08 de julio de 2025
10:57hs.
Nada nuevo, hace 30 años el ex presidente Menem se subordinó al llamado “Consenso de Washington”, que imponía: liberalizar, desregular y privatizar. Las nuevas autoridades autodenominadas “anarco libertarias” repiten el mismo planteo de libre mercado del liberalismo, eso sí, en una versión más extrema, más impiadosa de las consecuencias sociales.
El ministro de Economía, en su primer mensaje, expone como causa central del problema económico nacional al déficit fiscal. El anarco liberalismo que nos gobierna entiende que la mera intromisión del Estado en la económica genera “desequilibrios” en los mercados, y en su versión monetarista de la economia la mera emisión (para financiar el déficit fiscal) es la causa de la inflación. De allí que el ministro, reproduciendo el pensamiento del presidente, insista en acusar al déficit fiscal de ser la causa de todos los males. El erróneo diagnóstico implica que las medidas no serán útiles para alcanzar el objetivo planteado.
El mensaje se puede sintetizar en un brutal incremento del cambio oficial de 366 a 800 (un 118 %), para una posterior paulatina liberalización del mercado cambiario. A la par de la devaluación se elevan retención de los impuestos a importaciones (impuesto PAIS) y a las exportaciones (retenciones) salvo para el agro pampeano, con lo que se reponen las retenciones a las exportaciones regionales recientemente eliminadas. También se elimina el sistema SIRA de restricción a las exportaciones.
El conjunto de bienes y servicios intercambiados en un país puede clasificarse como Transables o No Transables. En los bienes transables, los que se comercian internacionalmente, el precio se fija en el comercio internacional, mientras los No Transables tienen sus precios fijados internamente.
La devaluación significa la más que duplicación del precio interno de los Transables, que incluye a exportables como los alimentos, e importables como los electrónicos, al igual que para los diversos insumos necesarios para el funcionamiento de nuestro aparato productivo. Claramente la devaluación dará un fuerte impulso a la dinámica inflacionaria. Si el traslado a precios se divide entre los próximos 3 meses, significa un aumento en los alimentos del orden del 37 % mensual, sumado al 10 % mensual inercial que se arrastra, hace suponer que para el próximo verano tendremos una inflación del 50 % mensual.
El aumento de precios derivado de la devaluación se combina con una profunda desregulación de los mercados: fin del programa Precios Justos, la eliminación de las herramientas compensadoras de fideicomiso del trigo (subió 30 % en el último mes) y aceite, y el fin de las políticas de cupos de exportación. La carne vacuna aumentó un 65 % en esta segunda semana de diciembre. Las naftas incrementaron su precio 82 % en los últimos diez días.
Eliminar las herramientas de regulación de precios alimenta la inflación, sumándose en esto a la devaluación provocada y a la inercia inflacionaria heredada. La mencionada evolución del precio de los bienes Transables ya se verifica en una presión sobre precios locales de hidrocarburos, trigo, maíz, carnes, buscando alcanzar paridad internacional.
El resultado previsible es una redistribución de la riqueza contraria a los trabajadores (asalariados activos y pasivos, formales e informales y así como a los trabajadores de la economia popular), incrementando la ya profunda desigualdad social, afectando en mayor proporción a los sectores de menores ingresos.
Por último, es claro que el gobierno pretende la total desregulación de los servicios públicos, pero eso será una cuestión compleja. La mayoría de estos servicios son “monopolios naturales”: es antieconómico que en un mismo lugar haya más de un distribuidor de agua corriente, de red eléctrica o de gas; con lo que la competencia privada no es camino viable.
En los servicios existen contratos de privatización y/o concesión cuya modificación tiene diversas exigencias, como las audiencias públicas, que quedarían salvadas con el DNU de emergencia (DNU 55 del 16 de diciembre).
Por último, pero no menor, si se eliminara el subsidio al transporte ¿qué se hará con la recaudación de impuesto a los combustibles de asignación específica al subsidio del transporte? El PEN no puede modificar leyes tributarias por decreto, y si cobra el impuesto y no lo asigna a subsidiar el transporte está cometiendo un delito.
