21 de noviembre de 2024
04:28hs.
Sindicalización policial y vacío de Poder Político
Mal que me pese debo coincidir con Rosenkrantz – Lorenzetti – Highton en el sentido que a los trabajadores policiales no les alcanza el Derecho de Sindicalización. El 11 de abril de 2017 en el expediente caratulado “Sindicato Policial BuenosAires c/ Ministerio de Trabajos / Ley de Asociaciones Sindicales”, con el voto mayoritario de los ministros mencionados la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó definitivamente la posibilidad de sindicalización de la policía.
A grandes rasgos diremos que no existen derechos absolutos; que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (CN) no es una norma operativa, sino programática, es decir, no es autoaplicable y necesita de otras normas complementarias dictadas por los otros Poderes constituidos para su implementación práctica, y que esas leyes complementarias impiden la actividad gremial de la policía. Esa Ley complementaria en el orden nacional es la 21.965 que en el artículo 9, inciso f) prohíbe expresamente la actividad gremial de la Policía Federal y la Ley 13.982 también prohíbe la actividad sindical de los cuerpos armados dependientes de la Provincia de Buenos Aires; que los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Leyes 23.328 y 25.344 respectivamente, dejaban librado a las legislaciones locales la permisividad de la sindicalización de las fuerzas policiales confirmando los principios de los Convenios 87 y 98 de la OIT, todos pactos internacionales firmados por Argentina y que no obstaculizan el funcionamiento de paritarias; que según el diario de sesiones de la Convención General Constituyente reformadora de la Constitución en 1957 al incorporar el artículo 14 bis excluyó a las fuerzas de seguridad de los derechos de sindicalización.
De esta manera se resuelven las dudas legales que pudieran existir con relación a la posibilidad de los derechos de sindicalización de la policía.
Ahora bien. Desde el punto de vista político, a la luz de las manifestaciones alrededor de la residencia presidencial, ¿es posible o conveniente rediscutir el tema y modificar la legislación vigente?.
Las conclusiones que me deja el análisis de los acontecimientos mencionados es que sería un error político gravísimo otorgar derechos gremiales a cualquier cuerpo armado.
En primer lugar, contrariamente a lo que opinan algunos funcionarios gubernamentales, diremos que aquí no hubo ninguna ruptura de la cadena de mando. Puede ser que el comisariato y los mandos medios digan que no sabían nada y formalmente se justificaría que hubo ruptura de la cadena de mando. Si el Gobierno se cree lo que dice la superioridad de la policía estaría cometiendo un error muy grosero. La jefatura sabía perfectamente lo que se estaba gestando y lo toleró y alentó con el silencio. ¿Qué comisario ordenó a sus inferiores regresar a sus tareas y deponer la concentración y el bloqueo de la residencia presidencial?. Ninguno.
En segundo lugar, el presidente no resolvió la crisis. No resolvió nada. Simplemente se allanó estrictamente a las peticiones de los delincuentes. Reitero, delincuentes. Ninguna persona que trabaja para un cuerpo armado puede utilizar los elementos proporcionados por el propio Estado para organizar sus manifestaciones. Realizaron abandono de tareas, violaron las leyes de distanciamiento establecidas en el marco de la pandemia, y cometieron otros tantos delitos.
El presidente salió a cumplir con las peticiones de los policías para dejarlos sin argumentos, sin apoyo y para que se les caiga el intento de desestabilización institucional. Se “resolvió” el problema del bloqueo a la residencia presidencial otorgándoles inmediatamente lo que querían. Así, cualquiera. No estamos planteando que la solución era reprimir y no atender sus demandas. La solución era sancionar administrativa y penalmente, ordenar la inmediata deposición de la manifestación y luego negociar el problema de sus demandas.
Que ganan poco, es cierto. Todos los trabajadores ganamos poco. Me pregunto qué les sucedería a los docentes mendocinos si rodearan armados la residencia del Gobernador de Mendoza. Me pregunto qué les sucedería a los médicos y enfermeros si hicieran abandono de los enfermos y ocuparan las ambulancias del Estado para rodear la casa del Gobernador.
Con la impotencia del presidente de la Nación y las instituciones democráticas para manejar la crisis, con el vacío de poder evidenciado y con el creciente poder de los cuerpos armados, resulta extremadamente peligroso, además, otorgarle derecho de agremiación a las fuerzas de seguridad.
Me asusta que algunos funcionarios gubernamentales crean en la democratización de los cuerpos armados si les otorgan derechos de agremiación. ¿Qué piensan, que los policías van adquirir conciencia de clase trabajadora porque se les otorgue derecho de agremiación, que algún policía cambiará la opinión que tiene sobre Zaffaroni al saber que este digno magistrado está de acuerdo en que ellos tengan derechos de agremiación?. Preguntémonos cuánto se ha invertido ya en cursos de derecho para los policías, cuánto se ha gastado en cursos para el respeto de los derechos de las minorías, cuánto se ha gastado en cursos de derecho constitucional, y siguen utilizando encapuchados infiltrados en las manifestaciones para poder reprimir. Evidentemente estos cursos deben continuar, no hay que suspenderlos ni abandonarlos. Es lo que hay. Pero está claro que el gatillo fácil, la mano dura y los excesos policiales no van ceder con estos cursitos marca pindonga y cuchuflito.
Los cuerpos de seguridad son el brazo armado de la clase dominante. Si los gobiernos populares no quieren entender esto seguirán siendo impotentes para la resolución de los conflictos institucionales con las fuerzas de seguridad y continuarán siendo víctimas de operaciones de desestabilización.
Dejamos a salvo a los policías que son leales a la función pública y a su vocación de servicio. No es para ellos esta crítica. También sabemos que deben ganar dignamente y deben solicitar incrementos salariales y mejoramiento de las condiciones de trabajo en el marco legal que tienen autorizado por ley, exactamente igual que el resto de los trabajadores.
Cerramos con la esperanza de que el Poder Político comience a dar señales claras de que sus actitudes de tolerancia no son vacío de poder.
Osvaldo Vega
MAT. Provincial Mendoza 10.620
MAT. Fral. Tº 132, Fº 438
