22 de noviembre de 2024
03:50hs.
Con el frente cambiario más tranquilo, decir dominado es exagerado, la escalada inflacionaria torna en la preocupación principal.
El costo de vida ha mostrado importantes incrementos mensuales durante toda la actual gestión presidencial. En los primeros meses de Alberto, y sin las brutales devaluaciones del gobierno anterior, el crecimiento de los precios se iba desacelerando lentamente. Pero a partir de febrero de este año el aumento del costo de vida muestra un acelerado crecimiento, hasta alcanzar un pico del 7.4% mensual en la medición de julio último.
En los gobiernos de CFK, desde 2011, la inflación rondaba el 22% [1] anual. En el gobierno de los cambiantes el aumento promedio de los precios crece a un 40%, pero en un proceso de aceleración, donde a la fecha de recambio presidencial se eleva al 52.9%.
En los últimos meses asistimos nuevamente una aceleración de la inflación, el 7.4% de julio anualizado implica un aumento anual del 135.5%, pasando así el problema a un nivel mucho mas complejo.
Los formadores de opinión vienen repitiendo desde hace décadas que “la emisión es inflación”, inculcando que el problema del aumento de precios es meramente una cuestión monetaria. Pero hoy el grueso del pensamiento económico, ese complejo conjunto al que se le llama heterodoxia, todos los que no somos libremercadistas, coincidimos en que existen muchas causas de la inflación. Las variaciones en los costos principalmente, puja distributiva (entre precios y salarios), la concentración de mercado (monopolios que puede fijar precios) y hasta la llamada inercia inflacionaria. Por ello se habla de multicausalidad, los funcionarios actuales del área económica coinciden es esta visión, aunque parecen preferir hacer uso de las herramientas monetarias y no de las antimonopólicas.
Otra cuestión es que el problema de la inflación es uno de distribución, no del mero incremento de precios. Si todos los precios aumentaran en la misma proporción nada cambiaría, estaríamos siempre pudiendo adquirir la misma cantidad de bienes, aunque los números, de ingresos y de pagos, sean mayores.
Nuestro país produce comida para 10 veces su población. Si hay millones de argentinos con problemas de acceso a la alimentación es por un tema distributivo, no productivo. Y estos siempre son problemas de “la frazada corta”: para cubrir a alguien debo descubrir a otros, y a toda resolución algunos se resistirán.
Sin dejar de reconocer la multicausalidad del problema, en este año hubo uno en particular: que las sanciones económicas a Rusia provocaron escasez en los mercados de cereales (trigo en particular) y de hidrocarburos, y el consecuente aumento de precios.
Las retenciones a las exportaciones
Como consecuencia de las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia se provocó escasez en varios mercados de bienes primarios, particularmente en los de cereales y de hidrocarburos, mercados donde la participación de las exportaciones rusas es determinante.
El trigo en el mercado internacional alcanzó sus máximos históricos. Al momento de inicio de las acciones militares rusas, mediados de febrero, la tonelada cotizaba en U$S 245, aumentó hasta U$S 370 en julio, un aumento del 51%.
El precio interno de la producción agropecuaria que se puede exportar, básicamente cereales y oleaginosas, está determinado por lo que reciben los productores en Argentina; que es el precio internacional, menos las retenciones, que implican algo así como que cobran a un dólar más barato.
El ser un país exportador de alimentos hace de esto, que debiera ser un beneficio, un conflicto social. Con el aumento del precio los productores se ven beneficiados, pero como hablamos de los alimentos, lo hacen aunque perjudique el costo de la comida de los 47 millones de argentinos.
Los dueños de la tierra se quejan de las retenciones porque las consideran solo es un impuesto a su “bien merecida ganancia” [2], pero las retenciones son el mecanismo con que cuenta el Estado nacional para diferenciar el precio internacional del interno, para evitar que sus fluctuaciones internacionales generen problemas internos en el país.
Se debatió, y mucho, sobre la necesidad de aumentar las retenciones a las exportaciones, particularmente para el caso de trigo y maíz donde son menores a las de la soja. Pero no se utilizó esta herramienta para controlar los precios internos, como hubiera correspondido, y la inflación se disparó.
