 1991 la Provincia celebró un acuerdo con la Oficina Nacional de Frontera que ratificó mediante el Decreto 2868, allí se dejó sentada la obligatoriedad de hacer la mensura de los campos a favor de los puesteros. Los planes de colonización y arraigo han reconocido la posesión a un grupo de puesteros que en la actualidad son los legítimos poseedores del Campo Potrero de Cordillera.
“Sucede que recién en abril 2019, varios años después, se publicaron los edictos —en el diario Los Andes— para la realización de la mensura de 12.600 hectáreas en el Campo Potrero de Cordillera. Aún más significativo es que tres años después se lograra dicha mensura bajo el N° 19.4363, aprobada por la Dirección General de Catastro. El acceso a la posesión de dos puesteros fue la causa de que estos titulares con derechos posesorios, cedieran días después sus derechos como legítimos ocupantes a El Azufre S.A. La empresa devino en “cesionaria” de los derechos posesorios, por lo que podría usufructuar las 12600 hectáreas de tierra. Lo cierto es que no existe, hasta la fecha, información sobre aquella transacción.
“Por su parte, el decreto del gobernador Suarez omite leyes como la N° 8051 y la N° 8999 que establecen los lineamientos jurídicos de ordenamiento territorial tanto en la provincia y como en los municipios. Pero sí da potestad al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Víctor Fayad, para accionar en el conflicto de la mensura: de fondo, las razones que se esgrimen para favorecer la cesión gratuita de tierras a una empresa de capitales privados extranjeros, son las que se usaron para justificar el arraigo de puesteros y la colonización de tierras en el marco de un desarrollo local en los años ´90.
“La mensura de estas tierras comenzó en diciembre de 1993, por entonces la Provincia de Mendoza en conjunto con la Unión Crianceros de Malargüe, convinieron el fraccionamiento del “Campo Potrero de Cordillera” para un grupo de 20 familias puesteras. La causal del uso de estas tierras —por la que la Nación habilitaba a la Provincia— recaía en la obligación de garantizar una mejoría en la calidad de vida de puesteros y la viabilidad económica de su usufructo territorial. Sin duda, este argumento de arraigo de familias campesinas e indígenas no sería trasladable en nada a este gigante de las pistas de esquí.
“Mientras tanto, la reciente propuesta de Ordenamiento Territorial del departamento de Malargüe, impulsada por la actual gestión —sin haber respetado los niveles de participación ciudadana que establece la Ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza (Ley 8051/09)—, promueve el proyecto, utilizando la planificación para avalar este tipo de emprendimientos.
“Las pretensiones de organización espacial que el municipio de Malargüe ha esbozado en la actual gestión del Intendente Juntos por el Cambio Juan Manuel Ojeda dan cuenta de cómo ha crecido el lobby político y empresarial sobre esos espacios en los últimos años: “La creación de polos y corredores (…) entre estos polos se destacan polos productivos especializados, tales como el ‘Corredor Turístico de Valles’: dentro de este corredor debe atenderse la próxima creación del centro de esquí “El Azufre”, reconoce la propuesta del jefe comunal. Huelga decir que el desarrollo turístico a escala local, que respete y equilibre las dimensiones económica, social y ambiental de manera consensuada y participativa, siempre ha sido una alternativa válida para este territorio. Siguiendo algunas intuiciones del integrante de la UST Ferrer González, todo parece indicar que a partir de la asignación, la empresa podría intensificar sus actividades demandando más recursos y generando más impacto sobre el ambiente. Para muestra basta un botón: desde el momento inicial de la entrega, comenzó la apropiación de facto de aguas de vertiente perteneciente al Lof Butamallin, ubicado en ese espacio ancestral. Es más, el impacto de las vegas ya se hace evidente, no solo se ha modificado parte de la traza del río Valenzuela, a partir de la construcción de un puente que afecta directamente un sector de las vegas, sino que, de continuar estas intervenciones sin ningún tipo de control, el daño en este ecosistema puede ser irreversible. Lo llamativo es que la empresa modifica de hecho la estructura geográfica del lugar, sin tener siquiera una evaluación de impacto ambiental, obligatoria en estos casos. Ahora bien, esta entrega no solo pone en cuestión el reflejo soberano que conserva el alicaído aparato estatal en los espacios rurales nacionales —se trata de un inminente ocupación privada transnacional en una naciente de agua, vital para el futuro de las poblaciones locales e incluso para la sostenibilidad regional y nacional—; también evidencia la persistencia de un racismo visceral que al momento de asignar tierras acostumbra a dejar de lado el derecho territorial de pueblos originarios preexistentes.
“Las comunidades indígenas y campesinas tienen facultades posesorias por normas de mayor jerarquía que un decreto, además de razones de índole histórico. Al fin y al cabo, hacer una pista de aterrizaje en áreas de frontera, como trascendió sobre el helipuerto construido para garantizar el turismo de boutique, conjuga la entrega de soberanía territorial con la resignación de un medio de subsistencia campesina fundamental.
