21 de noviembre de 2024
08:45hs.
Un horizonte poco alentador.
La Secretaría de Finanzas de la Nación reconoce intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna, en los primeros cinco meses del año 2024, por el equivalente a 7.617 millones de dólares (la conversión la hace la misma Secretaría de Finanzas de la Nación), ganancia convertida a su vez en nuevos títulos de deuda en pesos. Esa suma es mucho mayor que el ahorro obtenido por el brutal ajuste sobre los jubilados, los trabajadores públicos, las provincias y la obra pública.
El total del gasto público (base caja) de la Administración nacional en los primeros cinco meses del año 2024 asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es del 25% de dicho gasto. Todo el ajuste fiscal realizado por el gobierno de Milei no alcanza a ser la mitad de los 7.617 millones de dólares devengados en cinco meses del año 2024.
El superávit fiscal obtenido por la actual Administración del país —tras el despido del personal público [1], la paralización de la obra pública, menores subsidios a la energía y la licuación de los gastos sociales y las transferencias, entre otras a las provincias y a los comedores comunitarios y merenderos etc.— fue, el primario, en mayo de 2024 de $2.332.205 millones, que se reduce a un superávit financiero de $1.183.571 millones por los pagos de intereses.
Paralelamente, el impuesto PAIS [2], que grava la compra de dólares, recaudó a mayo de 2024 la suma de 2.813.366 millones de pesos, suma mayor que el superávit primario, por lo que, si se pretende “levantar el cepo cambiario” [3], deben derogar dicho gravamen y se quedan sin el superávit logrado.
Pero en ese precario superávit fiscal, que seguramente será muy menor en junio de 2024 (cifra que será publicada por la Secretaría de Hacienda el 16 de julio) 2024 [4], deben profundizar para pagar la deuda que los socios de la Consultora “Anker Latinoamérica” siguen transfiriendo del BCRA al Tesoro de la Nación.
Más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5%, en donde el gasto público primario debe seguir ajustándose para cumplir con las obligaciones externas, con lo que se profundiza la disminución de la demanda agregada interna y, con ello, la depresión económica y la exclusión social.
Los pagos en moneda extranjera en julio de 2024 ascienden a más de 6.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.
645 millones de dólares se le deberán abonar al FMI.
A otros organismos multilaterales les deben abonar 431 millones de dólares (301 millones de dólares de capital y 130 millones de dólares en intereses).
El 9 de julio se deberán pagar 2.558 millones de dólares en títulos públicos.
Las Letras Intransferibles suman 2.652 millones de dólares (capital) y 217 millones de dólares (intereses).
Si bien es cierto que se puede acordar con los acreedores (organismos internacionales de créditos, incluido el FMI) y con los principales tenedores de títulos de deuda externa (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, etc. y compañías de seguros, bancos, mayoritariamente de los Estados Unidos), también es cierto que van a pedir a cambio una mayor ventaja de la que ya tienen: mejores tasas, prebendas en el gasto público, participación privilegiada en las privatizaciones y, sobre todo, su rol en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
El origen del fuerte y descomunal endeudamiento es la deuda de 97.927 millones de dólares que engendró el gobierno de Cambiemos, que aceptó y no investigó el gobierno del Frente de Todos, refinanciándola [5] y generando encajes remunerados del BCRA y déficit fiscal. Su continuación y perfeccionamiento fue cuando el tándem Caputo-Bausili “titularizó” la deuda en bonos del Tesoro de la Nación con fuertes rendimientos al ser ajustados por inflación que supera el crecimiento del tipo de cambio después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, reeditando la bicicleta financiera o carry trade.
En junio de 2024, el BCRA terminó con una pos
ición vendedora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con una merma de 47 millones de dólares en las reservas internacionales, después de siete meses consecutivos de acumulación a través de esta vía. Cuando el segundo semestre del año 2024 es más complicado para el ingreso de dólares, dado que la liquidación importante de las exportaciones de la cosecha gruesa (básicamente maíz y soja) se realiza entre mediados de marzo y junio y se realizó en “cuenta gotas”.
En ese marco, en que los grandes acopiadores y comercializadores de granos (Cargill S. A., Viterra Argentina S. A., Louis Dreyfus Company, ADM, Cofco International, Molinos Agro S. A. (Molinos Río de la Plata), Aceitera General Deheza, ACA y FACA —son grandes cooperativas agrícolas—) liquidan, como dijo el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, en lo estrictamente necesario para cubrir costos, disconforme con el valor oficial del dólar en el país, reconociendo que tienen 42 millones de toneladas de granos para vender.
Conferencia de prensa
Tras haber aprobado el Congreso de la Nación, el jueves 27 de junio de 2024, la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y dentro de ella el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), Caputo y Bausili convocaronn a una conferencia de prensa el viernes 28 de junio de 2024 con el fin explícito de sostener el sistema de crawling peg del dólar para que se incremente en un 2% mensual; de esa forma el precio oficial del dólar sería de 1.016 pesos el lunes 30 de diciembre de 2024, contra una inflación que pronostican en términos del 4% al 4,5% mensual.
Para ello, en la conferencia de prensa dijeron que las causas de la inflación en la Argentina fueron el déficit fiscal y su financiamiento por el BCRA.
A su vez, sostuvieron que las otras dos causas de la emisión monetaria son el pago de los intereses de los encajes remunerados y la compra de divisas esencialmente a los exportadores (se cuidaron de decir la emisión que realizaron ellos en la actual Administración con la colocación de títulos públicos en pesos en el extranjero).