Con las mismas consecuencias sociales se plantea la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte. Más allá de la diversidad de situaciones en el país (las tarifas de gas y electricidad se regulan provincialmente salvo en el AMBA). En todos los casos los principales beneficiarios de los subsidios son los asalariados de menores ingresos, por lo cual la esperable consecuencia del tarifazo planteado en energía (aumentos del 200 % al 500 %) es la reducción del salario real. Un informe de CEPA estima el costo del boleto en el AMBA, que aumentaría de $ 200 a $ 1.000. Bien se ha denominado como salario indirecto a estos subsidios a los servicios públicos, y su eliminación implica una reducción del salario real.
Más allá de los problemas sociales que causarán las medidas planteadas, cabe recordar que el ministro expuso como grave problema que la elevada inflación nos acerca a una situación hiperinflacionaria,
Las medidas expuestas provocarán una profunda aceleración inflacionaria, y es probable nos acerquen a una situación hiperinflacionaria. Según la propuesta de Caputo/Milei, la inflación se detendrá en la medida que se recorte la demanda. El análisis económico denominado “enfoque absorción” (viejo, aunque no tanto como los liberales libertarios) observaba que las devaluaciones producen disminución de las importaciones por caída en el consumo interno, no así aumento de las exportaciones, cuya obtención es más compleja
Lo principal, podemos resumir las medidas del gobierno en que estamos al borde de una hiperinflación, entonces para evitarla devaluamos 120 %. liberamos precios y damos un tarifazo. El oficialismo considera (afirma) que las medidas provocaran una severa contracción económica, que será suficiente para evitar que las alzas de precios alcancen niveles hiperinflacionarios, controlados por la escasez de demanda.
No ha habido ni una sola medida compensatoria para trabajadores y jubilados. El ancla antiinflacionaria elegida por Milei es la destrucción del poder adquisitivo. El ancla son los salarios y jubilaciones, por la falta de demanda. Si los sindicatos obtienen paritarias que compensen la caída salarial, es factible se desate una indexación.
Diversos analistas coinciden en considerar que se pretende provocar que la inflación alcance niveles hiperinflacionarios, que serviría como medida socialmente disciplinaria, permitiendo en una segunda etapa avanzar en un proceso de desmantelamiento del sector público: eliminación de la actualización previsional, de los remedios gratuitos del PAMI, mayor reducción de los planes Potenciar Trabajo, así como otras de las costosas políticas sociales, o la universidad pública gratuita. Pasadas las elecciones nada se ha mencionado, pero luego de una hiperinflación la sociedad se muestra más dispuesta a aceptar medidas como esas.
También se ha anunciado una serie de medidas de reducción del gasto público como eliminación de obras no iniciadas, cargos políticos, de contratados de menos de 1 año, reducción de transferencias a las provincias. El CEPA ha efectuado una interesante evaluación de las políticas de la eliminación de ministerios y secretarias. Según estiman la reducción de organismos supone ahorrar $ 3.200 millones, contra un presupuesto vigente 2023 de 40.000.000 millones (si 40 billones), es un 0,08%, monto insignificante.
Como mencionaba al inicio, uno de los principios rectores del avance neoconservador fue la imposición del llamado Consenso de Washington, y sus principios son liberalizar, desregular y privatizar. En su primera cadena nacional del 20 de diciembre lanzó un enorme DNU derogando unas 300 leyes, liberalizando y desregulando diversas actividades. La eliminación de derechos de los trabajadores para ellos es una “desregulación del mercado laboral”. Obviamente el decreto también incluye una serie de cambios legales en las empresas del Estado tendientes a acelerar su privatización.