“”Campo Potreros de Cordillera”, tierra de puesteros
“La movilidad de la residencia familiar del campesinado malargüino, ligada a la actividad caprina que procura los valles de altura cordillerana, es reconocida como una práctica milenaria de traslado de la invernada a la veranada, en tanto apropiación espacial de la naturaleza por parte del puestero. La trashumancia al sur de Mendoza constituye una forma de sociabilidad milenaria, ligada tanto a la movilidad y el desplazamiento como a la ocupación respetuosa del territorio y los bienes comunes. Si atendemos a la principal actividad de la ruralidad malargüina, es el puestero el sujeto que predominantemente habita el territorio local. Según el Registro Único de Puesteros de la provincia, los puestos de veranada en ese espacio, son alrededor de 14 familias de campesinos e indígenas que se diseminan por el valle Potreros de Cordillera.
“La veranada es una de las etapas del ciclo de trashumancia con el que se crían los chivos del sur de Mendoza, producción que se destaca por ser mayoritariamente campesina y porque Mendoza ocupa el segundo lugar nacional con más de 800 mil cabezas caprinas. En el verano los crianceros arrean sus piños hasta los potreros cordilleranos y luego, en el inicio del otoño, retornan a los campos de invernada donde se encuentran sus casas en los valles cordilleranos o el llano.
“Se trata de una actividad hecha de espaldas a los circuitos productivos hegemónicos, con escasos uso de tecnología, bajo la forma de pastoreo continuo a campo abierto y con rotación a gran escala. La trashumancia es comunitaria y es también un trabajo compartido, contra ciertas razones que se esgrimen para relativizar la presencia de puesteros en el lugar, se trata de una relación móvil con el espacio que data de tiempos inmemoriales.
“En los registros de la provincia se contabilizan, desde hace 30 años, unas 3500 familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, pese a ello, la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (FECOCAF), articulada al trabajo de la UST, con 44 grupos de base en 14 departamentos de Mendoza, estima que hoy esas familias se multiplicaron, existiendo hasta cuatro grupos familiares donde antes había uno solo.
“Mientras en menos de un año la empresa El Azufre logró esta adquisición, organizaciones como la UST, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena- Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) acumula reclamos que involucran a un centenar de familias campesinas sin poder concretar la regularización dominial de sus espacios vitales.
“Por su parte, la organización indígena Malalweche ha solicitado información pública, sin tener respuesta, tanto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Ministerio de Defensa de Nación, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, así como al Departamento General de Irrigación y Fiscalía de Estado de Mendoza. Basándose en normativa existente como los artículos 75 inciso 22 y 41 de la Constitución Nacional y tomando como referencia los artículos 18 de la Ley 25.675 y 2 de la Ley Provincial N° 9070, la organización ha hecho pública la presencia de tres comunidades reconocidas por INAI y el Estado provincial en ese valle montañoso.
“Los interrogantes y los silencios sobre el conflicto con El Azufre
“La situación actual describe la inercia estatal y las complicidades locales con grupos económicos de mucha permeabilidad. Pese a que el gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) denunció a la empresa por ocupar ilegalmente tierras estatales que son de dominio de la Nación, la demanda recayó en el juzgado federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Puigdéngolas, quien se declaró incompetente para dirimir en el conflicto. Por lo pronto, el Ministerio Público acompañó el pedido de traslado de competencia para que la demanda sea tomada por la Corte Suprema. Así las cosas, todo parece transitar rápido para aquellos intereses foráneos y lento para las familias del campo. De hecho, es lícito pensar que ha habido ya un desalojo de facto, ¿cómo es que la empresa sigue avanzando con habilitaciones precarias que les otorga solo una jurisdicción como la municipal? Llama poderosamente la atención que se haga una mensura en un espacio protegido por una ley: los glaciares son bienes de dominio público. Allí existe de mínima una contradicción flagrante entre la mensura y el dominio de esos grandes ventisqueros. Aún más revelador es que la mensura llega hasta el volcán Peteroa.
“Si ocurriera una erupción, ¿quién se haría cargo del problema ambiental? ¿El Estado? ¿Será el Estado el que socorra a un privado de estas características? Este conglomerado de capitales extranjeros se queda, en un chasquido de dedos, con el volcán, con los glaciares, con las nacientes del Río Grande. No obstante, si le faltara algo a este drama, arriesgamos una hipótesis más: este territorio es un enclave de riqueza minera, ¿habrá otros intereses futuros allí?
“El “Campo Potreros de Cordillera”, como su nombre lo indica, ha sido utilizado como potrero por generaciones enteras de familias campesinas e indígenas. Es además zona de frontera, ya que una gran extensión del mismo limita con Chile. No solo la falta de políticas públicas para proteger la agricultura familiar, campesina e indígena socava los modos de vida y la soberanía alimentaria de la población, también el accionar sigiloso y efectivo de los gobiernos locales y los grupos económicos con pie de barro, atentan contra el resguardo de nuestros bienes comunes.
“La vida puestera es una cultura ancestral en la región cuyana y patagónica, inseparable del territorio. Allí se producen alimentos sanos y se sostiene una forma de estar en la tierra y aseguran la soberanía alimentaria de la sociedad. En todo caso, se trata de una forma de producción y de relaciones sociales, es decir, una cultura. Para el mundo rural malargüino, el territorio es vida y forma parte de su identidad, a través de una relación de pertenencia recíproca y cuidado de generación en generación.
“Oscar Soto
“Politólogo y docente Universidad Nacional de Cuyo / CEFIC – Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra MNCI – Somos Tierra
“Amalia Ramires
“Profesora en Enseñanza Media y Superior en Geografía y Máster en Ordenamiento Territorial. Universidad Nacional de Cuyo / “Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe”.