El severo aumento del trigo, como era de esperarse, se trasladó a los alimentos. Según nos informa el INDEC la inflación mensual hasta enero 22 era en promedio del 3.4%, pero con el estallido del conflicto, en febrero 2022 el pan y los cereales aumentaron un 5.8%, en marzo un 11.8% y en abril un 8.3%, elevando los aumentos del costo de vida.
Como resultado de la inacción del gobierno son los alimentos los que más aumentan. Son bienes imprescindibles, aquellos en los que sectores de los menores ingresos gastan la mayoría de sus pocos pesos, como los “trabajadores de la economía popular”. Para evitar un conflicto con los dueños de la tierra se permitió que el ingreso de los argentinos se reduzca.
El tarifazo
Las tarifas son el precio que se paga por ciertos servicios regulados por el Estado nacional, como energía eléctrica, gas y agua. Claramente si las tarifas son precios, su aumento se reflejará en la inflación.
Según el Ministerio de Economía, el aumento en las tarifas permitirá un ahorro fiscal de unos $49.500 millones en lo que resta de este año, más del triple de lo estimado por el ex ministro Martín Guzmán, y de unos $500 mil millones para 2023.
Quedó en claro que habrá un significativo aumento tarifario, tarifazo le decíamos, aunque de los anuncios a casi nadie le quedó claro en cuánto nos afectará. Lo que sí quedó claro es que los precios al consumidor van a sufrir un significativo aumento.
De los anuncios de las autoridades sobre las tarifas no se dejó en claro el nivel del aumento, sí que se segmentarían. Para familias a las que les cuesta cubrir la canasta alimentaria el aumento sería muy bajo, algo mayor -pero poco- a los sectores medios, aquellos con ingresos de entre 100 y 300 mil mensuales, pegando de lleno en familias que ingresen poco más de $ 300 mil. Se mezcla el anuncio con el mantenimiento de valores para bajos consumos, pero los anuncios no fueron claros.
Un viejo docente me enseñó a desconfiar de quienes no dejan en claro las cosas: si algo ocultan seguro que no es a nuestro beneficio.
Resulta triste, y hasta desesperanzador, escuchar a funcionarios usar eufemismos engaña pichanga: ¿qué es eso de redistribuir los subsidios? Le trasladan a la gente costos que cubría el Estado, con lo que la redistribución es claramente para pagar a los acreedores financiaros (internos y externos), y además retroalimentan la dinámica inflacionaria.
El golpe de mercado continua
En agosto la corrida cambiaria parece haber sido controlada tras las medidas del nuevo “primer ministro”, los distintos tipos de cambio para la fuga, luego de alcanzar $ 340 están estabilizados alrededor de $ 290. El freno en la carrera alcista, y hasta un cierto retroceso, nos permite suponer que el golpe de mercado fue relativamente controlado.
Los formadores de opinión insisten con los distintos tipos de cambio, pero son solo las diferentes formas de comprar dólares, obviamente para la fuga. Una serie de grandes empresas argentinas cotizan no sólo en nuestra bolsa, sino también en Nueva York. Con lo que compro estas acciones en Buenos Aries y las vendo en NY, los dólares así obtenidos tienen un costo en pesos, al que llaman “dólar bolsa”; se puede hacer lo mismo con títulos públicos en dólares y obtener del “contado con liquidación”, o también con bitcoins y obtener del “dólar cripto”.
Todos estos dólares tienen valores tan similares que su diferenciación carece de significado. Si uno hiciera operaciones en un barrio periférico va a observar diferencias proporcionales mayores a la que tienen estos distintos “tipos de dólares”; todos con valores hoy alrededor de $ 290. La persistente difusión de los “diferentes tipos de cambio” solo es otra herramienta del golpe de mercado que el periodismo continua alimentando.
Mientas los medios especulan sobre el valor del dólar para fugar, el que debe importar a los argentinos de a pie, es el que paga en sus importaciones y exportaciones, ese que determina el costo de autos, celulares o computadores. Ese es el dólar oficial, que está muy lejos de los valores de la especulación financiera, y continua a $ 140.