Desregula diversas actividades e incluso elimina legislación del trabajo:
- modifica derechos laborales como la indemnización, libera los controles al trabajo no registrado, amplía el periodo laboral de prueba, quita derechos en caso de conflicto laboral
- deroga la ley de contratos de alquiler, incluso en qué moneda efectuarlos
- deroga leyes que defienden a las pymes (como la ley de góndolas que les establece un mínimo en ellas o la de compre pyme que les da cierta prioridad en las compras públicas)
- deroga la ley de abastecimiento (nunca aplicada por la dureza de sus sanciones)
- modifica el Código Civil y Comercial, principalmente para imponer la obligación de pagar en moneda extranjera cuando fuere lo pactado. Hoy la única moneda nacional es el peso, y su aceptación como medio de pago es obligatoria
- modifica el régimen aduanero para liberalizar el comercio internacional. Ya lo hicieron la dictadura y Menem, resultando la quiebra de la industria nacional, principal pero no solamente pymes
- elimina de obligaciones a empresarios farmacéuticos, azucareros, vitivinícolas, mineros, del turismo, de los servicios de internet y en cuanto al manejo del fuego
- libera el sector salud: las prepagas podrán fijar sus tarifas, ofrecerse libremente como obras sociales
- libera los cielos (cielos abiertos) para que las multinacionales vengan a competir con AA. Obviamente (ya pasó) solo competirán en los tramos rentables y nuestra aerolínea de bandera, hoy superavitaria, dará perdidas y deberá ser privatizada.
Una nueva deuda externa
Es objetivo del ministro Caputo obtener un importante financiamiento externo. Fue a yankilandia con ese fin, y en lugar de préstamos solo nos trajo el veto al ingreso a los BRICs (debemos subordinación al primer mundo). De no arreglar el punto con China, a los vencimientos financieros se sumará la cancelación de los préstamos de ese país (los swap).
La febril imaginación del experto especulador financiero pretende transformar deuda privada comercial, las importaciones impagas, en su fuente de divisas, Las estimaciones van de U$S 27.000 a U$S 47.000 millones (como el préstamo del FMI de 2018). Los importadores, para cancelar sus deudas, en lugar de dolares recibirán un nuevo título público en dolares a 5 años. Solo grandes empresas con amplias espaldas financieras podrán soportar esta carga.
Un punto destacable es que la mayoría de esa “deuda comercial” es intrafirma (entre casa matriz y la sucursal argentina). Misteriosamente la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses, la AmCham, acostumbrada a rimbombantes declaraciones, no se ha expresado sobre este tema.
Otro punto destacable ¿puede el Banco Central emitir deuda en divisa extranjera a 5 años? Yo entiendo que esto requiere aprobación legislativa. El central puede emitir deuda de corto plazo (menos de 365 dias), pero no pueda emitir deuda a largo plazo, y menos en moneda extranjera.
¿Qué haría el gobierno con esa importante masa de divisas externas? ¿Acaso liberar el ahogo, acaso recomprar las leliqs a los bancos (de nuevo entregamos dolares para recibir pesos)? Lo único que sabemos es que la especialidad del ministro de Economia es insertarse en los mercados financieros externos (en castellano: la fuga de divisas)
Y la oposición
Tras importante triunfo del conglomerado ultra liberal / conservador / antiperonista el peronismo se encuentra en estado de shock, y carente de una conducción unificada. Es verdad que subsisten personajes con importante peso como el ex candidato Massa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Kiciloff, y el principal liderazgo de la ex presidenta, las organizaciones obreras (CGT y CTA) y que los gobernadores peronistas conservan importante cuota de poder; pero no se observa una conducción capaz de imponer un freno a la atropellada con que se inicia el gobierno ultra derechista.
Aunque parezcan siglos, recién van 10 días de gobierno reaccionario. El 20/12 fue un día decisivo: por la tarde movimientos sociales marcharon contra el protocolo anti piquetero. Por la noche el energúmeno anunció el mamotrético DNU desregulador. Fue respondido con cacerolazos y concentraciones a lo largo y ancho del país.
Mucho deberá transitar el gobierno para imponer sus antipopulares medidas.
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