Es más, reconocieron que, en el gobierno de Alberto Fernández, el 40% de la emisión monetaria era para pagar los intereses de las Leliq, Notaliq y pases pasivos (encajes remunerados), que era más del doble de lo que se emitía para financiar al Tesoro de la Nación.
Entonces propusieron seguir convirtiendo los pasivos remunerados del BCRA en deuda pública nacional (en Títulos del Tesoro de la Nación) y procedieron en consecuencia, de manera tal que el lunes 1 de julio de 2024 traspasaron deuda del BCRA con los bancos por 6,5 billones de pesos (equivalente a 6.500 millones de dólares).
Pero esa deuda, que les sacan a los bancos y nos trasladan a todos los argentinos, indica a quiénes beneficia y a quiénes perjudica.
El Tesoro de la Nación emite las Letras de Regulación Monetaria que sustituirán a los pases pasivos que emite el Banco Central. Pero la contrapartida de esa letra —los pesos que sobren en los bancos y que haya que esterilizar— quedará en el BCRA. Con esos pesos, el BCRA garantizará la liquidez del sistema, ante eventuales retiros de depósitos. El Tesoro de la Nación, que se endeuda y paga los intereses de esa mayor deuda, no los puede usar para financiar el gasto público.
Por lo tanto, el Tesoro deberá obtener un superávit primario mayor para poder pagar esos intereses. El total de encajes remunerados al 28 de junio de 2024 era de 17,5 billones de pesos [6], no sabemos a qué tasa las pagará el Tesoro, inferimos que, al menos, como la inflación (siempre mayor a la devaluación esperada del dólar en el crawling peg del 2% mensual), supongamos que al 4% mensual, lo que significa que deberá pagarles a los bancos 700.000 millones de pesos por mes de intereses. Eso explica que las entidades privadas de capital internacional nucleadas en ABA, los bancos privados nacionales nucleados en ADEBA y la banca especializada agrupada en ABE expresaran inmediatamente su apoyo.
Trasladarle la deuda del BCRA al Tesoro de la Nación permitirá no condicionar la política monetaria con emisión endógena (los pesos que el Central emite para pagar los intereses de sus pasivos remunerados), por lo que seguramente la tasa de referencia del BCRA (hoy en 40% anual) va a subir superando incluso la inflación (tasas de interés positiva acordado con el FMI) para desactivar la demanda de dólares.
El objetivo es que las tasas sean positivas, que el BCRA deje de pagar intereses por encajes remunerados, y que el Tesoro les pague a los bancos intereses con superávit fiscal. Pero no dicen cuál es el costo en deuda pública y en el mayor ajuste fiscal para poder pagar los nuevos intereses que la transferencia de los encajes remunerados al Tesoro de la Nación significan.
En síntesis
Aceptar la deuda generada en el gobierno de Cambiemos, más la deuda por déficit fiscal y por expansión de los encajes remunerados del BCRA que creó la administración de Alberto Fernández, hace que el gobierno de Javier Milei convierta todo en deuda pública, tornándola impagable, aun cediendo, como se hace con la ley colonial de Bases, nuestros recursos naturales.
Pero, aun así, el Tesoro de la Nación no cuenta con los dólares en el presente, que por más negociación que realice con los acreedores, implica que debería tener no menos de 6.000 millones de dólares para el segundo semestre 2024.
Nadie se los presta ni se los va a prestar por la falta de plan y ante un FMI que quiere levantar el cepo cambiario y devaluación, pero tienen un recurso extraordinario: confiscar total o parcialmente los dólares que reciben los bancos en depósitos del público que, al 1 de julio de 2024, asciende a 13.305 millones de dólares.
Existe un antecedente, el llamado Plan Bonex del 28 de diciembre de 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, a quien Milei admira y pretende copiar.
Elcohetealaluna.com
7 de julio de 2024
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] Por ejemplo, el despido de personal médico y paramédico del Hospital Nacional Posadas, 88 trabajadores; la mayoría de ellos médicos y profesionales con antigüedades que oscilan entre los cinco y más de 20 años en la institución. Los despidos afectarán a áreas sensibles como Fisiatría, Emergencias, Neumonología, Clínica Médica, Kinesiología, Enfermería, Biología Molecular aplicada al tratamiento de cáncer, Radiología y Hemoterapia, que dejan al borde del desmantelamiento al hospital de referencia para toda la zona oeste y norte del Conurbano bonaerense con millones de habitantes y miles de pacientes que allí se atienden diariamente provenientes de todo el país.
[2] El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Se trata de un tributo implementado en la ley de emergencia del 26 de diciembre de 2019 que se aplica a nivel nacional durante cinco períodos fiscales (si no se lo renueva y/o prorroga, vence el 25 de diciembre 2024).
[3] Cepo cambiario son las restricciones a la compra de divisas al precio oficial.
[4] Es en este mes cuando deben pagar el aguinaldo, por un lado, y además disminuyó fuertemente la recaudación, fruto de la depresión económica, puesto que los principales tributos están ligados al nivel de actividad interna (IVA, Impuesto a los débitos y créditos bancarios, aporte y contribuciones previsionales, etc.).
[5] En el gobierno de Alberto Fernández, el BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.000 millones de dólares de los años 2020-2022 vendiéndoles al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares del 2 de enero de 2020 al 30 de junio de 2023.
[6] De los cuales 9,5 billones estarían en manos de entidades públicas y 8 billones en bancos privados.