Pese a la insistencia sobre el blue, el precio ilegal del dólar, los costos para las empresas están al cambio oficial, al que pagan sus insumos importados. El dólar ilegal es para la especulación, y para que los formadores generen consenso sobre la devaluación que pretenden.
El ex ministro Prat Gay afirmaba poco antes de asumir, y sin ruborizarse, que los precios se formaban en el dólar ilegal, y no en el oficial. Así al asumir corrigió el tipo de cambio de $ 9.6 a $16, una devaluación del 67%, con lo que obviamente provoco una disparada inflacionaria. Con este ejemplo la realidad desmiente a quienes sostienen la importancia económica del blue.
Una importante “corrección cambiaria” forma parte del pliego de condiciones empresariales para cualquier acuerdo, como lo que propone el gobierno. Por ejemplo, Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go, y mencionada como candidata a viceministra de economía, como segunda de Massa, declaro: “los intentos de postergar la decisión de devaluar son cada vez más costosos”.
El control de la presión devaluatoria llevó a dejar de utilizar la emisión para financiar al Estado, con la intención de limitar los fondos de los devaluacionistas, pero sin financiamiento se debe reducir el gasto. Además, hubo un significativo aumento de la tasa de interés, con el mismo objetivo: que los especuladores no se vayan al dólar.
Tanto el tarifazo y como la revisión de los programas sociales tienen por objetivo la reducción del gasto público, eso que llamamos ajuste. En consecuencia, para evitar el pase al dólar; pero el costo social será enfriar la economía.
Los indicadores de actividad económica aun permiten ser optimistas, pero, como dejó en claro la curva de Phillips hace ya más de medio siglo, existe una relación inversa entre desempleo e inflación, así se sabe que las políticas antinflacionarias se enfrentan al costo de la caída en la actividad económica.
A modo de conclusión
Mientras trabajadores formales y de la economía popular se manifestaban contra “los formadores de precios”, el Gobierno nacional lanzó una convocatoria a compañías de consumo masivo para la próxima semana.
Ya la semana pasada, en una inauguración en el conurbano bonaerense, el Presidente llamó a empresarios y sindicalistas a lograr un acuerdo de precios y salarios. El día de su asunción como ministro, Sergio Massa anticipó una convocatoria a la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina para establecer un método de compensación para los sueldos.
Esta semana el gobierno convocó a las grandes empresas de alimentos, a las que producen harinas y sus derivados, y a las compañías de artículos de limpieza y perfumería, o sea las monopólicas, para llegar a un acuerdo de precios. Para marcar la importancia de la convocatoria se anuncia la presencia del ministro de economía y del presidente del BCRA.
El gobierno pretende controlar los precios mediante acuerdos, aunque para un matrimonio hacen falta dos. Los empresarios argentinos son convencidos defensores la “libertad de mercado”, casi como el ultraderechista Milei, y por tanto se han opuesto sistemáticamente a toda medida que los limite en su maximización de la ganancia. No será fácil imponerles restricciones a sus remarcaciones.
Esperamos que en este caso el gobierno muestre una firmeza que no le vimos ni con el campo ante el aumento del trigo, ni ante el vaciamiento de Vicentin, ni tampoco en aplicar las leyes vigentes para sostener el normal abastecimiento.
El camino de la negociación para controlar a de los empresarios requiere de una actitud firme, de la aplicación de las herramientas con que el Estado cuenta. Esta es la oportunidad para el gobierno de hacer lo correcto, de controlar a los monopolios formadores de precios, de hacer aquello para lo que lo votamos. Después de los problemas descritos la credibilidad ya está en juego.
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
Notas
[1] Para ese periodo se utiliza el Índice de Precios Implícitos, deflactor del PIB, dada la controversia respecto de la calidad del IPC en ese periodo.
[2] La renta terrateniente, ese beneficio que obtienen sobre la tierra más productiva del planeta, es algo que debiera ser puesto en discusión, en igualdad con las renta petrolera y minera.
