Nueva Ley de Educación, viejas propuestas
La educación en nuestra provincia necesita más recursos económicos que transformaciones legales. Por eso rechazamos el Proyecto de Ley de Educación impulsado por el Poder Ejecutivo y la coalición gobernante UCR – PD – PRO.
Sabemos que la actual Ley de Educación 6970 requiere modificaciones y propiciamos un intercambio profundo de ideas que aborde integralmente todos los aspectos del funcionamiento educativo. Pero este proceso de discusión debe ser canalizado a través de jornadas específicas dentro del ámbito institucional, con la participación de todos los docentes, directivos, y un cupo de representantes estudiantiles democráticamente seleccionados por sus organizaciones naturales como los Centros de Estudiantes y los cuerpos de delegados.
Esos debates deberían estar estructurados con temarios específicos que incluyan el análisis del estado actual de la educación a efectos de conocer la realidad, el estudio de las causas sociales, económicas, políticas e institucionales que han posibilitado el deterioro progresivo de la educación, la determinación de las responsabilidades políticas de las gestiones administrativas y el gobierno educativo, etcétera. Y sobre esta base, elaborar propuestas y despachos desde todos los centros educacionales de la provincia y elevarlos a una Comisión Redactora de un nuevo Proyecto de Ley Educativa integrado por representantes de la Dirección General de Escuelas (DGE), el Gremio Docente y Delegados regionales de docentes y estudiantes, con funcionamiento público, igualitario y democrático.
Este proceso de discusión no puede suplirse por “congresos” de notables super elitistas elegidos por el gobierno escolar y el Poder Ejecutivo. Sabemos que en estos congresos participan “especialistas” que no conocen lo que significa desarrollar la labor educativa con estudiantes que trabajan, que deben ejercer el rol de esposos, de esposas, alimentar hijos, que no tienen datos móviles, que no tienen conectividad ni tecnología, que no tienen impresora, que no tienen tinta, que no tienen papel. En este caso hablo en mi calidad de docente y enumero parte de las situaciones que padecemos quienes nos ponemos frente a los alumnos.
Propiciamos la discusión genuina de un Proyecto de Ley Educativa que garantice la participación de todos los claustros educativos. El actual Proyecto es elaboración de un reducido grupo de tecnócratas ajeno a las aulas, desconocedor de los problemas educativos y elitista, que no ha garantizado el menor debate de ideas y que ha priorizado los intereses políticos de una gestión de gobierno. Esto sólo propone más arbitrariedad, más poder para el gobierno escolar, eludir las responsabilidades del Poder Político y transferir la solución de los problemas de la educación a los docentes y estudiantes; todas, razones más que suficientes para rechazar la propuesta del Ejecutivo.
Habíamos analizado en otras oportunidades cómo incidía el neoliberalismo en el servicio de Justicia. Acá vemos cómo incide en la Educación Popular. Más achicamiento del Estado, más reducción del déficit fiscal, más precarización del trabajo, menos participación de estudiantes y docentes, menos escuelas, menos recursos, y así tenemos al neoliberalismo con las recetas de Martínez de Hoz, Menem, Caballo, De la Rúa, Cornejo, Suárez. Son las mismas ideas y propuestas de hace más de medio siglo. Nada nuevo podemos esperar de los fósiles mercantilistas.
Es necesario un proceso de discusión democrático de toda la Comunidad Educativa para la elaboración y seguimiento de un Proyecto Educacional Democrático al servicio de los intereses de la Comunidad, la Provincia, la Nación y la Región Latinoamericana.
Osvaldo Vega
Abogado
MAT. Provincial Mendoza 10.620
MAT. Fral. Tº 132, Fº 438